Ante una eventual paralización del Consejo de la Magistratura, crecen las dudas y el Gobierno acelera la designación de jueces

El posible cierre del Consejo de la Magistratura el 15 de abril, si es que no consigue adecuarse antes al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional su integración actual de 13 miembros, precipitó las conversaciones entre el oficialismo y algunos consejeros del estamento de los jueces, abogados y legisladores para designar a tres jueces federales en Comodoro Py 2002.

“Si se paraliza el Consejo y los mandatos de todos los consejeros concluyen el 15 de abril, entonces trataremos de hacer algo antes”, dijo a LA NACION un consejero del oficialismo. Los concursos están avanzados y hace una semana la Comisión de Selección votó las ternas para cubrir los cargos que dejaron en sus juzgados el fallecido juez Claudio Bonadio, el jubilado Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres, que pasó a la Suprema Corte Bonaerense.

“Hay chances, hay que negociarlo, no estamos a años luz. Estoy confiado. Si no, todos los trámite pasan a 2024″, dijo un influyente consejero oficialista a LA NACION.

La Comisión de Selección también avanzó con los concursos para los cargos que actualmente ocupan los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Pero las posiciones no están cerradas. No ocurre lo mismo con respecto a los tres juzgados federales. En el juzgado N°12, que era el de Torres, el oficialismo propone a Diego Fernando Arce, Leonel Gómez Barbella y Julio Cesar Di Giorgio en la terna principal, y a María Josefina Minatta, Maximiliano Iturburu, Viviana Sánchez Rodríguez y María Miranda Gaeta en la terna complementaria. Pablo Tonelli, consejero de la oposición, quedó en minoría con sus ternas, donde hay nombres en común con las ternas oficialistas. Juan Manuel Culotta, por los jueces, se abstuvo.

Para los juzgados 6 y 11, que eran de Canicoba Corral y Bonadio, el oficialismo votó en la primera terna a Gonzalo Rúa, Pablo Cesar Cina, Maribel Castelnuovo, y en la segunda a Albertina Caron, Matías Landino, Raúl Alejandro Roust. En las complementarias a Pablo Flores, Federico Gasipi, Javier Álvarez, Leandro D’Asenzo, Carlos Onetto y Santiago Sursuolo Suárez.

El juez Culotta hizo propio el pedido de Diego Marías, consejero de Pro cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Y allí sus ternas se componen por Rúa, Ladino, Castelnuovo (un solo nombre difiere con la oficial) y Caron, Gasipi y Roust, con nombres en común con la oficial.

En la Comisión el oficialismo aprobó a sus candidatos sin problemas, pero en el plenario necesita reunir dos tercios de los votos de los 13 consejeros. Hoy tiene 7 pero necesita 9. Y los consejeros oficialistas apuestan a conseguirlos en los próximos dos meses y medio, antes del 15 de abril.

Gerónimo Ustarroz está muy activo hablando con todos los consejeros, con la idea de destrabar este concurso, dado que falta poco para acercar posiciones. El juez Culotta es permeable a escuchar, en la medida en que los candidatos de su lista, Compromiso Judicial, tengan un lugar en la terna.

Los consejeros de Juntos por el Cambio, reunidos en una cumbre el año pasado con Mauricio Macri presente, se juraron no votar ninguna otra terna propuesta por el oficialismo. Pero no se cumplió a rajatabla y algunos consejeros apoyaron propuestas del Gobierno.

Según fuentes del oficialismo, la lógica oficialista para convencer a los opositores es la siguiente: a) los concursos salen antes del 15 de abril o no salen hasta 2024, porque el próximo es un año electoral; b) el oficialismo tiene buen diálogo con todos los sectores y necesita pocos votos; 3) cada estamento tiene intereses diferentes: no es lo mismo la senadora Silvia Giacoppo, que responde al gobernador jujeño Gerardo Morales, que Pablo Tonelli, de Pro; Carlos Matterson, ligado a Daniel Angelicci; Diego Marías, cercano a Rodríguez Larreta; o el juez Ricardo Recondo, de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados. Si nadie se aviene a conversar, amenazan en el oficialismo, siempre pueden completar las ternas con integrantes de la lista Celeste, cercana al Gobierno, o de Compromiso Judicial.

