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Caso Andis. Una auditoria detectó un desfasaje de $158.000 millones por deuda no registrada en el área de Discapacidad
Se trata de un estudio ordenado por el Gobierno; encontró diferencias internas entre el área de contabilidad y el encargado de implementar el programa Incluir Salud que compraba medicamentos e insumos; su análisis llega hasta la salida de Spagnuolo
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El Gobierno detectó un desfasaje de 158 mil millones de pesos en los números internos de la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis). La cifra surgió en la auditoría que se realizó con la intervención del organismo, apenas estalló el caso. Ese monto corresponde a deudas que no pasaron por las áreas de control establecidas y por eso hoy están bajo la mira de la Justicia.
La auditoría a la que accedió LA NACION analiza qué ocurrió en la exAndis durante la gestión libertaria hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó al director de la agencia Diego Spagnuolo, entre otros funcionarios. Ese trabajo relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas. Sobre el desfasaje, señaló: “Se constató una diferencia de $158.717.131.557,63, entre los listados de la Deuda Exigible”.
Esa observación fue el resultado de dos consultas realizadas dentro de la exAndis que tuvieron resultado dispar. Los auditores solicitaron pagos y deudas a dos direcciones claves: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Dentro del desfasaje de los $158.000 millones, la DNASS es la que informó una deuda mayor.
Esta dirección, a su vez, concentra sospechas del fiscal Franco Picardi en la causa que investiga un presunto fraude millonario con coimas de hasta el 20%. Para el fiscal, los procesos de compra de la DNASS tuvieron supuestos “sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública”.
La auditoría, además, marcó la existencia de posibles imprecisiones en los números que le entregó la DNASS. Desde ese área advirtieron que tanto “los importes como la clasificación de los mismos puede haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga de los prestadores”.
Una fuente al tanto del funcionamiento de la exAndis, consultada por LA NACION sobre el desfasaje detectado, comentó que no es algo inusual, aunque le pareció “significativo” el monto. Explicó que “la DNASS asume y se compromete a pagar, pero después no tiene ese presupuesto y todavía esa deuda, para que sea reconocida por la DPYC tiene que pasar por todo un sistema administrativo que a veces no se completa”. La compra de medicamentos de alto costo, contempladas dentro de PACBI, “muchas veces genera estas cuestiones que autorizas el pago y después presentan todos los papeles”, según su experiencia.
La auditoría no incluye el discriminado de cómo se compone esa “deuda no registrada”. Consultadas por este medio, fuentes oficiales afirmaron que “el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y continuará colaborando con la investigación”.
Precisamente, la causa judicial identificó compras PACBI para justificar la acusación sobre los imputados. Por ejemplo el caso del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas costó $411.764, pero llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas (tenían menos oferentes) en el mismo mes de noviembre de 2024.
Fuentes cercanas a Spagnuolo (exdirector de Andis) dijeron que él “no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SiiPFIS”. LA NACION también intentó contactarse con quien era el director de la DNASS, Daniel Garbellini, pero no obtuvo respuesta. Ante la Justicia había presentado por escrito: “No hubo desvío de fondos” y negó haber participado en un “esquema de sobreprecios”.
La auditoría también alertó sobre la metodología de pago. “Se constató que hasta la fecha de corte, el Organismo sigue utilizando la figura de Legítimo Abono para efectuar un pago por un bien o servicio que ya ha sido entregado o cumplido, incumpliendo la regla general dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 1023/2001″, observó.
Esa regla general a la que alude sobre contrataciones del Estado recomienda realizar licitaciones públicas o concursos públicos. La auditoría analizó los servicios cancelados mediante Legítimo Abono y relevó que “solo se han iniciado seis procedimientos de compras”.
La figura de Legítimo Abono refiere a “la aprobación de gastos que no fueron gestionados a través de los procedimientos” formales, de acuerdo con un dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones. Ese documento agrega que “frente a la efectiva prestación del servicio y/o entrega de los bienes por parte de la persona interesada, se ha dicho que resulta equitativo que se propenda a su retribución”, pero reconoce que no es la mejor práctica. Advierte que no respetar los procedimientos “no sólo afectará la transparencia en el manejo de fondos públicos, sino que además, al no propiciar la concurrencia y competencia de todos los posibles interesados en presentar ofertas, en pie de igualdad, la Administración se verá imposibilitada de verificar si la opción que elija es la más conveniente, en términos de precio, calidad, idoneidad del proveedor”.
Si bien la auditoría no identificó qué pagos se realizaron bajo Legítimo Abono, sí detalló cuánto dinero recibió cada prestador por la compra de medicamentos e insumos. La cifra ascendió a $479.504 millones entre 2024 y 2025 hasta el 21 de agosto. El proveedor que más fondos recibió fue Suizo Argentina, con $108.258 millones concentrados por medicamentos PACBI. Fuentes cercanas a la empresa señalaron: “Suizo es una empresa centenaria que realiza sus múltiples actividades comerciales de forma lícita y de acuerdo a altos estándares. No tiene nada que ver con los hechos investigados en la causa”.
Por ahora la investigación se orientó hacía otras droguerías y proveedoras de insumos ortopédicos, y en presuntos agentes paraestatales que estaban al tanto de las contrataciones de la exAndis y supuestamente canalizaban coimas de hasta el 20%.
En paralelo, en la causa comenzaron las pericias sobre los audios atribuidos a Spagnuolo que hicieron nacer el caso, en los que se habla de irregularidades en la agencia y se menciona a Karina Milei. Esas grabaciones son cuestionadas por algunas defensas que buscan la nulidad de la causa.
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