Costarán mucho más el gas, la luz y el agua al eliminarse los subsidios

El camino que comenzó con las grandes empresas se orienta ahora a los usuarios residenciales. El Gobierno anunció ayer una quita total de subsidios a partir de enero para las tarifas que abonan los habitantes de Puerto Madero, zonas de Palermo y Recoleta y todos los countries y barrios cerrados del país. La misma medida regirá desde diciembre para las compañías más importantes de agroquímicos, refinamiento de combustible, gas natural, biodiésel y aceites de exportación.

Esta nueva norma, un cambio drástico en la política de mantener servicios públicos baratos para alentar el consumo, abre la puerta a los fuertes aumentos de precios a clientes domiciliarios. Si bien la tarifa seguiría siendo la misma, la desaparición del subsidio estatal afectará gradualmente a un número mayor de consumidores: los que dejen de recibir los subsidios en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires deberán pagar boletas de luz, gas y agua que resultarán entre tres y cuatro veces más caras que las que se pagan en la actualidad.

Además, a partir del año próximo los usuarios domiciliarios de estos servicios en otros barrios recibirán "una especie de declaración jurada " para que confirmen si, de acuerdo con su situación económica, renuncian voluntariamente a estos beneficios o si necesitan mantenerlos. Así lo anunciaron ayer los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación Federal, Julio De Vido.

Según analistas privados, la quita de los subsidios en los servicios de electricidad, gas y agua agregará, cuando se generalice, entre tres y cinco puntos a la inflación real.

La medida anunciada ayer afectará a unos 232.000 hogares y representa un ahorro fiscal de 3968 millones de pesos.

Boudou explicó que una vez recibidas las declaraciones juradas se hará un registro, que estará disponible en Internet, para "transparentar" los mecanismos de asignación de los subsidios. Este sistema asumirá que el usuario que no solicite continuar recibiendo subsidios será porque no los necesita. En cambio, si quiere seguir siendo beneficiario, "se cruzará la información del solicitante con las bases de datos del Estado y se tomará una decisión". Incluso se podría apelar a visitas de asistentes sociales para determinar la situación económica y social de cada hogar.

Los que reciben Asignación Universal por Hijo y jubilación mínima o tengan alguna categorización especial por razones sociales, seguirán subsidiados. Los funcionarios explicaron que la idea del Gobierno es determinar, incluso entre los usuarios residenciales, quién necesita subsidios y quién no, y cuánto puede pagar cada uno, para aplicar un precio acorde a sus posibilidades.

De Vido informó que las fraccionadoras de gas natural quedan excluidas de este anuncio con el objeto de no alterar los precios de las garrafas.

Desde algunas empresas prestadoras de servicios públicos se alertó ayer sobre la posibilidad de que, a partir de los anuncios de eliminación de los subsidios a la luz, el gas y el agua a usuarios residenciales, se genere una "avalancha de reclamos" por los nuevos precios que se verán reflejados en las facturas.

Una comisión mixta entre el Ministerio de Planificación y Economía -creada a principios de mes- es la encargada de evaluar y diseñar la implementación técnica de los recortes de subsidios. Sin embargo, aún no se ha explicado cómo categorizan económicamente a los usuarios ni qué plazos de trabajo manejan.

Por otro lado, el pedido que deberán hacer los usuarios interesados en seguir percibiendo subsidios sembró más dudas que certezas: el Gobierno no explicó con qué criterios de evaluación determinará quién necesita ayuda estatal en sus boletas de servicios y quién no; tampoco dijo a quiénes se enviará primero el formulario de declaración jurada ni con qué cronograma avanzará la quita de beneficios. Por ahora, la única certeza es que con la medida anunciada ayer dejan de recibir subsidio en su consumo 232.000 usuarios domiciliarios de alto poder adquisitivo. De Vido dijo que se empezó por la ciudad de Buenos Aires, dado que percibe el 53% de los subsidios nacionales.

Esta quita inicial del beneficio a usuarios y grandes empresas representará para el Estado un ahorro de $ 3968 millones. A esto hay que sumar los $ 600 millones ahorrados por la eliminación de subsidios a bancos, juegos de azar, aeropuertos, puertos fluviales de pasajeros, telefonía móvil, minas y extracción de hidrocarburos que se había dispuesto a principio de mes y los $ 700 millones que se dejarán de gastar por el traspaso del subte a la ciudad de Buenos Aires.

Estos más de $ 5200 millones que el Gobierno busca ahorrar el año próximo representan sólo el 7% de los estimados en el proyecto de ley de presupuesto 2012.

El sector energético carga con el 60% del actual esquema de subsidios: la mayor cantidad de recursos está canalizada en la importación de combustible para generación energética y en el mercado eléctrico mayorista. El transporte público (colectivos, trenes y Aerolíneas) consume el 28 por ciento. El presupuesto 2012 que el oficialismo espera aprobar antes de fines de año contempla partidas de $ 75.273 millones para atender subsidios económicos, pero aún no hubo un pronunciamiento oficial sobre si en el Congreso se tratará alguna reducción.

Transporte

En tanto, las primeras bajas graduales en los subsidios al transporte comenzarían después de las vacaciones de verano y estarán focalizadas en la demanda a través de la tarjeta SUBE. El primer turno sería para los colectivos con recorridos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Así lo confirmó a LA NACION un funcionario del Ministerio de Planificación.

Por estos momentos, una comisión mixta del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte está investigando los tipos de recortes que se implementarán. Si no hay apuro, las primeras medidas en este sentido se tomarían después de febrero y antes de julio de 2012, dado que durante el primer trimestre del año baja el ritmo de la actividad económica y la utilización del transporte público.

Hace dos días se dictó la obligatoriedad para que todas las líneas de colectivo implementen el sistema de boleto electrónico, de lo contrario no accederán a los subsidios y los usuarios viajarán gratis. A través del SUBE, el Estado aspira a focalizar los subsidios en las personas mediante una base de datos que permita discriminar las necesidades de los usuarios.