Dos referentes del bloque de Juntos por el Cambio afirmaron a LA NACION que está firme el compromiso de no votar con el oficialismo y que no van a apoyar ninguna negociación. “Una cosa es la comisión y otra el plenario. No hay posibilidad de que se voten la ternas en un plenario”, prometió un opositor. Otro colega suyo no fue tan certero: “Si nos atenemos a lo conversado, no debería votarse nada. Pero no sé”.

Un Consejo cerrado

La idea que impulsa estas negociaciones es el abismo que se abre ante las dificultades para que siga funcionando el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema dijo que la actual integración de 13 miembros es inconstitucional y le dio plazo hasta el 15 de abril para volver a los 20 miembros, con el presidente de la Corte como presidente del Consejo; salvo que antes se apruebe una nueva ley en el Congreso. Si para el 15 de abril nada de eso ocurrió, todas las decisiones del Consejo serán nulas, dijo la Corte.

En el Congreso el panorama es oscuro. Hay proyectos de ley oficialistas y opositores. La principal diferencia es que Juntos por el Cambio pretende que el presidente del Consejo sea el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y el oficialismo lo rechaza terminantemente. Son dos organismos diferentes, la Corte y el consejo, señalan. Una alternativa intermedia es permitir que un juez de la Corte presida el Consejo: eso conformaría a Juntos por el Cambio y tal vez a un sector oficialista. Las negociaciones están empantanadas.

El otro camino para adecuarse al fallo de la Corte es que el Consejo de la Magistratura elija a sus integrantes para llegar a 19, más el presidente de la Corte, ante del 15 de abril. Es casi imposible. Deben elegirse dos abogadas, una jueza, un representante de los académicos y representantes por la segunda minoría en el Senado y en Diputados. Los jueces votarán en la primera semana de abril, los académicos también, pero los abogados no se ponen de acuerdo y los diputados y senadores, menos.

Peleas de abogados y legisladores

La pelea entre los abogados es de tal magnitud que todo trámite corre el riesgo de quedar trabado y judicializado. Para elegir a los abogados debería haber dos elecciones simultáneas: una en la ciudad de Buenos Aires, organizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y otra en el interior, a cargo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Deben armar el padrón, ponerse de acuerdo con la fecha y que en las provincias se habilite la votación. Pero no se pusieron de acuerdo.

El Colegio Público ya pidió anular la fecha del 5 de abril que puso la FACA. Y, a su vez, la FACA fue acusada de no dar tiempo a incorporar a los abogados del interior en el padrón federal. Todo está listo para que cualquiera judicialice el asunto y un amparo lo trabe indefinidamente.

El otro problema es la interpretación de quién es la segunda minoría en el Congreso para enviar un diputado y un senador. Si es la segunda minoría de ahora o del momento en que fueron elegidos los consejeros. En Diputados será complejo y en el Senado dependerá de la palabra de Cristina Kirchner.

Si no hay acuerdo, el Consejo se paralizará el 15 de abril. La duda entre los consejeros es qué significa esto en la práctica, pues el órgano que elige y controla a los jueces es también quien paga los sueldos del Poder Judicial. Por lo pronto hay consenso entre los consejeros que si se paraliza el Consejo no se elegirán nuevos jueces y no habrá concursos, pero tampoco habrá sanciones, ni suspensiones, ni juicios políticos. Un paraíso para algunos.

Un consejero cercano al Gobierno y otro a Juntos por el Cambio coincidieron: “Cuando esté cerca la fecha, si definitivamente no se pudo destrabar el problema, nos sentaremos con la Corte para analizar cómo seguimos. No se pueden dejar de pagar los sueldos o los certificados de obras, comprar tonner, papel”. Otro consejero, cercano al oficialismo, dijo: “Vamos a una continuidad administrativa”.

Pero nadie tiene idea a ciencia cierta de cómo va a terminar esta crisis, que no encuentra salida en el Congreso, donde a los consejeros, abogados y jueces le gustaría que se resuelva.

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