Formosa: la Procuración pidió informes al gobierno de Gildo Insfrán por las denuncias de violaciones a derechos humanos

Un fiscal federal pidió informes al gobierno de Formosa para iniciar una investigación preliminar sobre la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos y el gobernador Gildo Insfrán en relación con las medidas tomadas en la provincia de Formosa en la lucha contra el coronavirus.

El pedido de informes fue enviado al gobierno de Insfrán por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Andrés Heim, pero que en la feria de verano es subrogada por el fiscal Diego Iglesias.

Si encuentra elementos en la investigación preliminar, el fiscal impulsará una causa penal contra las autoridades nacionales y provinciales denunciadas como responsables.

El pedido de informes del fiscal obedece a una presentación de la Coalición Cívica que había denunciado ante el procurador "graves violaciones de los derechos humanos" en Formosa, incluida la presunta desaparición forzada de una persona. Una docena de legisladores sostuvieron que debe investigarse la responsabilidad de Insfrán; del ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, y del ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Francisco Gómez. Pero también denunciaron la "inacción" de los funcionarios nacionales Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Andrea Pochak, subsecretaria de Protección de Derechos Humamos. Pietragalla y Pochak están ahora en Formosa.

El fiscal Iglesias pidió al gobierno provincial información sobre las normas provinciales vinculadas con la pandemia por Covid-19; las medidas sanitarias dispuestas.

Solicitó asimismo identificar cada uno de los "centros de aislamiento" o Centros de Atención Sanitaria (CAS), con indicación de su ubicación exacta, vías de comunicación, tipo de establecimiento (escuela, gimnasio, etc.), sus características edilicias, la superficie total y construida, los planos de cada uno, la cantidad de baños y las características generales.

De cada establecimiento, el fiscal reclamó saber cuáles son los espacios utilizados y la finalidad de cada uno, la capacidad de alojamiento (cupo y en base a qué parámetros se determinó), la cantidad de personas alojadas -discriminadas de acuerdo a las categorizaciones del lugar-, con qué dotación de médicos y enfermeras cuentan, con qué personal policial o de seguridad y qué personal de limpieza.

Asimismo, el fiscal quiere saber la planificación de la provisión de alimentación diaria, si quienes están alojados en los centros de aislamiento están comunicados, con qué elementos de higiene cuentan y qué suministros de limpieza hay en cada establecimiento.

Iglesias pidió que se especificaran los criterios para la distribución de las personas presuntamente afectadas en cada centro de aislamiento, los protocolos de tratamiento (con expresa indicación de plazos de aislamiento previstos) y el tratamiento que se les da a las personas menores de edad y a aquellas que no pueden valerse por sí mismas.

Por otro lado, la fiscalía solicitó informes sobre los procedimientos policiales llevados a cabo. Fue en respuesta a reclamos de comunidades wichi de las localidades de El Palmarcito, San Miguel y Santa Teresa.

Y finalmente solicitó que el gobierno formoseño informe si, como denunciaron los legisladores, se encuentra detenido por la policía provincial Cicelio Melgado (DNI 44.345.266). También, que se aporten las actuaciones que se hicieron con respecto a su persona, incluida la correspondiente intervención judicial.

El fiscal le pidió al juez federal de Formosa copia del hábeas corpus presentado por el senador radical Luis Naidenoff y le pidió a sus colegas fiscales federales de Formosa que le informen si existe alguna causa abierta por estas cuestiones en esa jurisdicción.

Los legisladores de la Coalición Cívica denunciaron que:

• Hay centros de aislamiento para casos de Covid que no cuentan con condiciones mínimas de vivienda. Especialmente el estadio Cincuentenario.
• A los pacientes se le practican hisopados y se le informan los resultados verbalmente, permaneciendo privados de sus derechos hasta 20 días.
• Hay muchas personas que, pese a ser casos negativos de Covid-19, son obligadas a convivir estrechamente con casos positivos, con lo que se pueden contagiar.
• Una menor de edad fue aislada el 2 de enero pasado en el estadio Cincuentenario, por haber sido contacto estrecho de una tía. Quedó sola en el estadio, sin su familia, y se le dio de alta tras 14 días de aislamiento.
• Una mujer que habría ingresado a la provincia de Formosa el día 28 de diciembre del 2020, con su hijo de tres años y un hisopado negativo, fue enviada de todos modos al estadio Cincuentenario con su hijo. A los 11 días, el resultado del test le dio positivo y la mantuvieron aislada. La mujer dijo que en el lugar no hay condiciones de higiene y salubridad, que no se puede dormir por el calor, que no hay privacidad ni intimidad, ya que se encuentran aislados todos juntos, amontonados y separados por lonas, sin distanciamiento entre las personas, ni baños adecuados, con falta de mantenimiento en materia de higiene.
• Se detuvo arbitrariamente a miembros de la comunidad wichi, que se habían manifestado para pedir la instalación de un cajero automático móvil. El reclamo habría desembocado en una persecución policial violenta y la detención de alrededor de 16 miembros de la comunidad, entre los cuales se encontraban menores de edad. Supuestamente entre los detenidos está Cicelio Melgado, de quien su familia desconoce su paradero.

Entre los firmantes de la denuncia están el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; el presidente del partido, Maximiliano Ferraro; Mariana Stilman, Alicia Terada, Paula Oliveto y Héctor "Toty" Flores.

Por Hernán Cappiello

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