Coronavirus en la Argentina: más procedimientos por el caso de los sobreprecios en Desarrollo Social

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, desplazó a 16 funcionarios por el escándalo en la compra de alimentos para hacer frente el coronavirus
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, desplazó a 16 funcionarios por el escándalo en la compra de alimentos para hacer frente el coronavirus Fuente: LA NACION
Hernán Cappiello
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24 de abril de 2020  • 18:24

La Justicia realizó nuevos procedimientos en la investigación por la compra de alimentos con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social. El juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Guillermo Marijuan realizaron pedidos de documentación al Gobierno por las adquisiciones y requerimientos a las empresas.

Anoche se realizaron allanamientos en la sede de las empresas involucradas luego de que tareas de inteligencia ordenadas por la justicia habían determinado que se estaban retirado documentos de una de las compañías investigadas. Y ahora esos procedimientos continuaron en oficinas del centro porteño. Anoche el procedimiento se efectuó en Beruti al 2300, sede de Copacabana, y en otros dos lugares San Fernando y en Beccar, en el conurbano norte.

La compra de alimentos se hizo por invitación a un grupo de empresas, no por licitación debido a la emergencia sanitaria e insumió unos 543 millones de pesos. La compra con sobreprecios, que puso de manifiesto una investigación de LA NACION, motivó la renuncia de 16 funcionarios del Ministerio de Desarollo Social a cargo de Daniel Arroyo.

Copacabana fue la empresa que iba a vender aceite en la botella de 1,5 litros de la marca "Indigo" a $166.58. Ante el juez, el productor del aceite dijo que lo vendía a $96, incluyendo los impuestos y el traslado. Copacabana también iba a vender 340.000 kilos de fideos semolados, de azúcar, de arroz y de lentejas. Hay otras dos empresas que proveerían alimentos cuyas oficinas fueron allanadas.

Ante la denuncia, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la operación que finalmente fue dejada sin efecto.

El fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, había hecho una investigación preliminar que se transformó en una denuncia penal que motivó estos procedimientos.

La fiscalía de Rodríguez analiza otros casos de otras compras de alimentos con posibles sobreprecios y está en busca de los expedientes originales que motivaron esas adquisiciones.

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