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Condenan a un exfiscal que protegía a un empresario del juego clandestino
La organización tenía también cobertura política y se ramificaba en la Justicia
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Después de un extenso juicio, un tribunal condenó a nueve años de prisión al exfiscal Regional de Rosario Patricio Serjal, acusado de cobrar sobornos de un empresario del juego clandestino, que necesitaba protección para quedarse con las apuestas online legales.
La ambición del empresario contaba a su favor con una pata política, como era el senador Armando Traferri, quien hacía lobby para que Leonardo Peiti pudiera quedarse con ese negocio.
El fallo señala que Serjal fue el organizador de una asociación ilícita que funcionó desde abril de 2017 hasta julio de 2020, período en el que ejerció como Fiscal Regional de Rosario.
Junto a Serjal fue condenado Nelson Ugolini, exempleado del Ministerio Público de la Acusación, quien recibió 5 años de prisión como miembro de la misma organización.
La sentencia ubica a Armando Traferri, senador provincial por el departamento San Lorenzo por el peronismo, como una pieza central de la estructura criminal. Según consta en los fundamentos del fallo, Traferri articuló el primer encuentro entre Serjal y Leonardo Peiti, operador del juego clandestino que se convirtió en arrepentido y cuyo testimonio resultó crucial para la condena.
El tribunal estableció que el 24 de abril de 2017, poco después de que Serjal asumiera como Fiscal Regional, se produjo una reunión en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación. Allí se encontraron Traferri, Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien ya fue condenado tras presentarse como arrepentido. Esta reunión marcó, según la fiscalía, el inicio de la “etapa de consolidación” de la organización criminal.
Los jueces determinaron que la estructura delictiva tenía roles claramente definidos: mientras Peiti gestionaba el juego ilegal y su recaudación, Traferri y otros políticos se encargaban de la “recaudación a nivel político”, y Serjal, junto a Ponce Asahad y Ugolini, garantizaban la “cobertura judicial” necesaria para asegurar la impunidad del negocio.
El fallo detalla que Serjal recibía pagos mensuales que inicialmente fueron presentados como “colaboraciones”, pero que luego se convirtieron en una “cuota fija”.
Los testimonios de Peiti y Ponce Asahad, ambos condenados en juicios abreviados como arrepentidos, fueron centrales para establecer este esquema de corrupción.
La sentencia documenta varios encuentros clave. Uno de los más significativos ocurrió el 15 de julio de 2019 en el bar “Safyta” de Rosario, donde Serjal, Ponce Asahad y Peiti mantuvieron una reunión para ratificar el “acuerdo de protección” y donde se le indicó a Peiti que debía “seguir pagando”.
Otro episodio crucial fue el encuentro en el hotel Etoile de Buenos Aires, los días 13 y 14 de noviembre de 2019. Serjal viajó a la Capital Federal utilizando recursos públicos del Ministerio Público de la Acusación: un vehículo oficial, un chofer del organismo y luego solicitó el reintegro de gastos de peaje y combustible. El tribunal concluyó que este viaje, que Serjal justificó como recreativo ante su amigo que lo acompañó, tuvo como verdadero objetivo reunirse con Peiti. Por este hecho, además, fue condenado por peculado de servicios.
Uno de los actos más graves que la sentencia atribuye a Serjal fue el dictado de la resolución 62/2018, mediante la cual concentró en su fiscalía regional todas las causas de juego clandestino de la jurisdicción. El tribunal consideró que esta medida administrativa tuvo como “finalidad última neutralizar investigaciones y proteger a Peiti”.
La fiscal Marianela Luna, quien había iniciado investigaciones por juego ilegal en Casilda, declaró en el juicio que intentaron apartarla de sus causas tras el dictado de esa resolución. El tribunal interpretó este episodio como “el primer reflejo visible del funcionamiento interno de la organización criminal dentro del Ministerio Público Fiscal”.
