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Cristina Kirchner apura el pliego de la camarista que debe decidir si se reabre la causa Hotesur
Se trata de Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara de Casación Penal; el 30 de mayo será la audiencia para tratar el pliego que le daría cinco año más en el cargo una vez que cumpla 75
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LA NACIONGustavo Ybarra
Mientras el Senado sigue paralizado, con las comisiones aún sin constituir a pesar de que hace casi 70 días que comenzó el período de sesiones ordinarias del Congreso, la vicepresidenta Cristina Kirchner ordenó convocar a audiencia pública para tratar el pliego que pretende darle un nevo acuerdo a la camarista Ana María Figueroa para prolongar su magistratura por cinco años más después de que en agosto cumpla 75 años, edad a la que debería jubilarse.
La continuidad de Figueroa en la Cámara Federal de Casación Penal cobra relevancia debido a que su voto puede ser decisivo en la definición que el tribunal debe tomar sobre si se debe reabrir la causa Hotesur, que tiene a la vicepresidenta y sus hijos acusados por maniobras de lavado de dinero proveniente de la corrupción.
Figueroa fue convocada a defender su nominación en audiencia pública para el próximo 30 de mayo. Así surge del edicto publicado por el secretario Parlamentario del Senado, Marcelo Fuentes, uno de los hombres de confianza de Cristina Kirchner.
El llamado, que incluye la exposición en dos días de casi medio centenar de postulados a jueces, fiscales y defensores oficiales, fue realizado aún cuando la Comisión de Acuerdos no fue constituida en lo que va del año, por lo que no se sabe si la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), miembro de La Cámpora y de extrema confianza de la vicepresidenta, seguirá como presidenta del cuerpo legislativo.
Para Juntos por el Cambio la convocatoria a las audiencias públicas está directamente relacionada con la causa Hotesur y, por lo tanto, con lo que denomina la agenda judicial de Cristina Kirchner. “Está claro que al kirchnerismo le urge sacar el pliego de Figueroa”, dijo una senadora del conglomerado opositor.
El pedido de prórroga de Figueroa como camarista fue enviado por el Poder Ejecutivo este año en medio de la incertidumbre generada por la decisión que debe tomar la camarista en una de las causas que más preocupan a la vicepresidenta.
Hasta el momento, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que integran la Cámara de Casación junto a Figueroa, ya emitieron sus votos en la revisión del sobreseimiento.
Sólo falta la decisión de Figueroa, que ha dejado vencer todos los plazos procesales y sostiene en privado en que no piensa emitir su dictamen en medio de la presión mediática que se ha generado en torno a su definición.
Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa por el Tribunal Oral Federal 5, cerrando así el camino al juicio oral y público. Sin embargo, la fiscalía apeló la decisión de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, por lo que será la Cámara de Casación la que deberá decidir si se reabre el expediente o queda firme la decisión de los magistrados.
Figueroa debió haberse expedido hace ya varias semanas. De hecho, se esperaba que lo hiciera a mediados e abril, cuando se reincorporó a sus tareas luego de un viaje a Europa que la llevó a La Haya, donde visitó la Corte Penal Internacional, y el Vaticano.
Sin embargo, y a pesar de haber participado de varios acuerdos con sus pares camaristas en el que se discutieron otros expedientes, la presidenta del tribunal sigue sin expedirse.
En la causa denominada Los Sauces-Hotesur se investigan las denuncias por supuesto lavado de activos de la firma que controla el Hotel Alto Calafate, entre otros bienes inmuebles, que es propiedad de la familia Kirchner. Según la denuncia, el negocio era utilizado para blanquear dinero de la corrupción a través del alquiler ficticio de habitaciones a empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López.
Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia se vieron beneficiados en primera instancia por la aplicación de la ley más benigna y porque los jueces Obligado y Brunberg consideraron que el dinero proveniente de la obra pública se había obtenido de manera lícita, por lo cual no podría haber lavado de activos.
Mario Villar, fiscal ante la Cámara de Casación, pidió que se reabra el expediente, por considerar arbitraria la decisión del Tribunal Oral Federal 5, y pidió que se revoquen los sobreseimientos.
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