Avión presidencial: nuevas pruebas aumentan las sospechas de direccionamiento en la licitación del mantenimiento

Las sospechosas licitaciones fallidas para el mantenimiento del avión presidencial que adquirió la gestión de Alberto Fernández, que derivaron en su inmovilización, y que obligan hoy al Gobierno a alquilar aviones privados a pesar de haber desembolsado 25 millones de dólares en su compra hace poco más de un año, acumulan nuevos elementos para la polémica.

Tal como lo informó La Nación el 26 de julio, la saga de esta historia de desidia e irregularidades tiene como protagonistas a un exfuncionario de la gestión anterior y una funcionaria heredada de esa gestión, que continúa todavía en funciones, a pesar de tener ya dos denuncias penales por negociaciones incompatibles con su cargo al frente de la Dirección General de Logística. Se trata del organismo que se ocupa del manejo de la flota aérea presidencial, bajo la órbita de la Secretaría General, al mando de Karina Milei y está bajo la responsabilidad de Florencia Gastaldi. El otro personaje principal de esta trama es el exdirector de esa cartera Juan Pablo Pinto, expiloto presidencial de Alberto Fernández, que dejó ese cargo en noviembre pasado pero que mantiene todavía su contacto con Gastaldi y su influencia en esta operación, que les está valiendo por estas horas una nueva denuncia en la Justicia.

Desde que en mayo de 2023 se adquirió el ARG-01 (en reemplazo del obsoleto Tango 01) se sabía que un año después, en junio de 2024, vencían sus permisos de vuelo a menos que se realizara la inspección de mantenimiento obligatoria, conocida como “1C-Check”, en donde se revisan 500 ítems de la aeronave y se deciden arreglos y qué autopartes deben reemplazarse para garantizar su seguridad.

Sin dicho permiso, según las normas internacionales que regulan la aeronavegación, el avión está impedido de aterrizar en cualquier aeropuerto del mundo. Sin embargo, a pesar de los plazos apremiantes, Gastaldi dejó pasar el tiempo y recién llamó a licitación el 1 de diciembre de 2023, faltando sólo 10 días para el cambio de gobierno, y dándoles a las empresas interesadas en la contienda nada más que 96 horas para preparar una cotización, que -según fuentes del sector- lleva como mínimo un mes preparar. El service le costaría a las arcas públicas no menos de 2.500.000 dólares.

LA NACION accedió a los expedientes que abrieron el proceso licitatorio, que por el poco plazo otorgado a las empresas para la presentación de las ofertas, levantó en el sector sospechas de un posible intento de “direccionamiento de la licitación”. También llamó la atención que se había convocado a varias empresas del mercado, incluyendo muchas que ni siquiera tienen relación con este tipo de servicio. Otro dato llamativo es que no se encontró la publicación de la licitación en el portal ComprAR, de la Oficina Nacional de Contrataciones, tal como obliga la legislación vigente.

De hecho, frente al alboroto periodístico que la extraña convocatoria generó en diciembre de 2023, Gastaldi se vio obligada a prorrogar la fecha de presentación de las ofertas en sucesivas oportunidades. El 10 de enero de este año, según surge del expediente en el sistema de Gestión de la Documentación Electrónica (conocido como GDE) que utiliza la administración pública, Gastaldi dio por fracasado el proceso.

El 14 de marzo de este año se volvió a enviar una nueva convocatoria a las empresas interesadas, esta vez con un plazo más acorde para la presentación de las ofertas: 27 de mayo de 2024.

Cuatro empresas presentaron ofertas: Alpha Aviation Group LLC fue la primera, por un valor de USD 916.797. Dos días después hicieron lo propio Servicios Aeronáuticos Quintana, por USD 519.846; Xtreme Aviation LLC, por USD 532.752; y Commercial Jet Inc, por un valor de USD 742.110. Según consta en el expediente oficial, estas dos últimas fueron las ofertas preseleccionadas, bajo recomendación de Gastaldi y con el aval del actual jefe de Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien fue el edecán del expresidente Mauricio Macri.

Aquí es donde entra en escena, y de forma polémica, el expiloto presidencial de Alberto Fernández, Juan Pablo Pinto. En junio, en pleno proceso de selección de las ofertas, el también exdirector de Logística -que, según fuentes cercanas continúa en contacto con Gastaldi- intentó contactar al dueño de una de las empresas finalistas de la compulsa, Commercial Jet, y le envió por Whatsapp un mensaje en donde se presentó como “el único canal que existe con el Gobierno Argentino (sic) y el que puede lograr que se les adjudique la licitación”.

Según el mensaje, al que tuvo acceso LA NACION, Pinto le advirtió a Commercial Jet que “hay muchas personas con intereses de que se lo adjudiquen a Xtream (sic) ya que el precio es más bajo”, y le propone: “Si le interesa, me avisa y conversamos”. En dicho texto, además, Pinto mencionó que lo recomendó Jaime Mejía, dueño de Aras Aero, empresa que ya había sido contratada por Gastaldi en otra oportunidad. El 7 de junio, según consta en el expediente, la funcionaria ubicó a Commercial Jet como primera en la orden de mérito del proceso licitatorio. LA NACION intentó contactar a la funcionaria pero no obtuvo respuesta.

Frente a esta situación, el 19 de junio, el titular de Commercial Jet envió un correo electrónico a la Dirección de Gestión de Medios Aéreos de la Secretaría General de la Presidencia -al que también accedió LA NACION- en donde intenta confirmar la operación, y si Pinto era, efectivamente, el “contacto comercial de Presidencia”, tal como se había presentado por mensaje. Horas después de esta misiva, Florencia Gastaldi, con la anuencia de Ibáñez, dio de baja la oferta de la empresa que ella misma había recomendado. Con esto, la licitación volvió a fracasar y días después, el 26 de junio, el Boeing 757-256 matrícula ARG-01 quedó inutilizado por tiempo indeterminado.

Florencia Gastaldi, Juan Pablo Pinto y Sebastián Ibáñez fueron denunciados ante la Justicia por el abogado dedicado a casos de corrupción Santiago Dupuy De Lome, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

El caso del avión presidencial ARG-01 es una muestra del estado en el que se encuentra casi toda la flota presidencia, que está fuera de servicio o próxima a vencerse.

Los tres helicópteros y tres aviones que integran la flota aérea presidencial están inoperantes o próximos a quedar con los certificados vencidos. Esta es la situación detallada:

· H-10 (ex H-01) Sikorsky S-70A-30 Black Hawck: fuera de servicio desde septiembre de 2023.

· H-11 (ex H-02) Sikorsky S-76B Spirit: fuera de servicio desde agosto de 2023.

· H-12 (ex H-03) Sikorsky S-76B Spirit: en servicio pero con un remanente de solo 20 horas de vuelo.

· ARG-01 (ex T-01) Boeing 757-256: fuera de servicio desde el 26 de junio de 2024.

· ARG-02 (ex T-04) Boeing 737-500: desprogramado. La nave está desafectada: No vuela más. Se encuentra en un hangar en el aeropuerto de El Palomar.

· ARG-03 (ex T-11) Bombardier LearJet 60: en servicio, con un remanente de 90 horas de vuelo.

Por Guadalupe Vázquez y Federico Teijeiro

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