En diciembre de 2018, cuando el fiscal Matías Merlo estaba por realizar allanamientos en Melincué, se creó un expediente duplicado e irregular para interferir en esa investigación. La fiscal adjunta Matilde Milicic declaró que Serjal le ordenó “manejarse con Gustavo” (Ponce Asahad) respecto de la causa y le instruyó expresamente “no hacer nada”.
Ugolini, desde su posición como empleado administrativo, tuvo acceso privilegiado a los sistemas informáticos del MPA y transmitió sistemáticamente a Peiti información sobre allanamientos inminentes, causas en trámite e investigaciones que podían afectarlo. En junio de 2020, incluso le recomendó destruir sus teléfonos celulares para evitar ser interceptado.
Cuando el 11 de julio de 2019 se produjo una balacera contra un edificio de calle Servando Bayo donde vivía un familiar de Peiti, Serjal instruyó a Milicic para que no avanzara en la investigación de ese atentado, a pesar de tratarse de un hecho violento en plena vía pública.
La estructura criminal comenzó a resquebrajarse en enero de 2020, tras el homicidio de Enrique Encino en el casino City Center de Rosario. La investigación de ese crimen llevó a interceptar comunicaciones de Ramón “Cachete” Díaz, integrante de la banda de Los Monos, lo que permitió descubrir no solo extorsiones contra operadores del juego, sino también las filtraciones de información desde el Ministerio Público.
En junio de 2020, los investigadores del Organismo de Investigaciones advirtieron sobre las filtraciones y convocaron a Serjal a reuniones el 16 y 17 de ese mes. El tribunal destacó que, paradójicamente, Serjal acudió acompañado por Ponce Asahad, quien también estaba implicado en la trama.
El 9 de julio de 2020, en plena crisis de la organización, Ponce Asahad se reunió con Peiti en el Club Sirio Libanés de Rosario. Cámaras de seguridad captaron el encuentro, y se secuestró una fotografía en el interior de un Audi con fajos de dólares. Inmediatamente después, Peiti envió un mensaje diciendo que “quedó todo arreglado”.
Para el 24 de julio de 2020, la situación era insostenible. Serjal, Ponce Asahad y Ugolini se presentaron ante el Fiscal General Jorge Baclini en una reunión clave. La defensa de Serjal cuestionó su presencia en ese encuentro, argumentando que sus oficinas estaban en el Centro de Justicia Penal y no en el edificio de calle Montevideo donde se realizó la reunión, lo que sugiere la excepcionalidad de la situación.
El 31 de julio de 2020 se allanó el domicilio de Ponce Asahad. Días después, el 11 de agosto, Ugolini fue formalmente imputado, completando el cerco judicial sobre la organización.
Un elemento que el tribunal valoró especialmente fue el cambio en el nivel de vida de Serjal tras asumir como Fiscal Regional. Su amigo personal, el testigo Minni, declaró que Serjal “era un chico muy sencillo, con recursos limitados, y después podía costear restaurantes y hoteles caros”. Minni relató que acompañó a Serjal en al menos cuatro viajes “recreativos” a Buenos Aires donde se alojaban en hoteles de lujo, cenaban en restaurantes exclusivos como el Presidente Bar, y Serjal se sometía a masajes y tratamientos costosos.
La contadora Marina Marsili, del área de Auditoría del MPA, declaró sobre “el contexto patrimonial del acusado, ingresos no justificables e incumplimientos formales”. Sin embargo, ni la fiscalía ni el tribunal pudieron determinar con exactitud el monto total de las dádivas percibidas por Serjal durante los años de actividad delictiva.
La condena se sustentó en múltiples elementos probatorios. Las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir las comunicaciones entre los miembros de la organización. Las geolocalización por antenas de telefonía celular confirmó encuentros que los acusados intentaron negar. Las cámaras de seguridad registraron reuniones clandestinas en distintos puntos de Rosario.
