Clarín recurrió al máximo tribunal

El Grupo Clarín denunció ante la Corte Suprema que el Gobierno lo está "privando de justicia" y pidió al tribunal que extienda la medida cautelar que lo protege contra la ley de medios -que vence el 7 de diciembre- hasta que la Cámara Civil y Comercial Federal pueda expedirse sobre ese tema.

El grupo de medios planteó que el Poder Ejecutivo "deliberadamente obstruye" la posibilidad de esa cámara de pronunciarse, lo que coloca a la empresa en una situación de denegación de justicia.

Por eso, lo que viene a pedir el Grupo Clarín es algo así como una medida cautelar provisional, que sirva de puente hasta que la Cámara Federal Civil quede integrada.

Justamente, el Gobierno, con su catarata de denuncias y recusaciones, busca que el Grupo Clarín no tenga opción alguna de obtener una prórroga de la cautelar que vence el 7 de diciembre.

Ayer, a las 11.30, el ministro de Justicia, Julio Alak, que siempre actuó como vocero de las denuncias del Gobierno contra los jueces, visitó al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en su despacho. Aunque, en rigor, habrían hablado sobre la suerte del proyecto de Código Civil del que es coautor Lorenzetti, según dijeron fuentes judiciales.

"No existe un tribunal independiente y legalmente constituido que resuelva sus reclamos", afirma la empresa en un largo escrito, donde reseña que el Gobierno ya logró separar a diez jueces en lo civil y comercial federal: provocó la renuncia de dos de ellos y la recusación y excusación de los restantes.

El Grupo Clarín recordó que la Justicia, en cinco oportunidades, llegó a la conclusión de que el tribunal competente para estudiar la demanda sobre la constitucionalidad de ley de medios es la Cámara Federal Civil y Comercial, y no, como pretendía el Gobierno, el fuero contencioso administrativo.

Sin embargo -alerta el escrito-, el Poder Ejecutivo busca con "artimañas" que el tema sea resuelto por otros jueces.

El Gobierno aspira a que la causa sea decidida por los jueces federales en lo contencioso administrativo, que la Justicia ya resolvió que no son competentes, o bien por los conjueces que integran la lista nombrada por la Presidenta -que es la parte demandada del juicio promovido por Clarín- con acuerdo del Senado.

La presentación no invoca la ley que estableció el recurso per saltum -que todavía no fue publicada en el Boletín Oficial- sino que solicita que la Corte actúe en virtud de sus propios poderes para resolver esta complicada situación.