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Archivan una denuncia contra el juez Rosenkrantz y el expresidente Mauricio Macri
Los acusaban de favorecer a Elena Highton para permitir que la jueza jubilada pudiera continuar mas allá de sus 75 años en el cargo; el juez Lijo y el fiscal Stornelli dijeron que no hubo ningún delito
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Ariel Lijo archivó hoy una causa contra el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz que había sido denunciado como parte de un plan acordado con el gobierno de Mauricio Macri para favorecer a quien fuera su colega, Elena Highton, de modo de permitirle seguir en su cargo de magistrada luego de cumplir los 75 años.
Tras las averiguaciones realizadas por el fiscal Carlos Stornelli, que entendió que no había existido ningún delito, el juez Lijo coincidió en ese punto de vista y dijo que de la prueba producida no surge ninguna conducta ilícita, por lo que archivó la causa.
La denuncia había sido presentada el 17 de junio por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (“Asociación Civil Exigir”), y abarcaba a Rosenkrantz, a Highton, al exministro Germán Garavano y a Macri, para prorrogar la designación de la jueza mas allá de los 75 años, que es cuando según la Constitución, debía jubilarse o pedir un nuevo acuerdo al Senado.
Los denunciantes dijeron que Rosenkrantz demoró el dictado de un fallo sobre este asunto en el caso del juez Leopoldo Schifrin, y que en ese interín el Ministerio de Justicia a cargo de Garavano, desistió de apelar un fallo que le había permitido a Highton seguir en su cargo mas allá de los 75 años, de acuerdo con la jurisprudencia que estaba en vigor en el Corte en ese momento. El fallo Schifrin cambió esta jurisprudencia.
Pero Rosenkrantz se presentó en la causa y dijo que no retuvo el expediente y que los votos de los jueces estuvieron listos mucho mas tarde y que es después de todo el presidente de la Corte -que en ese momento era Ricardo Lorenzetti- el que lleva los casos al acuerdo. Los votos estaban listos el 28 de marzo de 2017, la causa entró el 1° de febrero al 7 de marzo de 2017. Rosenkrantz dijo que “la denuncia era una operación político-judicial”.
El fiscal Stornelli tras analizar la prueba dijo que la denuncia es una deducción, más que el conocimiento efectivo de un hecho ilícito y que el estado actual de la causa “no permitía corroborar los extremos denunciados e incluso se demostraron inexactitudes en el texto de la denuncia”. De hecho el Ministerio de Justicia informó que desistió en otros casos e incluso se había allanado a una demanda con anterioridad al caso denunciado.
El juez Lijo analizó las pruebas y los dichos del fiscal y expresó: “Considero que los argumentos brindados por la fiscalía son totalmente acertados en cuanto a que, del análisis de la prueba recibida, no surge elemento alguno que permita acreditar una conducta penal relevante en los hechos denunciados”.
“En conclusión, tal como fue sostenido por el Fiscal Federal, se llevó a cabo una investigación donde se dispusieron distintas medidas de pruebas, las cuales no arrojaron ninguna constancia concreta que permita acreditar los hechos denunciados. En esta línea, no se logró reunir elementos que demuestren de manera objetiva la utilización de información privilegiada ni la retención intencional del expediente en alguna dependencia”, escribió el juez Lijo.
Indicó que “ninguna de las medidas dispuestas arrojó elementos que acrediten algún hecho penalmente relevante en la tramitación de los expedientes”. Y asi, dispuso el archivo de la causa, pues “se han realizado una gran cantidad de medidas probatorias y de la prueba producida o surgen elementos concretos que acrediten alguna conducta ilícita” y “no resulta pertinente proseguir con esta investigación”.
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