Un elemento particularmente incriminatorio fue el hallazgo en el teléfono de Ugolini de búsquedas en Twitter sobre “Peiti” y “Peiti prófugo” realizadas el 25 de julio de 2020, así como conversaciones de WhatsApp donde informaba a Peiti sobre el estado de causas por juego clandestino.
El tribunal también destacó que Serjal reseteó su teléfono celular en cinco oportunidades, interpretando esto como un “intento deliberado de ocultar/borrar toda información” que pudiera incriminarlo.
Leonardo Peiti y Gustavo Ponce Asahad, ambos condenados a 3 años de prisión en juicios abreviados, fueron las figuras clave de la acusación. Sus testimonios, sin embargo, generaron un intenso debate sobre la validez de la figura del arrepentido en Santa Fe.
La defensa de Serjal cuestionó duramente estos testimonios, alegando que Peiti declaró bajo presión para obtener su libertad y que la fiscal Iribarren habría condicionado medidas cautelares a cambio de información. También cuestionaron que no existía normativa provincial que regulara la figura del arrepentido al momento de los acuerdos.
El Fiscal General Jorge Baclini defendió la aplicación de una resolución interna del MPA que permitía estos acuerdos, argumentando que se ajustaban a parámetros legales. El tribunal finalmente consideró que los dichos de Peiti y Ponce Asahad fueron “creíbles” y que surgió de ambos “la voluntad plena y libre de aceptar la responsabilidad penal”.
La situación de Traferri
A pesar de la centralidad de su rol en la estructura criminal descripta en la sentencia, el senador Armando Traferri no fue juzgado en este proceso, aunque está imputado como jefe de una asociación ilícita.
Los testimonios de Peiti, Ponce Asahad y otros testigos lo ubicaron en reuniones clave con los condenados y como nexo político de la organización. El fallo menciona reiteradamente su participación en la “recaudación a nivel político” del dinero proveniente del juego ilegal. Sin embargo, las particularidades del proceso penal de funcionarios con fueros especiales han impedido hasta ahora su juzgamiento efectivo.
En sus fundamentos, el tribunal remarcó que este caso “versó sobre impunidad y corrupción que provocó un daño institucional de consideración”. Los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra coincidieron en que las conductas de Serjal representaron “una traición a la confianza depositada por el sistema de administración de justicia”.
La sentencia hace referencia a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción, particularmente la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que imponen a los Estados el deber de erradicar la impunidad en estos delitos.
La fiscalía, en su alegato de clausura, expresó que se presentaba “ante la sociedad para elevar el estandarte del MPA como una institución que no va a permitir hechos de corrupción entre sus integrantes y siempre va a bregar por sanear sus recursos”.
Como corolario de la condena, el tribunal ordenó la prisión preventiva inmediata de Serjal y Ugolini, quienes hasta ese momento se encontraban en libertad. Los jueces fundamentaron esta decisión en la necesidad de “asegurar el cumplimiento futuro de la sentencia condenatoria” y en la gravedad institucional de los delitos.
La defensa de Serjal había argumentado que su asistido ya había cumplido arresto domiciliario, fue destituido públicamente y “hoy es otra persona”. Su madre, Maria Estela Benincasa, declaró sobre los “padecimientos familiares sufridos a consecuencia de estos sucesos”. Sin embargo, el tribunal consideró que “el sufrimiento familiar que deriva de la condena es consecuencia natural del delito cometido y no puede neutralizar la respuesta penal”.
Con esta sentencia, la justicia santafesina sienta un precedente en la persecución de redes de corrupción que involucran a altos funcionarios del sistema judicial. El caso desnuda cómo operadores políticos, fiscales y empleados judiciales articularon durante años un sistema de protección al delito, manchando la credibilidad de las instituciones democráticas.
La resolución de 214 páginas estará sujeta a apelación por parte de las defensas, lo que abrirá una nueva etapa procesal. Mientras tanto, Patricio Serjal inició el cumplimiento de su condena en una unidad carcelaria, cerrando así un capítulo oscuro en la historia del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
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