Cómo evitar más juicios y solucionar el problema

Existe una oportunidad de solución al problema de los holdouts basada en un plan integral de resolución no solamente de la causa pari passu, sino también de toda la deuda argentina en default. Con nuestra propuesta de plan integral se terminarían los juicios y embargos (más de 900 causas) y se normalizaría toda la deuda en cesación de pagos (7,6 por ciento del total).

El esquema se basaría en la capacidad de pago de la Argentina sin afectar las reservas ni la actividad económica ni la situación social; no se asumirían contingencias legales con los tenedores de bonos reestructurados (92,4 por ciento del total) bajo la denominada cláusula RUFO (impide hacer ofertas voluntarias mejores a los holdouts antes del 31 de diciembre próximo); bajaría la tasa de interés considerablemente, y la Argentina emitiría nuevos bonos a largo plazo para obras de energía.

Los condicionantes legales actuales son la cláusula RUFO, la aplicación judicial de la cláusula pari passu, el exiguo plazo vigente (30 días de plazo de gracia a partir de mañana) para resolver el problema mediante una negociación o tener que afrontar decisiones de pago (total o parcial) o incumplir, y los reclamos de los demás holdouts con sentencias judiciales en Nueva York.

El principal condicionante financiero es que la deuda con los holdouts es de aproximadamente 24.000 millones de dólares.

Los lineamientos del plan integral incluyen los siguientes puntos: un acuerdo negociado con los litigantes basado en un esquema que sea "pagable" por la Argentina y aceptable para ellos (esquema de cash y nuevos bonos de corto, mediano y largo plazo). Pero como este eventual acuerdo tiene riesgos de incumplimiento de la cláusula RUFO, se debe llegar a enero de 2015 para que éste sea alcanzado y ejecutado (no sirven mecanismos que puedan implicar violaciones indirectas a esa cláusula).

Como surge de la reticencia actual de Griesa de reponer el denominado stay, se debe apuntar a acordar con los litigantes un proceso que permita lograr ese objetivo (representantes de los litigantes han manifestado en recientes escritos judiciales que están dispuestos a pedir junto con la Argentina un nuevo stay si hubiera avances concretos en la negociación).

Avanzar en esa negociación concreta acordando documentos no vinculantes (cartas de intención, memorándum de entendimiento, etcétera) y pidiendo al juez conjuntamente extensiones periódicas del stay para que la Argentina pueda abonar sin riesgos los pagos de los bonos reestructurados mientras se negocia y se consume el plazo de la cláusula RUFO. El acuerdo vinculante sólo se firmaría y cerraría luego del vencimiento de la misma y se armaría un sindicato de bancos para monetizar los nuevos bonos.

Solicitar conjuntamente al juez que se abstenga de dar curso inmediato a los reclamos de los demás holdouts hasta el cierre de la negociación (el propio magistrado rechazó la semana pasada habilitar dos reclamos en este sentido).

Los términos del acuerdo se ofrecerían a todos los demás holdouts y los bonos nuevos a ser entregados tendrían un amplio y por lo tanto muy profundo mercado secundario que permitiría mantener la cotización de los mismos; por lo tanto se reduciría la necesidad de que el consorcio de bancos deba asegurar la colocación de todos los bonos nuevos.

Emisión de nuevos bonos simultáneamente a cambio de dinero fresco para obras de energía y a tasas muy reducidas ya que el panorama financiero sería totalmente distinto. Esos bonos nuevos serían similares a los títulos a ser entregados a los litigantes a fin de que el mercado secundario de los mismos sea aún más profundo y, por lo tanto, el precio de ellos sea más alto.

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La pelea con los holdouts

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