Chubut: los tribunales dejan de funcionar por falta de pago de salarios

RAWSON – La crisis por la demora en el pago de sueldos a los empleados públicos en Chubut tensó la relación con Poder Judicial: tres de las siete jurisdicciones judiciales de esta provincia operarán desde este lunes a su mínima expresión, en una medida que podría replicarse al resto de las jurisdicciones. La Asociación de Magistrados de Chubut, en tanto, comunicó que avanzará con acciones civiles y penales concretas contra el Estado provincial.

Jueces, fiscales y defensores de las circunscripciones de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia –las tres ciudades que reúnen la mayor cantidad de expendientes en esta provincia- acordaron atender solo aquellos casos relacionados con delitos graves y en los cuales hay personas detenidas, en tanto que no se llevarán adelante audiencias ni se continuarán con investigaciones o procesos en marcha en los cuales no haya detenidos.

El presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Martín Montenovo, adelantó que analizan suspender la totalidad de los concursos previstos para la segunda mitad del año debido a la falta de presupuesto. Montenovo señaló que "todo esto estaría en riesgo si es que continúa la situación financiera que a nosotros nos ha significado, en lo concreto, no recibir las partidas de manera periódica". Además reveló que "esto ha ocurrido desde julio del año pasado hasta ahora".

"Si no hay previsibilidad en cuanto al ingreso del dinero, no es posible administrar", manifestó. Sobre los concursos previstos para esta segunda mitad del año, indicó que si bien es probable que en el transcurso de estos meses "haya más pedidos porque hay más vacancia, lo que actualmente está en proceso es una buena cantidad de cargos del Ministerio Público Fiscal de varias ciudades como Esquel, Lago Puelo, Comodoro, Trelew, Rawson, Sarmiento".

El gobernador Mariano Arcioni todavía no logró cancelar los sueldos correspondientes al mes de junio, pese a que la semana próxima ya debería avanzar sobre la liquidación de julio. El gobierno incumplió, además, con los aumentos previstos en las paritarias de comienzos de año con gremios estatales y con la cláusula gatillo que imponía el segundo semestre. La semana próxima habrá un paro docente de 72 horas, medidas de fuerza de ATE y alerta y movilización debido a los problemas que registra por falta de pago a prestadores la obra social Seros.

El viernes y tras una reunión con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Mario Vivas, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut, comunicó que "más allá de los últimos 40 millones de pesos depositados por el Gobierno Provincial, insuficientes por cierto para el pago total de lo adeudado", no tenían ningún tipo de información concreta ni certera sobre cuando se recibiría el resto del dinero para terminar de abonar los haberes de junio de 2019.

La Asociación anticipó que además "se remitirán notas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Ministerio de Justicia de la Nación a fin de poner en conocimiento la grave situación que atraviesa el Poder Judicial de la provincia y solicitarle su inmediata intervención –con las medidas que estimen convenientes- para encontrar una solución a la mayor brevedad posible".

El comunicado sostuvo que "se solicitará formalmente al Superior Tribunal de Justicia informe por escrito fecha y monto de las sumas depositadas, cómo también cuál es la suma faltante para abonar la totalidad de los sueldos. También se requerirá que se informe si cuenta con dinero propio en caja o en plazos fijos, que pudieran -con las autorizaciones legales correspondientes- ser utilizados para el pago de los salarios faltantes".

Y que "se pedirán reuniones con los distintos bloques políticos de la Legislatura Provincial y se intentará introducir nuevas preguntas al interrogatorio publicado por los medios para la interpelación del Ministro de Economía Contador Tarrio.

"Se requerirá a la SIGEN –Sindicatura General de la Nación- realice una auditoría de los fondos remitidos por la Nación para verificar que los mismos hayan sido utilizados para los fines a los que se encontraban designados".

Y agrega: "Está a la vista que el Poder Ejecutivo Provincial no le asigna a dicha garantía constitucional el carácter esencial que tiene para la convivencia social en una república democrática, puesto que no ha demostrado con hechos un interés real en informar y en definitiva en solucionar esta situación. Si así lo hiciera, además de cumplir con su responsabilidad de pagar los salarios de los empleados estatales, estaría evitando una mayor afectación del servicio de justicia, al ya observado en estos últimos días, que ha sido puesto públicamente de manifiesto por los Colegios de Abogados de las diversas circunscripciones, reclamando por sí y por sus representados", finaliza el comunicado.

Por Ana Tronfi

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