Coronavirus en la Argentina: Lázaro Báez seguirá preso y afrontará otro juicio por lavado de dinero tras la compra de un campo en Uruguay

El empresario santacruceño sufrió otro revés judicial por un nuevo caso de presunto lavado de dinero; además no logró la prisión domiciliaria por el coronavirus
El empresario santacruceño sufrió otro revés judicial por un nuevo caso de presunto lavado de dinero; además no logró la prisión domiciliaria por el coronavirus Fuente: Archivo
Hernán Cappiello
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23 de abril de 2020  • 17:58

El empresario santacruceño Lázaro Báez recibió las dos malas noticias el mismo día. La Cámara de Casación rechazó su pedido de prisión domiciliaria por el avance del coronavirus y el juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral la última causa que quedaba en su contra por lavado de dinero por la compra de la estancia uruguaya "El Entrevero", ubicada sobre las playas orientales por 14 millones de dólares.

La decisión que mantuvo a Báez en el penal de Ezeiza fue firmada -con firma digital por la pandemia- por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los magistrados confirmaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, donde se desarrolla la etapa final del juicio contra Báez por la "ruta del dinero K".

Los jueces -según el fallo al que accedió LA NACION- evaluaron los informes médicos que certificaban que Báez estaba bien atendido en la cárcel por su enfermedades crónicas y que puede continuar con su tratamiento dentro del establecimiento donde se encuentra detenido. Dijeron además que hay riesgos procesales con Báez en su casa por los graves delitos por lo que es juzgado -lavado d dinero- realizados "con habitualidad". Báez está acusado de haber lavado $127.624.184, mediante compra y venta de bonos y transferencias bancarias y operaciones simuladas entre diciembre de 2015 hasta julio de 2016.

Este tramo del caso ya está en juicio oral. El proceso está terminando con los alegatos. Pero el juez Casanello siguió investigando a Báez por la compra venta del campo uruguayo "El Entrevero". Ahora, el juez concluyó esa investigación y a pesar de la feria judicial extraordinaria la elevó a juicio, según la sentencia a la que accedió LA NACION.

La trama uruguaya

A fines de 2010, Maximiliano Goff Dávila, conocido de Leoanrdo Fariña que asesoraba a Báez en cuestiones económicas, consultó a su concuñado por la posibilidad de realizar una inversión en Uruguay. Así, le indicó que podía comprar el 50% de la estancia "El Entrevero", titularidad de Walter Kobilansky Brandhuber. De esta manera, el 29 de diciembre de 2010 se firmó la reserva en Punta del Este por dos fracciones de campo -una de 145 y la otra de 7 hectáreas- por US$14.000.000.

En ese documento, el comprador se comprometió a abonar US$ 1.400.000 de seña y US$ 12.600.000 a través de transferencias bancarias. El escribano Pittaluga Shaw ofició de intermediario del pago de la seña. Recibió tres transferencias a su cuenta bancaria Nº500060200 del Banco Santander de Montevideo desde Administradora de Fondos de Inversión Sur S.A. (AFISUR) desde HSBC -USA- por US$ 399.617,68; otra de AFISUR desde HSBC -USA- por US$ 399.618,01, y otra de AFISUR desde HSBC -USA- por US$ 599.441,68.

El campo no estaba destinado a estar a nombre de sus verdaderos dueños y por eso se adquirió la sociedad Traline y una vez completado el pago, Daniel Pérez Gadín y Jorge Oscar Chueco, se abocaron a la escrituración mediante otra sociedad.

El proceso de adquisición de la estancia "El Entrevero" fue iniciado en diciembre de 2010 y culminado en agosto de 2011, y se realizó mediante la canalización de dinero de procedencia ilícita a través de mecanismos financieros y bancarios -liquidación de títulos, transferencias desde bancos europeos, letras de cambio- por 14 millones de dólares, disfrazado de inversión para desarrollar un mega proyecto inmobiliario y valiéndose de las empresas -Traline SA y Jumey SA- "para ocultar al verdadero dueño de los fondos y, así, brindarle a esa inyección de dinero apariencia de licitud", dijeron el juez y el fiscal Guillermo Marijuan.

En otro hecho de lavado los acusados están acusados de comprar por 320.000 dólares un terreno en el faro de José Ignacio, en Uruguay, con las mismas sociedades y un departamento en la avenida del Libertador. Allí actuó un intermediario monotributista que pagó 800.000 dólares por el inmueble que compró junto con BMW descapotable. Luego vendió el inmueble en 1.350,000 dólares. El juez entendió que el origen del dinero con que se compró el departamento era ilícito.

El fiscal concluyó que los acusados son Lázaro Antonio Báez, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Jorge Leonardo Fariña, Santiago Walter Carradori y Maximiliano Goff Dávila. Y dijo que "se encuentra probada la habitualidad referida (en el delito), ya que no sólo la cantidad de sucesos en los que han intervenido y que pudieron tenerse por probados es significativa, sino que el mantenimiento de esta actividad ilícita prolongada en el tiempo así lo indica. Repárese que la mayoría de los nombrados fueron quienes organizaron la estructura para blanquear dinero que hoy está siendo objeto de debate en instancia oral".

El resto de los acusados son Oscar Osvaldo Guthux y Alejandro Maximiliano Acosta,

De todos ellos, los que están presos son Báez, Peréz Gadín y Chueco, a quien se le desestimó ayer su pedido de reclusión domiciliaria.

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