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Bonadío declaró inconstitucionales las leyes de obediencia de debida y punto final
En esa misma resolución, el magistrado dispuso la prisión preventiva del ex jefe de la Armada Emilio Massera
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El juez federal Claudio Bonadío declaró hoy "inconstitucionales" a las leyes de obediencia debida y punto final, que hace más de diez años libraron de toda persecución penal a los militares que participaron de la represión ilegal de los años 70.
El magistrado firmó la resolución en el mismo fallo en el que procesó e impuso prisión preventiva al ex jefe de la Armada Emilio Massera, en una causa por el robo de bienes en perjuicio de las víctimas del plan de persecución y exterminio de opositores políticos puesto en marcha por el régimen militar (1976-83).
Bonadío se convirtió en el segundo juez que considera "nulas e inconstitucionales" a las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas a finales de los años 80 para librar de responsabilidad penal a los responsables de delitos de lesa humanidad.
En marzo pasado abrió el camino el juez federal Gabriel Cavallo, quien ahora está a punto de ser ascendido a la Cámara Federal de Buenos Aires.
Además, Bonadío dispuso el procesamiento de Massera -quien está ya bajo arresto domiciliario por el secuestro de niños, hijos de personas desaparecidas a causa de la represión- y de otros cinco ex jefes de la Armada.
Todos ellos están acusados de haberse apropiado de los bienes de Conrado Gómez, Victorio Cerruti y Horacio Palma, secuestrados por la dictadura militar.
Massera, a quien se le impuso un embargo de un millón de dólares sobre sus bienes, fue considerado como el jefe de una "asociación ilícita" creada para esos robos.
Las leyes de obediencia debida y punto final, también conocidas como "leyes de la impunidad", fueron aprobadas bajo presión militar en 1987 y 1988, respectivamente, cuando el Gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín soportaba levantamientos y planteamientos de los hombres de las Fuerzas Armadas.
La ley de punto final estableció un límite de tiempo para la formulación de cargos contra los responsables de delitos de lesa humanidad, mientras la de obediencia debida instaló la teoría de que el personal subalterno de las Fuerzas Armadas no podía negarse a cumplir las órdenes recibidas.
En 1990, el ex presidente Carlos Menem cerró el círculo al dictar un indulto en favor de las máximas autoridades del régimen, entre ellas Massera y el ex presidente Jorge Videla, quienes estaban condenados a prisión perpetua por un tribunal civil.
Pero Videla y Massera quedaron en arresto domiciliario en 1999 por el secuestro de niños, hijos de personas desaparecidas, debido a que ese delito se considera imprescriptible.
Fuente: EFE
