Con preocupación por el regreso a clases, el Gobierno extiende las medidas sanitarias actuales por un mes

Aunque comienza a transmitir inquietud por la movilidad que implicará regreso a las aulas, el Gobierno prorrogará por un mes el DNU que fija las pautas sanitarias casi sin cambios. Eso significa que se seguiría con el esquema de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo el país, que se habilitarán actividades educativas de acuerdo a lo que fije el Consejo Federal de Educación y que cada provincia podrá fijar restricciones nocturnas, según su situación epidemiológica.

El nuevo DNU llegaría hasta el 28 de febrero, aunque en el interín no se descarta que se fijen nuevos protocolos para el regreso a clases, que en algunos distritos -como la ciudad y la provincia- están previstos para el 17 del mes entrante.

El DISPO en todo el país fija un paraguas de "nueva normalidad" aunque con pautas de distanciamiento social, cuidados personales y restricciones puntuales. En el Gobierno toman esta decisión aunque reconocen que la situación es inestable. Ya se transitó una experiencia compleja durante la primera semana de enero cuando, por el relajamiento que se verificó en las fiestas de fin de año, se debatió un posible "toque de queda" que finalmente derivó en restricciones a la circulación localizadas.

El nuevo "fantasma" que sobrevuela en la Casa Rosada es el del regreso a clases, con la movilidad que conlleva de alumnos, padres y personal docente. "Logramos que el rebrote de enero no se transforme en una segunda ola", sentenció hoy en diálogo con LA NACION un altísimo funcionario, en alusión al leve descenso de casos que se registró en los últimos días. Y agregó: "Ahora bien, ¿qué va a pasar con los alumnos en los subtes y colectivos? Tenemos que lograr que no se dispare la curva".

Clases

Con ese escenario difuso, se espera que el nuevo DNU habilite las clases presenciales de acuerdo a los "parámetros" establecidos por el Consejo Federal de Educación, que es el ámbito que reúne al Ministerio de Educación nacional con los ministros de las carteras educativas de las 23 provincias y la Ciudad.

El problema es que en su última resolución, ese Consejo Federal de Educación fijó un "semáforo" por el cual solo si se cumplen parámetros epidemiológicos muy estrictos se considera que el riesgo es "bajo" (verde) y se habilita la presencialidad en todos los niveles educativos y modalidades. Muchas provincias esperan adaptar ese semáforo y pasar a otro criterio más laxo, porque las exigencias actuales no permitirían volver a las aulas en muchos lugares del país.

Los gobernadores aguardan la convocatoria del Ministro de Educación, Nicolás Trotta, que hizo una gira por las provincias para buscar consensos preliminares. Una vez que se fijen los nuevos protocolos generales a nivel nacional, cada provincia definirá cómo y con qué frecuencia retornará la presencialidad educativa.

En la Casa Rosada apuntan subterráneamente a Horacio Rodríguez Larreta, luego de que el jefe de gobierno porteño se mostrara decidido a iniciar las clases el 17 de febrero, de forma escalonada, y con los alumnos en las aulas todos los días. "Todavía no entendemos cómo va a hacer, hay cosas que no pueden responder", deslizaba hoy un alto funcionario nacional.

Más allá de la chicana, la preocupación de fondo es que se vuelva a perder el control de la curva de contagios, con los coletazos que ello podría traer en la actividad económica y en la hoja de ruta del año electoral. Sobre todo cuando la disponibilidad de la vacuna entró en un terreno de incertidumbre.

Se espera que en el nuevo DNU el transporte público de pasajeros quede habilitado para 30 actividades consideradas "esenciales" y también para personal docente y alumnos que deban asistir a clases.

Las restricciones nocturnas, en tanto, seguirían como hasta ahora, sujetas a las decisiones que tome cada provincia para controlar la circulación, deslizaron fuentes oficiales.

Todo lo que fije el DNU, sin embargo, podría ser readaptado sobre la marcha. "Si cambian los protocolos, se reevaluará la normativa. Hay puntos que se podrían resolver más adelante a través de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete", explicaron portavoces oficiales.