Cristina Kirchner denunció un "plan sistemático" en su contra antes de declarar en la causa de Vialidad

Horas antes de sentarse hoy en el banquillo de los acusados para declarar en el juicio oral por la causa conocida comoVialidad, Cristina Kirchner criticó en duros términos al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por haber negado la transmisión televisiva en vivo de su defensa y volvió a definirse como una víctima de una conspiración judicial, política y mediática.

"En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial, con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático", denunció Cristina Kichner en un mensaje que reprodujo en las redes sociales.

En lo que pareció un anticipo de la defensa que presentará hoy, la vicepresidenta electa insistió en calificar la causa de la obra pública como "un caso paradigmático de lawfare [guerra judicial] en la Argentina, en donde las mentiras, difamaciones y descalificaciones sobre mi persona fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo". Cristina Kirchner cuestionó el rechazo del TOF 2 a su pedido para que su exposición de defensa fuera televisada en directo al recordar que el tribunal fue el mismo que "impulsó y votó la transmisión en vivo de otros juicios orales".

En su defensa, la expresidenta también criticó al juez federal Julián Ercolini, que tuvo a su cargo la primera parte del caso, al que calificó como "el juez mutante de instrucción".

La audiencia comenzará a las 9.30 y Cristina Kirchner estará acompañada de sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy. Se espera un importante operativo de seguridad en Comodoro Py.

Mientras transcurrió el proceso, la vicepresidenta electa, que tiene diez procesamientos firmes y dos pedidos de prisión preventiva, viajó a Cuba seis veces para visitar a su hija Florencia, que se encuentra en La Habana bajo tratamiento médico.

Las indagatorias de este juicio empezaron en septiembre y, además de la expresidenta, hay 12 acusados, como el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido. el exsecretario de Obras Públicas José López y exfuncionarios de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) y la Dirección de Vialidad Provincial de Santa Cruz.

Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, escucharán la defensa de la vicepresidenta electa cuando apenas falta una semana para su asunción. Según fuentes judiciales, Cristina Kirchner no aceptará responder las preguntas del fiscal Diego Luciani ni las de las querellas -la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF)-, y su exposición no se extenderá más allá de esta audiencia.

Irregularidades

En el expediente se investigan irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas viales en Santa Cruz adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Esta es una causa clave en el panorama judicial de Cristina Kirchner. Según la acusación de primera instancia, el direccionamiento de los contratos es el delito precedente de los hechos investigados en las causas Hotesur y Los Sauces.

La lista de acusados se completa con el exfuncionario de Vialidad Nelson Periotti; Santiago Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner; el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y los exmiembros de Vialidad Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Daruich y José Santibáñez.

Las indagatorias comenzaron el 10 de septiembre. En la audiencia de la semana pasada declaró el expresidente de Vialidad Provincial y exintendente de Río Gallegos Juan Carlos Villafañe. Lázaro Báez, en cambio, pidió declarar desde la cárcel, pero el tribunal no se lo permitió. En otra causa por la que se encuentra detenido -conocida como la ruta del dinero K-, Báez reivindicó su amistad con Néstor Kirchner, negó ser su testaferro y acusó al gobierno nacional. También apuntó contra la actual administración Periotti, quien negó haber favorecido a Lázaro Báez y haber integrado una asociación ilícita.

La semana pasada, el abogado de la expresidenta le pidió al tribunal oral que el debate fuera transmitido en vivo por radio y televisión. Los jueces Gorini y Basso rechazaron el pedido con el argumento de que antes de que comenzara el juicio ya habían fijado qué partes del proceso serían televisadas y cuáles no. En ese cronograma, las audiencias correspondientes a las indagatorias no estaban incluidas.

Beraldi había considerado que por ser un "juicio oral y público de gran trascendencia" resultaba apropiado "garantizar su difusión". "El principio de publicidad del proceso constituye una de las condiciones fundamentales del recto servicio de administración de justicia", sostuvo en su pedido.

Una vez finalizada la etapa de las indagatorias desfilarán los testigos. En el listado de los convocados por la expresidenta para declarar bajo juramento están los exjefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Sergio Massa y el propio presidente electo, Alberto Fernández.

El peritaje

En agosto se incorporó al expediente de Vialidad un peritaje que concluyó que en cinco de esas obras hubo sobreprecios de 190 millones de dólares. Con conclusiones y dictámenes diferentes sobre los casos analizados, el perito ingeniero oficial Pablo Eloy Bona y el perito Roberto Panizza -de parte de la fiscalía- indicaron que existieron sobreprecios de entre $170 y 200 millones de dólares en la confección de los pliegos de oferta de las obras analizadas. La perita de parte de los acusados, Adriana Alperovich, señaló lo contrario.

Los jueces ordenaron el informe en octubre del año pasado, durante la etapa de instrucción suplementaria, para determinar si existieron sobreprecios en los pliegos de las obras licitadas y adjudicadas, y para evaluar si las empresas de Báez contaban con la capacidad técnica y financiera para llevarlas adelante. El material aún no fue evaluado y los peritos deberán declarar como testigos en este juicio.

Según supo este medio, las defensas de algunos de los acusados consideran pedirle al tribunal que amplíe el peritaje, por considerar que no es lo suficientemente abarcativo.

También hay pendientes de definición recursos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia y que casi impiden el inicio del proceso en mayo último, cuando una semana antes del comienzo del juicio los ministros de la Corte le pidieron el expediente al TOF N° 2.

Los fiscales de primera instancia describieron la maniobra mediante la cual se direccionaban los contratos: "Austral Construcciones, espuriamente preseleccionada para la adjudicación de la obra, efectuaba una oferta muy por encima del presupuesto oficial, con un incremento de entre el 15% y el 20%, máximo permitido por la ley, mientras que las restantes firmas del empresario realizaban una cotización superior a la primera -e incluso superior al 20%-, lo que transformaba automáticamente a Austral en 'la oferta más económica' y permitía sostener la ficción de competencia", sostuvieron los fiscales.

La investigación la llevaron adelante los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, y fue instruida por el juez federal Julián Ercolini. Ercolini y Pollicita también investigaron las causas Hotesur y Los Sauces.