Canicoba Corral anuló un dictamen que favorecía al Gobierno

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró la nulidad del dictamen con el que el fiscal Miguel Osorio le había pedido que cerrara, sin investigar, una denuncia contra altos funcionarios del kirchnerismo.

Es muy poco habitual que un juez decida algo semejante y el propio Canicoba Corral sostuvo en su fallo que la suya era una "sanción de orden excepcional", pero entendió que las "falencias" de fundamentación del dictamen justificaban la nulidad. Sobre todo, dado que este tipo de decisiones de los fiscales no son controladas por ninguna instancia superior.

El caso se había iniciado por una denuncia de supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de dos represas en Santa Cruz, la Gobernador Jorge Cepernic y la Presidente Néstor Kirchner. La presentación la hicieron los diputados Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido. Por sorteo, le tocó a Canicoba Corral, que la remitió a Osorio. De acuerdo con la ley, el fiscal puede impulsar la investigación o desestimar la denuncia.

Osorio eligió la segunda opción. Entendió que la denuncia no cumplía con los requisitos legales y que no había nada que investigar. Cuestionó que el caso se apoyara en publicaciones de la prensa y solicitó mesura dado el alto rango de los funcionarios involucrados, entre los que estaban los ministros Julio De Vido y Hernán Lorenzino, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

Como consecuencia de su dictamen, el caso iba camino a cerrarse sin que se hubieran realizado medidas de prueba. El fallo de ayer del juez obliga a que la fiscalía haga un nuevo dictamen, salvo que Osorio apele y la Cámara le otorgue la razón.

Según el juez, "el dictamen fiscal no resulta una derivación razonada del derecho vigente, como así tampoco proviene de un análisis concreto de los hechos denunciados, sino que se limita a realizar un estudio parcial de ellos, con meros cuestionamientos y apreciaciones personales sin basamento jurídico alguno".

Canicoba Corral afirmó que para cerrar un caso como éste, "que ya de por sí provoca un interés en la sociedad en que se conozca la verdad", los hechos "deben ser evaluados en profundidad" y dijo que, para eso, sería conveniente, por ejemplo, revisar los expedientes de las licitaciones.

A raíz de su dictamen, Osorio recibió, además, una denuncia penal en su contra. La hicieron Gil Lavedra y Garrido, los mismos denunciantes del caso de las represas, que lo acusaron de haber incumplido su obligación de perseguir el delito. Ese expediente está en trámite en el juzgado de Sebastián Casanello, y el fiscal del caso es Guillermo Marijuan, que dio curso a la denuncia y la semana pasada imputó a Osorio. Como primera medida, Casanello citó a los denunciantes a ratificar su presentación. Ellos informaron que lo harán por escrito.

Osorio fue ascendido este año a fiscal de tribunal oral, aunque sigue transitoriamente en primera instancia. Simpatiza con Justicia Legítima, agrupación que lidera la procuradora Alejandra Gils Carbó. Marijuan, en cambio, está en las antípodas.