Ciccone: envían la denuncia del Gobierno a la justicia ordinaria

La intentona no duró. El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer enviar la denuncia penal que presentó la intervención de la imprenta Ciccone contra la familia fundadora y algunos de sus acreedores a la justicia ordinaria, para que se investigue allí en vez de en los tribunales federales de Comodoro Py, como pretendió el Gobierno.

Ercolini tomó esa decisión en línea con la recomendación del fiscal federal Federico Delgado, quien había concluido que la denuncia por el presunto vaciamiento de la empresa y un supuesto lavado de activos por parte de la familia Ciccone no debía continuar en el fuero federal, aun cuando también había sugerido algunas medidas de prueba iniciales dada "la urgencia del caso".

Ercolini solicitó entonces a distintos jueces del fuero comercial que le informaran los expedientes que tramitaban en contra de la imprenta con reclamos de acreedores para determinar los pasos por seguir, decisión que adoptó ayer.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, meses antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele, quien quedó fuera de la presentación oficial.

Los denunciados

Con la firma del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, como cabeza de la intervención oficial, el Gobierno apuntó a la presidenta de la imprenta -Olga Beatriz Ciccone, hija de uno de los fundadores, Nicolás Ciccone-, al contador y al síndico de la empresa, y a los tres ejecutivos que celebraron aquellas operaciones. Esos ejecutivos son Roberto Molina, un abogado que era de extrema confianza de la familia, ya fallecido; Pablo Amato, esposo de Olga y yerno de Nicolás, y Federico Gualteiro Jorge Schmid.

Según Lorenzino, esos tres ejecutivos -Amato, Molina y Schmid-, habrían acordado operaciones ilícitas, en dólares y en pesos, con tres firmas vinculadas entre sí -Bates Integrated Communications, VHS Sports y la Cooperativa Mamakiya de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada-, en las que la figura clave sería Horacio Dannunzio, un empresario muy cercano a Nicolás Ciccone.

Junto con Dannunzio, sin embargo, la denuncia señaló a otros cuatro supuestos partícipes de esas millonarias operaciones cuestionadas, a los que identificó como Gabriel Pablo Dannunzio, Juan José Calvo, Raúl Antonio Martín y Hernán Antonio Martín.

El "caso Ciccone" suma así un nuevo fuero al abanico de causas abiertas. Incluyen el expediente del concurso de la empresa en el fuero comercial, la causa penal federal en manos del juez Ariel Lijo, en la que el principal imputado es el vicepresidente Amado Boudou, su socio José María Núñez Carmona y Vandenbroele, más dos amparos en distintos juzgados del fuero en lo contencioso administrativo federal. Uno de la propia familia Ciccone; el otro, del ex banquero Raúl Moneta, que por problemas de salud delegó la gestión diaria de sus negocios y pleitos en su primogénito, Raúl Cruz.