Aprobaron un proyecto contra el terrorismo

Pese a que los números fueron tan contundentes como en el resto de las votaciones de la maratón legislativa iniciada anteayer, el proyecto de ley para combatir el terrorismo fue el más difícil de aprobar para el oficialismo en la Cámara de Diputados. No sólo por el rechazo sin matices de todos los bloques de la oposición, sino porque recogió además la condena de organismos de derechos humanos, algunos cercanos al Gobierno, que sostuvieron que la iniciativa abre la puerta a la criminalización de la protesta social.

En el mismo debate, aunque con el respaldo de varios bloques de la oposición, el oficialismo también logró dar media sanción a la creación de nuevos tipos penales para el castigo de delitos bursátiles y económicos. Acto seguido, se aprestaba a aprobar una iniciativa de reforma de la ley penal tributaria, que apunta a agilizar el trabajo de los juzgados.

El proyecto de ley antiterrorista -que obtuvo 134 votos a favor, 90 en contra y dos abstenciones- es una respuesta de la Casa Rosada a observaciones sobre la actual legislación argentina hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Mientras que hoy sólo están penados de manera específica los actos de organizaciones terroristas de alcance internacional, la iniciativa oficial propone incorporar un nuevo agravante para todos los delitos del Código Penal por el que se duplica la pena de cualquier delito que sea cometido con la finalidad de "aterrorizar" a la población o para "obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo". Se aclara que la agravante no es aplicable a ninguna acción que esté basada en el ejercicio de derechos constitucionales, sociales o humanos.

"Con esta ley se intentan cumplir parámetros internacionales en materia de lucha contra el terrorismo. Y nos hemos preocupado de que no pueda ser usada para castigar a los que peticionan ante las autoridades", dijo, en la apertura del debate, el kirchnerista Oscar Albrieu, presidente de la Comisión de Legislación Penal.

Uno tras otro, los diputados de la oposición que intervinieron en el debate, advirtieron que, al margen de las intenciones del oficialismo, la amplitud e imprecisión de la norma podría posibilitar el encarcelamiento de protagonistas de protestas sociales. Lo mismo había sostenido un grupo de organizaciones entre las que está el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Por la sanción de leyes como la que se quiere aprobar hoy, en Chile se encerró a dirigentes mapuches que reclamaban por sus tierras", alertó el diputado radical Manuel Garrido.

El diputado del Frente Peronista Gustavo Ferrari aclaró que no pensaba que el Gobierno intentara castigar la protesta social, pero sostuvo que, para evitarlo, era preferible condenar el terrorismo por medio de un tipo penal específico en el que se definiera más claramente qué era un acto terrorista. Según Victoria Donda (Frente Amplio Progresista), "para las organizaciones sociales que luchan por sus derechos es una ley de terror, no una ley antiterrorista".

El debate lo cerró el presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi. "Venimos a proponer este proyecto con la legitimidad que nos da no haber reprimido ni haber criminalizado la protesta social durante ocho años", sostuvo.

Los proyectos

• Ley antiterrorista incorpora un nuevo agravante para todos los delitos del Código Penal por el que se duplica la pena de cualquier delito que sea cometido con la finalidad de "aterrorizar" a la población, o para "obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

• Lavado Se pena el uso indebido de información privilegiada de las empresas que cotizan en Bolsa, la manipulación de valores negociables, la captación no autorizada de ahorros públicos y el cohecho financiero.

• Código Penal Tributario Se actualizan los montos para los casos de evasión.