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Citaron a Lavagna por la cartelización de la obra pública
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LA NACIONDiego Cabot
Quince años después de haber acusado a las empresas constructoras de obras públicas de cartelización, el exministro de Economía Roberto Lavagna tendrá que presentarse ante la Justicia, para declarar como testigo. Le preguntarán, claro está, qué elementos tenía como para semejante acusación el 23 de noviembre de 2005, justo cuando la Cámara de la Construcción celebraba su convención anual.
El juez Claudio Bonadio citó al economista a declarar como testigo en la causa de los cuadernos de las coimas . Será uno de los primeros pasos de la segunda parte de un extenso llamado a indagatorias de alrededor de 70 constructores que preparan los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo . El miércoles, cuando el dirigente del massismo se tenga que presentar en Comodoro Py podrá aclarar los términos de aquellos dichos sobre los que no quiso volver nunca más.
"Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica", dijo Lavagna en aquella mañana de noviembre.
Aquellos dichos pegaron duro en los empresarios que, por entonces, celebraban el regreso de la obra pública de la mano del presidente Néstor Kirchner . El santacruceño llegó, por la tarde y para el cierre del evento, dispuesto a dar una fuerte señal de que la postura de Lavagna no era la del Poder Ejecutivo. "Queremos que sepan que ustedes forman parte de la columna vertebral de la economía del país", les dijo.
Pocos días después, Lavagna terminó fuera del Gobierno. Sin embargo, lejos de aportar algún dato para erradicar la cartelización, optó por un estricto silencio que ahora deberá romper. "Las cosas hay que decirlas en el momento justo y en el lugar indicado", dijo hace poco a este cronista, cuando fue consultado sobre aquellos días.
Jamás se refirió a la verdadera maniobra que evidenciaron sus dichos. Tal fue el silencio que no pocos interpretaron que solo habían sido una provocación a Kirchner para salir del gabinete corrido por el presidente. Con la destitución del cargo empezó a ganar algo de capital político. Pero las pruebas de sus dichos nunca fueron aportadas.
Justamente uno de los ejemplos que dio el entonces funcionario fue el mundo vial. "El caso de Vialidad es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por Defensa de la Competencia e, incluso, por el Banco Mundial". Se refería a las investigaciones del departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial, en relación con los proyectos Crema (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento por Resultados). Investigaba esos proyectos, realizados con fondos que esa entidad había prestado a la Argentina.
Quince años después, la historia regresó. Stornelli y Rívolo esperan varios datos de las obras públicas viales realizadas desde 2003. El juez pidió al Gobierno que le enviara datos sobre la distribución de obra pública, la empresa que la ejecutó y el monto que cobró.
Entonces empezará un chequeo con la lista que presentó el financista Ernesto Clarens cuando ganó su estatus de imputado colaborador. Mientras el Poder Ejecutivo contesta el pedido, la fiscalía inició una recolección de datos de las sociedades mencionadas. Se trata de 70 constructoras que formaban la llamada "camarita", el lugar donde se repartían las obras viales.
Según la declaración del financista, las empresas pasaban por su oficina a descontar los adelantos y los certificados de obra con los que el Estado cancelaba los pagos. Era Clarens, según sus dichos, el que manejaba esa operación y recaudaba el dinero de los empresarios.
Cuando toda la información esté en la fiscalía, llegará el pedido de indagatoria para unos 70 presidentes de constructoras, varias del interior. Existe un informe más: un relevamiento de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre más de 760 contratos de obra pública, que está adjuntado a la causa.
Según publicó LA NACION, la OA detectó que las empresas que integran los cuadernos ganaron contratos por más de $110.000 millones y US$4300 millones durante el kirchnerismo. Lo llamativo es que, lejos de aquel argumento de que los empresarios no tenían más que pagar ante el pedido de los funcionarios, muchos acumularon hasta 50 o más contratos.
Será un certero golpe al mundo de los contratistas que hicieron y que hacen obra pública. Y lo será también para la economía, que necesita de la construcción como motor de la actividad. El Gobierno, hasta ahora, no da señales sobre qué hará con los contratos vigentes que manejan las empresas sospechadas.
