Crecen las protestas de trabajadores del Congreso por el deterioro salarial
Los empleados legislativos denuncian una pérdida salarial superior al 70%; la oposición y el gremio exigen reabrir la paritaria, pero el oficialismo retruca con una defensa del equilibrio fiscal
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La motosierra se instaló en el Congreso. Se cuela entre los reclamos legislativos de la oposición, pero también decora los pasillos del Palacio Legislativo y sus anexos. “Martín: los voté pero no llego ni al 10 del mes”, se lee en un cartel dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Abajo, en letras grandes, se repite como un mantra desesperado: “Ayudanos, ayudanos, ayudanos, ayudanos, ayudanos”.
La frase acompaña otros carteles de trabajadores autoconvocados que denuncian una recomposición salarial muy por detrás de la inflación. La pérdida de poder adquisitivo, señalan, trepa al 71,25%. “No somos la casta”, dicen.
El gremio legislativo rechazó el aumento del 1,3% mensual que ofreció el oficialismo para marzo, abril y mayo. “No lo vamos a firmar, buscamos otra salida”, advirtió a LA NACION Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL).
La paritaria se rige por una ley específica y debe ser convalidada por una resolución conjunta de Menem y Victoria Villarruel. Aunque el año pasado se desengancharon las subas de los legisladores de las del personal –tras el escándalo por las dietas–, los salarios quedaron igual de golpeados. “Perdimos más del 80% del poder adquisitivo en un año y cuatro meses”, alertó el sindicalista.
Un grupo de diputados de Unión por la Patria (UP), con el respaldo de referentes como Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Alejandro Vilca (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (Democracia), Agustín Domingo (Innovación) y Mónica Fein (socialismo), presentó un proyecto de resolución para exigirle a Menem que reabra la paritaria del personal a su cargo. La iniciativa recoge el reclamo de APL y advierte que se trata de una “grave afectación del nivel de vida”. En paralelo, UPCN denunció aumentos retroactivos mínimos: 1,5% en enero, 1,2% en febrero. “Bregamos por salarios dignos”, expresaron.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores apelan a convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Los Estados deben abstenerse de conductas que limiten el derecho de los sindicatos a negociar”, citan. También apuntan contra Menem: “La presidencia de la Cámara no lo autoriza a clausurar el diálogo con quienes representan a los trabajadores”.
Durante el debate fallido sobre jubilaciones, Pichetto alzó la voz: “¿Cómo puede haber dirigentes sindicales que firmen por el 1%? La gente no puede vivir. No hablo de los diputados, hablo de quienes trabajan en esta casa”.
Mónica Frade (Coalición Cívica) se sumó al reclamo y cargó contra el oficialismo y las conducciones sindicales. Recordó que, según cifras difundidas por el propio Menem, la presidencia de Diputados ahorró $25.546 millones en seis meses, de los cuales $15.920 millones provinieron del recorte en personal. “Si dividimos ese ahorro en 4500 trabajadores, podrían haber recibido un millón de pesos cada uno”, remarcó. Y lanzó: “Esta Cámara funciona gracias a ellos: los que sacan fotos, limpian, sirven café, alcanzan papeles o acompañan a las chicas que compran carteras y no pueden caminar tres cuadras con tacos”, dijo mientras señalaba a las bancas oficialistas.
Desde el estrado, Menem respondió. “Todos los argentinos sufrimos la inflación, no solo los empleados del Congreso. Es fruto del gasto desenfrenado que nadie se animó a cortar”. Luego, con sorna, prometió regalarle a Frade un libro sobre inflación.
Desde el kirchnerismo aplaudieron las intervenciones de Pichetto y Frade. Pero nadie más se sumó al reclamo. Hubo reproches, silencios y miradas cruzadas. En el Congreso, cada quien cuida su propio equilibrio.
Senado
En el Senado, un proyecto de resolución similar fue dirigido a la vicepresidenta. Lo impulsaron los senadores kirchneristas Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, José Mayans y José Rodas. El texto solicita la reapertura del diálogo paritario y se alinea con los reclamos expresados por los gremios legislativos.
Alertada del malestar y la dificultad de acordar una paritaria que calme el malestar salarial, Villarruel le ordenó a la nueva directora general de Recursos Humanos, Alejandra Figini, encontrar un atajo para poder mejorar los ingresos de los empleados de la Cámara alta.
La solución propuesta por Figini fue promover la recategorización de aquellos empleados con categorías que estén debajo de la línea de pobreza, que van de la 8 a la 14. Sin embargo, la mejora no será para todos, se habla de un 10% del total de quienes se encuentran en la parte baja de la escala y, además, estará sujeta a la propuesta de los directores del área. “Esto no hará más que achatar la pirámide salarial, como ocurría con las jubilaciones durante el kirchnerismo”, se quejó un delegado gremial.
Como contrapartida, Villarruel le otorgó a su directora de Recursos Humanos amplias facultades para disponer en materia de licencias y franquicias, movilidad del personal, control de presentismo, aceptación de renuncias y bajas de los empleados temporarios.
Figini viene de la actividad privada y es propietaria de una consultora de recursos humanos. Esta semana, en una reunión reservada para directores, que contó con la presencia de la vicepresidenta, la funcionaria proyectó una serie de diapositivas en la que se defiende la política salarial y se dan argumentos para responder a las quejas de los empleados.
En ese documento se puede ver cómo el salario bruto promedio de un empleado administrativo del Sendo está unos pesos por arriba del que perciben un trabajador de comercio en el ámbito privado, es casi similar el del Poder Judicial y es casi un tercio mejor que los que perciben en el Poder Ejecutivo.
Motosierra en los insumos
Los recortes no se limitan a los sueldos de los empleados. También llegó a los gastos operativos. La situación llegó a una crisis la semana pasada en el Senado, cuando se ordenó mantener cerrados por varias horas la mitad de los baños en muchos pisos del edificio anexo.
Las quejas apuntaron Iván Nordenstrom, director de Servicios Generales y señalado como miembro de los jóvenes seguidores de la vicepresidenta conocidos como los “Villarruelines”, que fue quien habría dado la orden de clausurar los baños.
Nordenstrom es uno de los responsables de la compra de suministros. Sin embargo, quienes conocen la dinámica interna del equipo de colaboradores de Villarruel asegura que el funcionario cumplió órdenes de su superior, Francisco Funes, director General de Administración.
Una fuente con acceso al parea administrativa del Senado le contó a este diario que la política de recortes se traduce en órdenes y contraórdenes a los proveedores. “Deciden gastar $100 millones, pero después los bajan a 50 y al final terminan ordenando comprar por 30, los proveedores están hartos de tantas idas y vueltas”, abundó. Los insumos afectados van desde papel higiénico y toallas de papel para los baños, hasta las resmas.
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