Cristóbal López enfrenta otro reclamo millonario, ahora en un tribunal arbitral

Los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, sumaron un nuevo capítulo a la disputa plagada de escandalosas acusaciones cruzadas que mantienen con los dos hombres que intentaron tomar el control de holding en tiempos del macrismo, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Batallan en sede penal y también en los tribunales comerciales. Y ahora se sabe que incluye otro pleito, ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Dellatorre inició una demanda de arbitraje en la Bolsa contra López y De Sousa, a los que reclama que le paguen cientos de millones de pesos que sostiene que le adeudan desde que los empresarios patagónicos fueron detenidos por la Justicia, por primera vez, en diciembre de 2017. Afirma que, a partir de ese momento, ambos se desentendieron del traspaso de las acciones del Grupo Indalo, afectando sus intereses.

El reclamo de Dellatorre tramita ante el Tribunal de Arbitraje General que funciona de manera estable dentro de la Bolsa, con tres árbitros permanentes que accedieron por concurso a sus cargos: los abogados Juan Carlos Carvajal, Alejandro Borda y Jorge Rojas. Pero es poco lo que trasciende desde el tribunal, ya que el trámite y contenido de sus expedientes es confidencial.

Dellatorre demandó a López y a De Sousa a finales de 2020, según reconstruyó LA NACION, aunque el reclamo de arbitraje sólo salió a la luz durante los últimos días, cuando llegó a los Juzgados en lo Comercial un oficio desde la Bolsa. Con la firma de Carvajal como presidente de ese tribunal, solicitó copias certificadas de escritos y resoluciones de los expedientes de las quiebras de la petrolera Oil Combustibles y del Banco Finansur, como también del concurso de Aecsa, la otrora concesionaria de la autopista Ezeiza – Cañuelas.

La requisitoria de documentación también alcanzó a los expedientes del fuero Comercial en el que Dellatorre pidió la quiebra de López y del que inició Oil Combustibles –ya otra vez bajo control de los patagónicos– para entablar una “acción de responsabilidad” contra Rosner y Dellatorre, también por montos multimillonarios.

Ese último expediente contiene un cruce feroz de acusaciones por las turbulencias que registró el Grupo Indalo durante los últimos años. Los patagónicos acusaron a Rosner y Dellatorre de ser arietes del entonces presidente Mauricio Macri para perseguirlos. Y estos acusaron a López y De Sousa de criminales que se apalancaron con miles de millones de pesos del Estado de manera fraudulenta.

López y De Sousa argumentaron que padecieron una “persecución gubernamental” durante la presidencia de Macri que se combinó con una “demonización mediática”, y sostuvieron que desde el gobierno de Cambiemos les transmitieron que debían desprenderse del Grupo Indalo o terminarían en prisión y con las empresas quebradas. Así fue como Orlando Terranova, primero, según ellos, y luego Rosner y Dellatorre, se habrían acercado al holding.

Según el Grupo Indalo, Rosner y Dellatorre, “con la complicidad de otros secuaces, engañaron a López y De Sousa para que –actuando con su voluntad viciada– suscribieran los preacuerdos”. Así, Rosner y Dellatorre habrían dado “la falsa promesa de que representaban a un grupo inversor capaz de llevar a cabo una reestructuración de la deuda [del holding] y que tenían las relaciones necesarias para obtener las aprobaciones judiciales correspondientes y así salvar al Grupo Indalo y evitar la prisión de López, sus hijos y De Sousa”. Pero todo resultó, según los patagónicos, “una mentira”.

La primera respuesta la dio Dellatorre. Les atribuyó a López y De Sousa –a los que calificó de “dúo criminal”– de urdir un “falso relato” cuando en lo único en que se destacaron, dijo, fue en “el campo del delito económico, con especialización en defraudación a la administración pública como forma de financiar su actividad empresaria”.

Dellatorre también les endilgó a López y De Sousa que habrían vaciado Oil Combustibles por entre 539 y 2810 millones de dólares, según el tipo de cambio que se tome, fondeo que usaron para comprar otras empresas, engordar sus bolsillos y financiar “paraísos lacustres en Chubut, hoteles de lujo en El Calafate y Bariloche, jets privados, helicópteros, estancias, departamentos, casas y autos de lujo, y la compañía de atractivas modelos”.

¿Y Rosner? Replicó que la Justicia ya “consideró probado que López y De Sousa desarrollaron dentro de Oil Combustibles una política empresarial ruinosa y fraudulenta, provocando su insolvencia y su virtual vaciamiento, pero transfiriendo a otras compañías del holding las sumas en impuestos recaudadas e ingresadas y estos hechos ocurrieron con mucha anterioridad a la gestión de [él, Rosner] como director”.

Testigos y millones en danza

Ahora, mientras la Cámara Federal de Casación Penal define si confirma o revoca el fallo que condenó al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por el otorgamiento criminal de planes de pago de impuestos en fraude contra el Estado en el “caso Oil”, pero absolvió a López y De Sousa, el arbitraje se encuentra en etapa de prueba. Abarca la búsqueda de documentación y la citación de testigos. Uno de los últimos citados fue Alberto Beraldi, el penalista que los patagónicos comparten con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Beraldi se presentó días atrás ante el Tribunal de Arbitraje –el único permanente del país, ya que otros sólo se conforman “ad hoc”–, citado por la defensa de los patagónicos, que sostienen que la transferencia de acciones del Grupo Indalo era de cumplimiento imposible, ya que el juez federal Julián Ercolini las había bloqueado.

La defensa también busca demostrar que los problemas de Dellatorre excedieron a López y De Sousa, ya que la Justicia en lo Comercial primero designó “coadministradores” en Oil Combustibles, para luego, en base a los informes críticos que presentaron esos auxiliares de la Justicia, desplazarlo por completo en marzo de 2018, al igual que a Rosner.

Para Dellatorre, quien reclama entre 10 y 15 millones de dólares, sin embargo, los patagónicos debieron –y pudieron– continuar con el traspaso de acciones. Detalló que López, lejos de actuar bajo coerción del macrismo, se había comprometido a desembolsar US$20 millones para colaborar en la financiación del rescate de Oil Combustibles cuando el juez Ercolini dictó su prisión preventiva. Desde ese momento, según Dellatorre, López y De Sousa “se arrepintieron de los negocios acordados”

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