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Camioneros inauguró el Sanatorio Antártida sin pedir habilitación y todavía está inactivo
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LA NACIONBrenda Struminger
El sindicato de Camioneros no había solicitado los permisos habilitantes para el funcionamiento del Sanatorio Antártida cuando lo inauguró hace tres meses con presencia de autoridades nacionales y porteñas. Hoy, el edificio sigue en obra y está tapiado. Los trámites, que suelen llevar más de un año, aún no fueron iniciados.
Tras la quiebra del Sanatorio Antártida en 2005, el sindicato de Hugo Moyano compró el imponente edificio, ubicado en Acoyte y Rivadavia, en remate judicial. Cuatro años después, en 2009, anunció su "inauguración simbólica" durante un acto en Vélez Sársfield. Pero el sanatorio nunca abrió sus puertas.
El 9 de enero pasado volvió a inaugurarlo. Esta vez con un acto en el que estuvieron presentes el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli y el titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), Sandro Taricco. Hubo corte de cinta y los funcionarios recorrieron las salas con los arquitectos de la obra. Pero al momento de la inauguración con las autoridades políticas, el centro médico ni siquiera estaba habilitado para funcionar.
Hoy, la entrada principal al edificio, sobre Rivadavia casi esquina Acoyte, está tapiada. Los carteles de obra aún están presentes; y a la vuelta, el ingreso para ambulancias por la calle Rosario sólo es atravesado por los obreros de overol. Más de 13 años después del cierre del centro médico, siguen trabajando.
Un gigante tapiado
El Sanatorio Antártida es un gigante dentro del espectro de centros médicos privados de la Ciudad. Tiene 14 pisos distribuidos en 15.000 metros cuadrados con 300 camas, Unidad Coronaria; de Terapia Intensiva, Pediátrica, Neonatológica, Preparto, Postoperatorio, guardia médica, shock room, trasplante de medula ósea, radiología digital, laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de inmunohematología, resonador magnético, salas de rayos X, dos tomógrafos, entre otros. Las instalaciones, que fueron refaccionadas con una inversión millonaria después de su quiebra en 2005, llevan 12 años intactas.
Para funcionar, los sanatorios privados deben pedir autorización a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires; al Ministerio de Salud nacional, que supervisa y brinda habilitación sanitaria; y al Registro Catastral del Ministerio de Desarrollo Urbano.
También someterse a una supervisión de la Dirección Nacional de Habilitaciones, Fiscalización, Sanidad y Fronteras, que otorga una habilitación provisoria hasta que está vigente la autorización de la Ciudad. Nada de esto se hizo.
Estos actos administrativos suelen demorar entre 12 y 18 meses. En los tres organismos de la Ciudad y la Nación informaron que, hasta el momento, no recibieron solicitudes de habilitación para el Sanatorio Antártida, que no figura en los registros de establecimientos sanitarios del país. En la AGC aseguraron que tampoco recibieron los documentos del final de obra.
Ante la consulta de LA NACION sobre la fallida inauguración, cerca de los funcionarios locales y nacionales y en la Superintendencia de Servicios de la Salud remitieron al sindicato: "Es un problema de un ente privado. En todo caso serán los afiliados quienes tendrán que evaluar qué se hace con sus fondos". La obra social tiene 200.000 miembros, 11 sanatorios y un fuerte déficit que es subsanado a través de las transferencias de fondos del sindicato.
En Camioneros prometieron informar sobre la situación del sanatorio, pero finalmente no lo hicieron.
Denuncia por desvío de fondos
Este mes, la diputada nacional Graciela Ocaña (Cambiemos) amplió la denuncia que radicó el año pasado contra Hugo Moyano y su esposa, Lilian Zulet, por el supuesto desvío de fondos pertenecientes a la Obra Social de los Choferes de Camiones (Oschoca) a empresas vinculadas a la familia Moyano.
Según Ocaña, los desvíos se habrían realizado, en parte, a través de las inversiones en las obras de refacción del Sanatorio Antártida, que fue adquirido por 10 millones de pesos y luego transferido al sindicato de Camioneros por 334 millones.
El hospital fue refaccionado a través de Aconra SA, la empresa constructora de la familia Moyano. La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció "irregularidades en la administración de los recursos" dentro de la empresa, con operaciones por más de $200 millones entre esa compañía, junto con otras dos de la familia Moyano, y el Sindicato de Camioneros.
Déficit
Según los registros de la Superintendencia de Servicios de la salud, la Obra Social de Choferes de Camiones recibió el año pasado 50.775.595 en calidad de reintegro a las Obras Sociales mediante el Sistema Único de Reintegros (S.U.R); y 149.900.350,86 como "financiamiento directo de las prestaciones brindadas por discapacidad".
Los fondos provienen de los aportes de los afiliados que distribuye la SSS. un organismo descentralizado del Ministerio de Salud que tiene como objeto principal la fiscalización de las obras sociales y prepagas.
Ante una consulta de LA NACION, desde la SSS destacaron que no es su responsabilidad evaluar a las obras sociales por la forma en que prestan los servicios de salud, sino asegurarse de que los afiliados están recibiendo la atención necesaria. Y consideraron que las prestaciones están otorgadas.
En cambio, Ocaña considera que las obras sociales "son entes públicos no estatales" porque "administran fondos de terceros destinados a una finalidad pública" y que por lo tanto "están obligados por el Derecho Público".
"Como integran el Sistema de Seguridad Social, están sujetas a la fiscalización y control del Estado Nacional", sostiene la diputada en la denuncia. Y remarca que, según la Ley N° 25.877, es el Ministerio de Trabajo el encargado de verificar y fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones.
