Provincia: crece la ansiedad de los intendentes exploran por la prohibición a las reelecciones

Disimulada por las urgencias sociales y económicas de la pandemia, una fuerte tensión política viene surcando a la política bonaerense desde hace meses. Es la que se genera por la ley vigente que limita las reelecciones indefinidas en cargos electivos, en especial las de los intendentes de toda la provincia. Un choque de intereses que, dentro del peronismo, enfrenta a los jefes comunales de ese signo con la agrupación juvenil La Cámpora. Y que ubica a los alcaldes de Juntos por el Cambio en un lugar de impensado objetivo común con sus colegas del oficialismo.

Si no cambian las reglas de juego actuales, en 2023 unos 95 intendentes, de los 135 que tiene la Provincia, no podrán reelegir en sus sillones. Lo que los expone a un inevitable proceso de pérdida de poder, que muchos temen que empiece a evidenciarse en la dinámica de la elección de medio término del año que viene.

Eso se debe a la ley 14.836, sancionada en 2016, con el impulso de la exgobernadora María Eugenia Vidal y de Sergio Massa, que durante la gestión macrista en la Provincia fue una suerte de aliado político para facilitarle gobernabilidad. La representación legislativa del peronismo bonaerense tradicional y del kirchnerismo, por entonces una bancada enconadamente opositora, votó en contra. Técnicamente, se trató de una modificación a un decreto-ley ya existente, que bajo el número 6769/58 es conocida como "Ley Orgánica de las Municipalidades".

De esta manera, ahora la normativa impide la reelección indefinida de intendentes, diputados y senadores provinciales y, a nivel municipal, de concejales y consejeros escolares. Solo se les permite dos períodos consecutivos. Con un detalle, plantado en el artículo 7º de la ley, dentro de lo que son las disposiciones transitorias: en todos los casos, el primer período de gestión que se contabiliza es el se desarrollaba durante la entrada en vigencia de la norma. O sea, el que se inició en 2015. Eso, aun cuando muchos intendentes venían gobernando sus distritos desde mucho antes.

En aquel momento, tanto Juntos por el Cambio como el Frente Renovador massista lo celebraron como un sano cambio a favor de la alternancia, que beneficiaría la calidad política e institucional de la Provincia. La verdad es que, cuatro años después y aunque muy pocos lo admitirán en público, los mismos que votaron el tope a las reelecciones ahora quieren que este desaparezca y, vaya paradoja, el kirchnerismo más duro, que entonces lo rechazaba, aspira a que siga vigente para el recambio del 2023.

Conurbano

Conviene ir por partes. Dentro del PJ, los poderosos intendentes del conurbano se enfrentan a una situación inédita: en palabras de un agudo observador de la cosa pública provincial, "ya no pueden vender futuro". Antes del tope, podían presentarse a la reelección todas las veces que quisieran si su partido así lo determinaba y, en todo caso, la salida del cargo era claramente una decisión de los votantes. Puertas adentro del peronismo, a un jefe comunal con reelección indefinida no se le atrevía prácticamente nadie. O algún aventurado que se animaba a desafiar al aparato y a la caja local.

Pero los intendentes justicialistas tienen ahora en sus distritos a un actor del mismo signo político con aspiraciones de crecimiento: la agrupación que lidera Máximo Kirchner. Y que cuenta con el respaldo de la figura más convocante del PJ, la vicepresidenta Cristina Fernández. También manejan delegaciones de dependencias nacionales estratégicas, como el PAMI o la Anses, buena parte del Congreso nacional y cargos interesantes en la Legislatura provincial. La Cámpora tiene lo que en la jerga política denominan como "fierros". Traducido: fondos para hacer política.

Y unas tremendas ganas de imponerse en intendencias de tradición peronista, desafiando al cacique local si es necesario. En 2019 lograron triunfar en Quilmes, de la mano de Mayra Mendoza, un distrito que el PJ había perdido cuatro años antes. Ahora van por más, prometen voceros oficiosos de la agrupación.

Por cierto, ese avance parece ser un fenómeno de desarrollo eminente en el conurbano, epicentro del poder territorial de Cristina. No asoman caciques peronistas del interior, algunos gobernando sus comunas desde hace añares, demasiado preocupados con La Cámpora.

En el caso de los intendentes de Juntos por el Cambio, que entraron en 2015 y fueron reelegidos el año pasado, el tope a las reelecciones los expone en muchos casos a pensar un destino nacional o provincial (siempre hay más postulantes en las listas que lugares para repartir) y a que, ya desde ahora, proliferen funcionarios o dirigentes locales con pretensiones de sucederlos y así se les embrolle su propia interna partidaria de pago chico. La verdad es que casi ningún jefe comunal amarillo ha moldeado todavía un delfín, un continuador. Y algo más: se arriesgan a la pérdida del territorio en manos de la oposición.

La impresión que se percibe en el mundillo político, en charlas privadas, grupos de WhatsApp o reuniones vía Zoom, es que todos, incluso los diputados y senadores, preferirían tener la opción de volver a presentarse.

El dilema, en todo caso, es cómo frenar la aplicabilidad de la ley 14.836 tal cual está ahora. De eso hablan reservadamente peronistas y cambiemistas en los respiros que les deja la atención a la pandemia por el Covid-19.

¿Suspensión?

Parece inviable votar una ley que "modifique las modificaciones" introducidas en 2016 o que suspenda "por única vez" sus términos. Demasiado costo político para la Legislatura en general y para los partidos en particular, en especial para el massismo y el macrismo. Estarían deshaciendo lo que aplaudieron a rabiar hace muy poco.

Por eso, porque desde la política no asoma una solución, es que se analiza explorar la vía judicial. Trascendió que al menos un intendente de Juntos por el Cambio consultó a constitucionalistas para pedir opiniones respecto de una posible interpretación de la ley para que se tome como primer período de gestión el iniciado en 2019, debido a que la 14.836 se votó después de la elección de 2015. Así, en 2023 podrían presentarse al supuesto segundo mandato.

"Mirar hacia adelante, no hacia atrás", explica un vocero oficioso al tanto de las conversaciones. La misma lógica barrunta el PJ, con más cancha en la faena de encontrar vericuetos debido a su antigüedad presencial en el tablero provincial.

Sobre esa base, para conseguir ese rulo legal circula la idea de jugar con una supuesta vulnerabilidad de los derechos de los intendentes actuales frente a los posibles sucesores. E incluso de los votantes. Por ahora, pura especulación.

No sería un intendente determinado quien presente el recurso judicial que eventualmente dispare el debate. Una versión recogida en fuentes políticas dice que se estaría cocinando un acuerdo para que dirigentes de diversos partidos, entre ellos oficialistas y opositores, aparezcan como los denunciantes. Probablemente dirigentes de segunda línea, concejales o consejeros escolares. En ese caso, serán clave los juzgados que se elijan para presentar los amparos.

La judicialización del tope a las reelecciones implica la posible llegada del tema a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el fin del camino para este tipo de discusiones. En un tema incomodo para el tribunal. Una versión que se escucha en La Plata asegura que, oficiosamente, desde esa instancia se envió un mensaje a "la política" advirtiendo que la cuestión no es del agrado de los jueces.

Fuentes de la Corte contaron que ese posible escenario no fue abordado por los jueces ni siquiera de manera informal. En el Tribunal se admite, sin embargo, que en un país donde cualquier cosa se judicializa no puede descartarse un desenlace que los involucre.