PASO 2019: en medio del triunfo de Fernández-Fernández, se reanuda el juicio por obra pública en Santa Cruz

Obra pública: comenzó una nueva audiencia del juicio contra Cristina sin la expresidenta
Obra pública: comenzó una nueva audiencia del juicio contra Cristina sin la expresidenta Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli
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12 de agosto de 2019  • 11:57

En medio del triunfo electoral de la fórmula Fernández-Fernández, esta mañana se reanudó el juicio oral en contra de la expresidenta y la de los demás procesados por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz.

Sin la presencia de Cristina Kirchner, ante el Tribunal Oral Federal 2 de Retiro, la Oficina Anticorrupción responderá a los planteos de suspensión y nulidades hechos por las defensas, de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.

La exmandataria tiene permiso para ausentarse de las audiencias que se realizan los lunes cuando lo justifique por su labor parlamentaria. En este caso, Cristina faltó por estar en viaje desde Río Gallegos a Buenos Aires, tras la victoria de su fórmula con Alberto Fernández en las PASO de ayer, con un 47,65 por ciento de los votos. Aterrizó en Aeroparque minutos antes del mediodía.

De esta forma el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública y pago de sobreprecios en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez avanza sin la presencia en la sala de la actual senadora nacional.

Una vez finalizado este tramo comenzarán los llamados "planteos preliminares" que podrán hacer todas las partes, incluidos los abogados de los 13 acusados.

A Cristina Kircher la Justicia la acusa de ser parte de una asociación ilícita debido a que casi el 80% de las obras viales en esa provincia desde 2003 y hasta 2015 fue encargado a constructoras del empresario Lázaro Báez. Por su parte, y en su defensa, los abogados de la candidata reclaman que se periten las 51 obras de aquel período y no sólo las cinco que encargó el Tribunal Oral.

Los delitos que se le imputan, integrar una asociación ilícita en calidad de jefa y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, tienen una pena de hasta 10 y 6 años de prisión.

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