Avanza el Consejo con un concurso judicial sospechado
Se cerró la auditoría que lo investigaba y ayer los consejeros entrevistaron a todos los postulantes
El Consejo de la Magistratura ya no investiga las sospechas de fraude en su concurso destinado a nombrar cuatro jueces del fuero federal porteño, el más sensible para el poder político. Dio por cerrada la auditoría que había ordenado para determinar si hubo trampas y avanza, con una celeridad pocas veces vista, con el proceso para cubrir las vacantes.
Ayer, entrevistó a los candidatos que quedaron mejor posicionados después del examen escrito; entre ellos, a los dos sospechados de haber tenido la prueba de antemano Luis Rodríguez, que es juez de instrucción, y Carlos Ferrari, asesor de uno de los miembros kirchneristas de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández. Todo indica que la semana próxima se presentará un proyecto de dictamen que podría incluir a ambos en la terna.
El oficialismo quiere nombrar a los nuevos jueces cuanto antes. "La intención es aprobar la terna en el último plenario, el 17 de diciembre", dijo a LA NACION la semana pasada una alta fuente del Gobierno. Parece que no llegarán. El reglamento prevé que, antes, una subcomisión (que en este caso integran el juez Luis Bunge Campos y el diputado Carlos Kunkel) presente un proyecto de dictamen, que se apruebe en comisión y que el plenario vuelva a entrevistar a los concursantes. "Seguramente terminaremos en febrero", dijo ayer un consejero oficialista.
En septiembre pasado, LA NACION hizo público que siete funcionarios de alto rango judicial le habían manifestado sus sospechas de fraude en este concurso. El temor es que pudo haber existido connivencia entre aspirantes y jurados. Tres de los cuatro jurados son jueces de Comodoro Py y buena parte de los postulantes trabaja en el edificio. Esa publicación de LA NACION fue la base de una causa que hoy investiga María Servini de Cubría.
Las sospechas sobre Rodríguez se deben a que doce días antes del examen desde su juzgado habían pedido copias de un fallo real en un caso similar al que resultó ser el de la prueba, según confirmó LA NACION en el juzgado en el que se tramitó la causa verdadera, el de Daniel Rafecas. Si bien no eran idénticos, ambos casos eran sobre un robo de monedas antiguas en el Banco Nación. Consultado por LA NACION, Rodríguez negó haber hecho el pedido. Sin embargo, Rafecas lo ratificó y una empleada del juzgado de Rodríguez declaró ante el Consejo -en la auditoría que se cerró por no haber demostrado irregularidades- que su jefe le había pedido que le consiguiera ese fallo. Según los consejeros, esto no es grave porque los casos tenían muchas diferencias.
En cuanto a Ferrari, las sospechas se deben a que su examen se destacó porque transcribió párrafos enteros de sentencias de la Corte y citó 43 fallos, 11 de la Corte estadounidense.
Ayer, ambos respondieron las preguntas de los consejeros con soltura. A ninguno se lo consultó sobre las acusaciones en su contra. Sólo hubo una pregunta genérica, de Diana Conti, a todos los aspirantes: "El concurso está cuestionado, ¿a usted le consta alguna irregularidad?" Ninguno con posibilidades dijo que sí. Primeros están Marcelo Martínez de Giorgi, Ferrari, Juan Pablo Salas, Marcelo Goldberg, Rodríguez, Domingo Montanaro (que presentó un amparo contra el concurso), Sebastián Ramos y Sebastián Casanello.
La reunión duró seis horas y se entrevistó a 14 postulantes, que contestaron sobre temas de derecho penal. Estaban el representante del Poder Ejecutivo, Héctor Masquelet; el abogado Santiago Montaña, Conti y Bunge. No asistieron los radicales.
Bunge les adelantó que las entrevistas serían "una conversación de colegas" y todo transcurrió en un clima de cordialidad. El momento de mayor tensión lo protagonizó Octavio Aráoz de Lamadrid, que subroga uno de los juzgados vacante. Supo tener buena relación con el oficialismo, pero ya no la tiene. "Debido a la presión que vengo recibiendo desde que tengo la causa de Clarín renuncio al concurso", anunció.
Aráoz instruye el caso del presunto hostigamiento de Guillermo Moreno a Papel Prensa y designó un veedor a pedido de la empresa. Fue ayer, al mismo tiempo que el Consejo lo citaba por "mal desempeño" para el 30 de este mes. Luego de esa citación, Aráoz podría ser desplazado. Aunque este proceso en su contra también avanza con inusual celeridad, todo indica que tampoco se terminará este año.