La fiscalía rechaza partir en dos el juicio de Cristina y Máximo Kirchner porque sospecha que puede debilitar la condena

La decisión de partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur generó una profunda preocupación entre los fiscales del caso, que ven peligrar la posibilidad de una condena contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por lavado de dinero y temen que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos.

Por eso es que el fiscal Diego Velasco prepara un duro recurso para presentar la semana próxima contra la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que dispuso juzgar en dos procesos sucesivos a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner.

El cambio de las reglas del juego y del proceso en esta etapa pone en riesgo toda la acusación, según entienden en tribunales.

No sería la primera vez que ocurre en este caso. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, ya sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.

La Cámara de Casación Penal con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone dio vuelta ese fallo y la Corte Suprema de Justicia exhortó a hacer el juicio en 2024.

Ahora, el fiscal Velasco no quiere posponer el juicio, sino que comience en la fecha fijada, para no demorar más el caso. Pero defiende que comiencen los dos procesos juntos, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni decidieron de manera unánime que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Los Sauces, y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027. Lo partieron en dos, a pesar de que gira en torno a la misma maniobra de lavado.

Argumentaron que dividirlos ahorraría tiempo, permitiría colocar solo a la mitad de los testigos y abogados en la sala y manejar el debate más ágilmente.

Pero el fiscal Velasco se opone a esta decisión. Teme que se debiliten pruebas y prepara un escrito para presentar la semana próxima ante los jueces del tribunal oral, para luego, eventualmente, llegar a la Cámara Federal de Casación.

Hay media docena de antecedentes de fallos de la Cámara de Casación que revocaron decisiones de los tribunales orales de separar juicios como estos.

Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero donde Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir en sus hoteles dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en compensación por los negocios que tenían en el Estado.

La principal objeción es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.

Si se dividen ambos juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.

Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señalan.

La fiscalía cree que la decisión parte en dos algo que jurídicamente es una sola cosa. “El delito es uno solo”, señalan en los tribunales y señalan que el lavado de activos, en la lectura de los acusadores, es un delito continuado, en el que cada operación, cada alquiler, cada transferencia, cada canon, configura un único hecho, del mismo modo que ocurre con las defraudaciones.

“La maniobra es la misma, la organización es la misma”, señalan fuentes del caso, que subrayan además que se trata de los mismos 14 imputados (más otros 4 que llegaron por indagatorias posteriores), el mismo período temporal y el mismo destino final del dinero.

La inquietud de la fiscalía queda en claro cuando se sigue el recorrido del dinero. “Hotesur y Los Sauces son formalmente sociedades diferentes, pero a su vez no lo son porque todo se juntaba en los plazos fijos de las cuentas de Néstor y Cristina Kirchner”, plantean fuentes de los tribunales.

Además, los fondos secuestrados en la causa provienen de una cuenta de los Kirchner, no de Los Sauces S.A., la misma cuenta a la que iba el canon locativo de Hotesur. Para los acusadores, eso demuestra que los dos circuitos de dinero confluyen en un solo patrimonio, por lo que es imposible partir los dos juicios.

Además, hay otra dificultad: al partir los juicios se divide la prueba y esto favorece a las defensas. “Las pruebas del caso Hotesur sirven para argumentar en el caso Los Sauces, y al revés”, explican fuentes de la acusación.

Por ejemplo, las transferencias de Austral Construcciones, la ruta del dinero y las pericias contables confluyen. Y, al separar los dos juicios, una pericia producida en Hotesur no podría hacerse valer como prueba en el juicio de Los Sauces.

Uno de los ejes del juicio que se viene es una prueba que la fiscalía considera el eslabón entre los dos expedientes: el peritaje contable que reconstruyó el recorrido del dinero desde el Estado hasta las cuentas de la familia Kirchner.

Ese peritaje contable está por concluir, pero un adelanto realizado y exhibido por la fiscalía en 2021 determinó que, el mismo día, en 21 oportunidades, los fondos que Lázaro Báez cobró por obra pública con sobreprecios de Vialidad terminaron en las cuentas de los Kirchner después de pasar por Valle Mitre, la sociedad que gerenciaba los hoteles presidenciales.

No se trata de dos movimientos independientes, sino de un pago del Estado y una transferencia al patrimonio familiar que ocurren en la misma jornada y por montos equivalentes.

Ese cruce fue uno de los ejes de la apelación con la que el fiscal Diego Velasco atacó, en diciembre de 2021, el sobreseimiento dictado sin juicio por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

Así, este peritaje no pertenece del todo a ninguno de los dos casos: Hotesur y Los Sauces, pero los explica a los dos. Del lado de Hotesur muestra el ingreso de los fondos por la explotación hotelera y la locación a Valle Mitre; del lado de Los Sauces, se ve el mismo mecanismo de retorno aplicado a contratos de alquiler de inmuebles con empresas de Báez y del Grupo Indalo.

La hipótesis de la fiscalía es la misma: que desde dos fuentes de financiamiento, el dinero recorría un único circuito de retorno y un mismo destino patrimonial.

El recorte de la prueba alcanza también a las declaraciones de los testigos, pues a algunos testigos en el primer juicio no se les podría preguntar sobre hechos del segundo juicio. “Con la separación de los juicios se está sacando prueba”, sintetizan en tribunales.

Un riesgo sobreviniente que pondría en jaque toda la acusación y haría que el caso termine en una absolución es el efecto dominó que generarían los dos juicios y el argumento de la cosa juzgada.

“Si los absuelven, podrían argumentar que automáticamente tienen cosa juzgada en el otro”, advierten en la acusación, donde describen la secuencia como una forma de “destruir una causa para voltear la otra”.

La posición de la fiscalía es no pedir ninguna postergación: al contrario, reclamar que el 23 de octubre empiecen los dos juicios juntos, como viene sosteniendo desde que pidió que se fijara fecha.

Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.

También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.

El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.

Por Hernán Cappiello

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