ARA San Juan: se reanuda el juicio con el foco en determinar el estado del submarino a la hora de zarpar
El debate oral se retomará este lunes; especialistas expondrán detalles sobre los procedimientos técnicos que recibió la nave de la Armada Argentina antes del 25 de octubre de 2017
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
EL CALAFATE.− El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, retoma el lunes su desarrollo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos. En las audiencias de esta semana, el debate pondrá el foco en el Proyecto Submarino, el área material que se ocupó a las reparaciones del submarino, con el objetivo de precisar cómo salió la nave de su reparación de media vida.
Por esta razón, está previsto que por lo menos una veintena de testigos declaren esta semana en Río Gallegos. Habrá expertos técnicos que darán detalles de cómo el navío finalizó el Programa de Submarinos −conocido también por la sigla PYSU−, cómo ejecutó las tareas de mantenimiento y de qué manera partió hacia el que sería su último derrotero.
El Programa Submarinos es un área que se ocupa exclusivamente de todo lo atinente a reparaciones y media vida de los submarinos, por tal razón las declaraciones de los técnicos con los detalles será clave para entender qué se hizo −y qué no− en esa intervención, según explicaron fuentes con acceso a la causa a LA NACION.
La causa juzga la responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.
Los imputados enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.
La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que el submarino zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en condiciones deficientes. Según el requerimiento de elevación a juicio, la unidad excedió en 26 meses el intervalo reglamentario para las tareas de mantenimiento en dique seco.
Además, la fiscalía argumenta que la nave presentó diversos desperfectos documentados tras su reparación de media vida en 2015, los cuales persistieron hasta la última patrulla.
De acuerdo con la acusación fiscal, los jefes navales permitieron la participación de la unidad en operaciones de vigilancia pese a conocer las limitaciones técnicas y la ausencia de pruebas de mar fundamentales. Estas deficiencias, según los peritos de la fiscalía, elevaron el riesgo y derivaron en el ingreso de agua al sistema de baterías y la posterior implosión del submarino.
En el marco del proceso, tanto López Mazzeo como Villamide negaron los cargos que se les imputan ante el tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini.
Durante las declaraciones indagatorias brindadas a lo largo de la primera semana del juicio, López Mazzeo, extitular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), afirmó haber sido acusado sin pruebas concluyentes, objetando la base de las imputaciones en su contra, en tanto que se refirió a la orden de cesar la búsqueda del submarino como “la decisión más difícil de mi vida”.
En esa misma línea, Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos de la Armada, también se declaró inocente ante el tribunal, “los cargos que se me hacen son injustos, son falsos, soy inocente”, aseguró. Negó falencias en el estado operativo de la nave y afirmó que las decisiones adoptadas por la conducción de la Armada antes de la última misión fueron las adecuadas
Por su parte, durante su testimonio ante el tribunal, Hugo Correa rechazó las acusaciones que le atribuyen haber impuesto tareas excesivas al submarino y aseguró que no integraba la línea de comando. En esa misma línea declaró el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) Héctor Alonso, quien aseguró que el submarino se encontraba habilitado para zarpar al momento de iniciar su última misión y que no integraba la línea de mando.
Controversia
En paralelo a las declaraciones, el proceso judicial enfrenta una controversia interna sobre la representación fiscal. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal por la resolución del tribunal que limita la participación a solo dos de los cuatro fiscales designados originalmente por Eduardo Casal.
De esta manera, el grupo de fiscales recurrió la resolución del 27 de febrero de 2026 del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el MPF sobre la resolución del 23 de diciembre de 2025. Allí, el tribunal había decidido −bajo el amparo del principio de igualdad de las partes e igualdad de armas− que en el debate debían actuar solamente los fiscales federal Gastón Franco Pruzan, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y Lucas Colla, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia.
Contra esto, el MPF solicitó en su escrito que se deje sin efecto la impugnación de los otros dos fiscales federales −Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)−, que los imposibilita de participar de las audiencias.
Además, se opusieron ante la imposibilidad que estableció el tribunal al respecto de que el fiscal que no participe en una audiencia “se encuentra vedado de alegar”, cuestionaron el avasallamiento hacia un órgano constitucional que posee autonomía funcional y marcaron que se trata de una violación del artículo 120 de la Constitución Nacional
Para declarar inadmisible el recurso, el tribunal había considerado que la decisión no era una sentencia definitiva ni genera un gravamen irreparable. Contra eso, los fiscales sostuvieron en la queja que la decisión era arbitraria ya que “afecta críticamente la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que implica ejercer sus funciones, sin sujeción a instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura”.
El recurso fue mantenido por el fiscal ante la Casación Penal Mario Villar y ahora se espera lo que decida la Cámara de Apelaciones. Para los fiscales el tribunal incurrió en un exceso de jurisdicción, arrogándose facultades e interfiriendo en la autonomía del MPF, “provocando una afectación y limitación al desarrollo de sus funciones protegidas por el artículo 120 de la Constitución Nacional y, asimismo, han resuelto con inobservancia de la normativa del CPPN en sus arts. 123, 67 y 167”.
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