Conflicto con la Ciudad: el Gobierno presentó ante la Corte los argumentos para suspender la presencialidad de clases

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó anoche a última hora ante la Corte Suprema de Justicia los fundamentos del decreto del gobierno nacional que suspendió la presencialidad en las aulas del Áerea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El máximo tribunal deberá definir el destino de la escolaridad en la Ciudad, luego que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, judicializara la decisión del presidente Alberto Fernández para afrontar la segunda ola de coronavirus.

La gestión de Juntos por el Cambio tomó como eje la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, que avaló el pedido de un grupo de docentes y padres para que los niños y jóvenes vuelvan a las aulas, a pesar de un fallo posterior de la Justicia federal que instaba a mantener la virtualidad hasta que se expida la Corte.

En la presentación judicial se hizo eje en la necesidad de adoptar restricciones para evitar la saturación del sistema sanitario y el aumento de la mortalidad. Se consignó, además, que las mismas pretendían reducir la movilidad de personas y las actividades en espacios cerrados y se detallaron números que sostuvieron el aumento de la incidencia de casos en las edades involucradas en el proceso de escolarización.

“Subyace en la demanda una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”, redactaron en el escrito desde la Procuración del Tesoro, que es el órgano superior del cuerpo de abogados del Estado.

Mientras tanto, Rodríguez Larreta se mantiene en su posicionamiento y ayer, en una charla del Consejo de las Américas, dijo que para la administración de la Ciudad “la máxima prioridad en esta etapa es la educación”. Día a día, el jefe de Gobierno deja en claro su postura para cuando deba sentarse con Fernández -con quien transitó un punto de máxima fricción en la relación- a renegociar cómo se va a ampliar el decreto, que vence el próximo 30 de abril.

La administración nacional está alineada con el gobierno bonaerense, comandado por Axel Kicillof, donde remarcan la alta incidencia de casos, que impacta sobre la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e, incluso, presionan al Presidente para que adopte “medidas drásticas” durante 15 días con el fin de que baje la curva de contagios y libere tensión sobre un sistema de salud saturado.

La recomendación del comité de expertos que asesora a la gestión de Fernández fue sumar controles y fiscalizar puntillosamente el cumplimiento de las medidas ya adoptadas, aunque no se mencionó aún la posibilidad de retornar a una fase más restrictiva, como la del año pasado, durante el inicio de la pandemia en la Argentina.

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