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Cómo sigue la causa por lavado de dinero contra Jorge Macri tras el fallo de la Corte Suprema
El jefe de gobierno porteño está acusado por la compra de un departamento en Miami; la mayoría del máximo tribunal reabrió el caso, que ahora vuelve a la Cámara de Casación, que decidirá si lo envía a primera instancia otra vez
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LA NACION
La Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa por el delito de lavado de activos, vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011 a través de una sociedad. Ahora la causa volverá a la Cámara de Casación, que dictará un nuevo fallo y decidirá si envía el caso a primera instancia -donde había sido dictada la sentencia original que puso fin al expediente- para que se retome la investigación.
La Casación, con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, había convalidado el cierre del expediente.
El inmueble por el que se investiga a Jorge Macri está valuado en 402.963 dólares y fue adquirido mediante la firma ICON UNIT 1704 LLC.
Para realizar esa compra, Macri -quien en ese entonces era diputado provincial- declaró haber obtenido un préstamo bancario y otro de una sociedad perteneciente a un familiar. El sobreseimiento revocado se había basado en informes de la exAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -ahora ARCA- y en un peritaje contable efectuado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema.
Ese estudio señalaba que los préstamos habían sido correctamente documentados y que la familia Macri poseía una capacidad “patrimonial y financiera suficiente” para adquirir los departamentos. Además, indicaba que Jorge Macri había declarado en tiempo y forma su participación en dicha sociedad en sus declaraciones juradas ante la AFIP, correspondientes a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
Sin embargo, la mayoría de la Corte le dio la razón al fiscal ante la Casación, Mario Villar, quien mantuvo el recurso de apelación planteado por sus colegas desde la primera instancia. El tribunal entendió que el sobreseimiento fue prematuro, dado que no se encontraba completamente demostrada la inexistencia de una posible maniobra de lavado de activos. Por eso, ahora el caso regresa a la Casación.
La mayoría de la Corte estuvo integrada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Pablo Candisano Mera (de la Cámara Federal de Bahía Blanca) y Abel Guillermo Sánchez (de la Cámara Federal de Córdoba).
En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz sostuvo que correspondía desestimar el recurso extraordinario del fiscal y dejar firme el sobreseimiento dictado en primera instancia, el cual ya había sido confirmado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal.
La mayoría del tribunal escribió: “Para esta Corte resulta inadmisible la apertura de un proceso penal en base a generalidades buscando el eventual hallazgo de alguna información incriminatoria -práctica conocida como ‘excursión de pesca’-. Este criterio resulta incluso aplicable a los funcionarios públicos, quienes están sujetos a un escrutinio más estricto en materia de transparencia patrimonial”. No obstante, en este expediente se mencionó que “resulta evidente que el presente caso no encuadra dentro del parámetro descalificado en el considerando anterior”.
El fallo añadió: “Se advierte que en la presente causa hay elementos, oportunamente puestos de manifiesto por el apelante y descritos en los considerandos precedentes, que han sido dogmáticamente soslayados por el tribunal” que decidió confirmar el cierre del caso. La Corte señaló que la realización de medidas de prueba es una decisión del juez de instrucción y solo puede ser revisada por el máximo tribunal “cuando exista —como en el caso de autos— un agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio”.
En esta causa, tres instancias judiciales habían ratificado previamente el sobreseimiento de Jorge Macri: el Juzgado Federal de San Isidro de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín y la Casación Federal, con el voto de los jueces Petrone y Barroetaveña. El fiscal de primera instancia Federico Iuspa recurrió.
En la primera instancia, tras medidas de prueba que incluyeron pericias contables, la Justicia dio por probada la procedencia regular de los fondos. La defensa alegó que el dinero provenía de dos préstamos: uno hipotecario del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de una sociedad uruguaya por 184.000 dólares. En mayo de 2019, el Juzgado de San Isidro concluyó que los hechos no tenían relevancia penal.
Sin embargo, la fiscalía apeló cuestionando el origen de los fondos del préstamo uruguayo. Aunque la Cámara Federal de San Martín confirmó el sobreseimiento en diciembre de 2019 al señalar que Macri había exteriorizado los fondos mediante la Ley 27.260 de sinceramiento fiscal.
Pero el fiscal insistió ante Casación. Tras un rechazo inicial en diciembre de 2021, la Corte Suprema decidió ahora reabrir el caso.
LA NACION
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