Aníbal Fernández tomó distancia de la decisión del Presidente de enviar al Ejército a Rosario

En un clima tenso, la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados recibió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien fue citado a dar explicaciones por la ola de homicidios a manos del narcotráfico que azota a Rosario. Sugestivamente, el funcionario marcó distancia de la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar efectivos de las Fuerzas Armadas en los barrios populares de la ciudad que está jaqueada por el flagelo del narcotráfico." class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">enviar efectivos de las Fuerzas Armadas en los barrios populares de la ciudad que está jaqueada por el flagelo del narcotráfico.

“Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario”, cuestionó el diputado Ricardo López Murphy, de Juntos por el Cambio (JxC). El ministro Fernández, lejos de contradecirlo, enfatizó que él no formó parte de la decisión. “Yo no formé parte de ese tema. Y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa”, respondió.

El Presidente había anunciado anteayer que enviaría una dotación del Ejército para colaborar en la construcción de barrios. “He decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”, anticipó Fernández, decisión que desató una controversia interna en el Frente de Todos.

El ministro arrancó su exposición, como era previsible, con un balance positivo de su gestión y exaltó que en 2022 la tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes a nivel nacional bajó a 4.3. “Es una tasa europea”, enfatizó, para luego abundar, con cifras y datos, la cantidad de procedimientos realizados por su cartera.

Impacientes, los opositores lanzaron una catarata de cuestionamientos por el avance narco en Santa Fe, la falta de control en las cárceles -desde donde se ordena la mayoría de los crímenes narco- y la renuencia del oficialismo de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, que permitiría agilizar las investigaciones en los tribunales y los juicios criminales.

“No pueden seguir pasándose celulares desde las cárceles federales y organizando balaceras. No podemos no tener un servicio de inteligencia criminal dentro del servicio penitenciario, o seguir demorando la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales”, advirtió el oficialista Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador santafecino Omar Perotti en la Cámara baja.

Desde el socialismo, Enrique Estévez y Mónica Fein -esta última ex intendenta de Rosario- reclamaron la urgente puesta en marcha de un plan integrado de seguridad, hoy ausente en la provincia. El ministro deslizó que desde su cartera se impartirán acciones y medidas, pero evitó detallarlas.

“No puedo contar los pormenores de lo que estamos haciendo en inteligencia criminal”, se defendió, aunque aprovechó el escenario para anunciar acciones para contrarrestar el narcotráfico en Buenos Aires: indicó que pronto se pondrá en marcha un comando unificado de fuerzas federales en el conurbano, con bases operativas en La Matanza, Tigre, Pilar, Avellaneda y La Plata.

“Aun no está en funcionamiento pero esto es inminente. En la semana va a estar listo. Son cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, de donde vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo”, sostuvo el ministro Fernández en la Cámara baja.

El diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro, salió al cruce del ministro. “Los que han desarmado esas unidades y se llevaron los gendarmes son ustedes, señor ministro. En La Matanza estaba frente al barrio Puerta de Hierro. Van a empezar algo que desinstalaron ustedes desde 10 de diciembre de 2019. Empezaron con los municipios que no son oficialistas”, retrucó el legislador, quien le reprochó que en territorio bonaerense faltan efectivos de seguridad federales.

Los opositores insistieron en remarcar la inacción del gobierno nacional en el avance del narcotráfico en la provincia. “Usted fue ministro en 16 de los últimos 20 años: fue jefe de Gabinete, fue ministro de Seguridad y de Justicia”, le espetó el diputado de Pro Federico Angelini. “Usted dijo que ganó el narcotráfico. Yo diría que usted le dejó ganar al narcotráfico”, acusó.

“Cuando yo dije que los “narcos habían ganado” lo hice con toda la mala leche del mundo, porque si no nadie presta atención. Cuando me dicen ‘¿y por qué no actuaste cuando fuiste ministro del Interior o de Justicia?’ Porque los gobernadores no te lo pedían. Y vos no te podes meter. A lo mejor en ese momento no se evaluaba que iba a tener esta dimensión”, enfatizó, tras lo cual se victimizó por las críticas.

“Es cierto que hace más de 20 años ejerzo cargos, es cierto que en ese tiempo me han insultado, me han dicho que asesiné tres personas, que trafiqué droga, no sé cuantas otras cosas pero todas ellas se llevaron a juicio oral y publico, nunca figuré en los expedientes y esas cosas se terminaron. Y llega un momento en que uno se cansa un poquito de tanta basura”, reprochó.

Los diputados santafesinos de la oposición le reprocharon al ministro la baja ejecución del presupuesto de seguridad que la Nación le asigna a Santa Fe. “Hay un récord de homicidios en Rosario en 2022 de 288 homicidios dolosos, y llevamos 66 homicidios en 68 días de 2023. En este contexto sorprenden los números de la ejecución del Presupuesto Nacional. Y cuando se mide per cápita aparecemos últimos. ¿A qué se debe esta arbitrariedad en la distribución de partidas?”, acicateó el diputado Juan Martín, de JxC.

El ministro refutó que Santa Fe sea la provincia más perjudicada en la ejecución de recursos nacionales para seguridad -”hay que quitar ese mito”, sostuvo- y enfatizó que, en materia de inversión, la provincia recibió 8875 millones de pesos en 2022, monto cuya mayor parte fue destinado a la ciudad de Rosario. Desconfiados, los diputados opositores pidieron precisiones: el sitio oficial del Ministerio de Economía detalla que, en materia de seguridad interior, Santa Fe recibió el año pasado $6600 millones; medido per cápita es el más bajo de todo el país, con $1857 por habitante.

Ante las críticas de la oposición, Fernández no se privó de devolver las gentilezas y reclamó la pronta sanción de la ley de reforma de lavado de dinero, demorada hace meses en la Cámara de Diputados por la renuencia opositora de tratar las iniciativas del Gobierno.

“Esta la ley de lavado podría darnos una mano y sacar la ley de lavado de activos. Eso es una forma de colaborar porque la realidad es que cuando se impacta sobre los fondos es más fácil que sobre el producto, una vez que le sacas la plata el producto se termina”, sostuvo.

Por Laura Serra

• Aníbal Fernández

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