Crisis aliancista por fondos reservados

LA PLATA.- La tajante negativa de los dos últimos presidentes de la Cámara de Diputados bonaerense a explicar públicamente cómo gastaron fondos reservados que se acercan a los 40 millones de pesos anuales terminó por poner al borde de la fractura el bloque de la Alianza.

Cinco diputados del Frepaso, enrolados en un subloque que no parece dispuesto a aceptar la política oficial, presentaron un proyecto de resolución que, de ser aprobado, autorizará la difusión pública de la rendición de cuentas de esos fondos, aun cuando el Tribunal de Cuentas provincial no haya concluido su labor de fiscalización.

Los diputados y senadores de la provincia utilizaron discrecionalmente desde 1984 hasta agosto último fondos de carácter reservados autorizados por la derogada ley 10.370. La norma está sospechada de haber servido para financiar campañas y haber sido el sostén para abonar sueldos de punteros políticos.

Desde 1993, además, se nutrió de millonarios aportes que el Ejecutivo provincial depositaba regularmente en sendas cuentas abiertas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto para publicitar el destino de esos caudales y que ingresó en la Legislatura fue redactado por el frepasista Guillermo Oliver y rubricado por sus compañeros de bancada Adolfo Aguirre, Hugo Gurrieri, Armando Valbuena y Graciela Vanzán.

"Es imposible que la Legislatura, autora de varias leyes que imponen medidas de transparencia a otros organismos públicos, se niegue a dar a conocer cómo administra sus propios recursos", dijo Oliver a La Nación .

La moción, que podría ser tratada sobre tablas en la próxima sesión de Diputados, involucra especialmente al titular del cuerpo, el radical Francisco Ferro, y a su antecesor, el frepasista Alejandro Mosquera.

El primero también presidió la Cámara baja durante 1998 y reconoció haber gastado más de 32 millones de pesos en concepto de fondos reservados. Hasta agosto último, llevaba distribuidos más de 20 millones de pesos por el mismo concepto. Mosquera, en tanto, utilizó 36 millones de pesos de la ley 10.370 durante su gestión en 1999.

Reiterada negativa

Ambos se negaron en reiteradas oportunidades a explicar detalladamente el destino cierto de esos caudales. Argumentaron que no lo podían hacer mientras el Tribunal de Cuentas estaba analizando los ejercicios en cuestión. Lo que se pide ahora, precisamente, es que se levante esa prohibición.

Los turbios manejos monetarios nacidos al amparo de la derogada ley 10.370 fueron detalladamente explicados a La Nación por un diputado radical del interior provincial.

Bajo estricta reserva, el legislador se ofreció a mostrar los "recibos de sueldo" pagados con dinero de la desaparecida ley y que confeccionaba en su propia computadora en sencillos papeles blancos y sin membrete. Explicó que todos los pagos eran para asesores que, obviamente, trabajan en negro. Y en una rápida suma de cuentas dijo que cada legislador recibía 11 millones de pesos al año. Sin embargo, se gastaron $ 32 millones.