Cristóbal López tendrá su moratoria y algo más

Alberto Fernández confesó a Lula da Silva que quiere cambiar el mundo. Con los afiliados a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) fue un poco más específico: "Hay que revisar el capitalismo", les dijo. Siguen siendo formulaciones muy generales como para esclarecer la naturaleza de su propuesta. Por eso conviene seguir el consejo de Néstor Kirchner: "No mire lo que digo. Mire lo que hago". Ayer hubo otra manifestación concreta del modo en que el Presidente concibe la economía. En la Cámara de Diputados comenzó a analizarse el proyecto de ampliación de la moratoria impositiva enviado por el Poder Ejecutivo. Disimulado en una maraña de prescripciones, aparece un traje a medida para el empresario Cristóbal López, tan amigo del Presidente como de su vice.

Mientras tanto, el capitalismo no reformado produjo otro revés para las necesidades del Gobierno: ayer los grandes fondos de inversión anunciaron que tampoco aceptarán la última propuesta de reestructuración de la deuda, por la falta de una negociación previa.

La nueva moratoria, que modifica la ley de la solidaridad social, como se denominó el ajuste fiscal de diciembre, es un instrumento muy razonable para atender la parálisis económica derivada de la cuarentena. Sin embargo, en su articulado aparecen algunas peculiaridades. Hasta ahora, las moratorias excluían a los impuestos sobre combustibles y el impuesto sobre la realización de apuestas. El nuevo texto anula esa exclusión. Es decir: los que acumulen una deuda por esas contribuciones podrán saldarla en cuotas.

Hay un detalle relevante. El impuesto a los combustibles y el impuesto al juego no se pueden adeudar. Se pagan en el momento en que se consume el combustible o se realiza la apuesta. Por lo tanto, debe suponerse que lo que está permitiendo esta nueva norma es que ingresen a la moratoria los encargados de recaudar y transferir a la AFIP esos gravámenes. Es decir, empresas vendedoras de naftas y gas, y los casinos y otras salas de juego.

Combustibles + apuestas = Cristóbal López. Es el zar del juego del kirchnerismo. También es, con Fabián de Sousa, el propietario de Oil Combustibles. En el concurso de esa compañía se verificaron deudas tributarias por más de $6000 millones. Y en la quiebra, deudas por $1500 millones. Además, la AFIP tiene que resolver reclamos por $3500 millones. Oil presentó en enero un pedido para cancelar esas obligaciones con un plan de pagos. Pero los servicios jurídicos de la AFIP lo rechazaron porque López y De Sousa están imputados en causas penales. López explicó ayer en su cuenta de Twitter que sus desventuras se debieron a que no puso sus medios de comunicación al servicio de Mauricio Macri. Pero ahora, que están al servicio del kirchnerismo, los técnicos tributarios le siguen negando la razón. Algo está fallando.

Se podría aducir que López y De Sousa, especialistas en hacer negocios con fondos públicos, no tendrían derecho a ampararse en la nueva moratoria porque su empresa está quebrada. Pero el artículo 11 de la nueva ley incluye en la moratoria a empresas en quiebra, que ya no realizan su actividad. Asunto resuelto.

Alberto Fernández eligió un camino extraño para reformar el capitalismo. Quiere reanimar la producción otorgando beneficios fiscales a compañías que ya no producen. Visto de otro modo: el Estado, que está en ruinas, renuncia al cobro de intereses de empresarios fallidos.

Se podría suponer que estas ventajas fueron promovidas por el Presidente. Él tiene una relación muy estrecha con López, que mantuvo durante los nueve años de su enemistad con la señora de Kirchner. Así se explica la incorporación de Julián Leunda a su equipo de asesores. Es el hijo del mejor amigo de De Sousa, para quien prestó servicios especiales en el canal C5N, sobre todo en la relación con los intendentes del conurbano.

Pero las vinculaciones con el oficialismo son inciertas. En los últimos meses, sobre todo después de una comida de reconciliación de López con Máximo Kirchner, al empresario se lo supone más alineado con la vicepresidenta. Imposible saber si esa afinidad facilitó la confección del traje a medida diseñado por la AFIP.

Dicho de otro modo: imposible saber si las quejas de Cristina Kirchner por la falta de docilidad de Mercedes Marcó del Pont, a quien Cristóbal llama Marcó del Pro, estaban motivadas por alguna resistencia de la funcionaria a incluir ese salvataje en la nueva ley. No debería menospreciarse la mano del contador De Sousa. Él fue quien elaboró, durante largos fines de semana compartidos con Néstor Kirchner en Santa Cruz, el principal blanqueo promovido por el expresidente.

Alberto Fernández eligió un camino extraño para reformar el capitalismo. Quiere reanimar la producción otorgando beneficios fiscales a compañías que ya no producen. Visto de otro modo: el Estado, que está en ruinas, renuncia al cobro de intereses de empresarios fallidos.

Debería ser lógico que entre Fernández y su vice se disputen a López y De Sousa. Ellos controlan un grupo de medios de comunicación que puede ser invalorable si se agravan las tensiones en la cúpula. La guerra fría se cursa también en ese campo. Por ejemplo, en estas horas hay una batalla desatada por la incorporación a la TV Pública de un programa producido por un amigo de Mauricio Macri. Impulsado por sus prestaciones periodísticas, López estudia apropiarse de OCA. Sería otra manifestación de su alianza con Hugo Moyano. Por ahora solo están asociados en el ataque a Luis Majul desde la pantalla de C5N.

La reforma del capitalismo de Fernández suma, entonces, nuevas banderas. A las soberanías alimentaria y energética se agrega la lúdica, que se conquista en casinos y salas de bingo.

La revisión capitalista que promueve Fernández termina de desplegarse a través de otra característica de la nueva moratoria: el establecimiento de limitaciones para acceder al mercado de cambios para las grandes empresas que accedan al beneficio. Es la restricción que se había fijado para las petroleras que aprovechen el subsidio que lleva el precio del barril a 45 dólares. Esta insistencia agiganta la incógnita sobre la escasez de reservas netas líquidas del Banco Central.

La preocupación por el volumen de reservas se asocia a la inquietud por la caída en la recaudación. Es uno de los determinantes del aumento del déficit fiscal. La moratoria pretende aliviar ese problema, derivado de la retracción de la actividad que provoca la cuarentena. Este cuadro de problemas agrava la novedad que se produjo ayer: uno de los grupos de grandes tenedores de bonos rechazó la propuesta de Martín Guzmán para reestructurar la deuda. El contexto es inoportuno: el ecuatoriano Richard Martínez ya cerró un arreglo, al cabo de tres meses de negociación y asesorado por Lazard, el mismo banco que colabora con Guzmán.

Aparece con claridad la línea que separa a dos grupos de fondos. Uno es el que integran Fintech, Gramercy y Greylock, que aceptaron la oferta oficial. Estos bonistas tienen la peculiaridad de tener en su cartera acciones de empresas argentinas. Para ellos es más indispensable que el país salga del default, lo que modera la codicia de sus exigencias. También se puede sospechar que aquellos que controlan compañías reguladas quieran tener una atención con el Gobierno.

El otro club está formado por grandes fondos, como Blackrock, Pimco, Templeton y Fidelity, entre otros. Estos bonistas emitieron un comunicado en el que rechazan la oferta que Guzmán presentó ante la Securities and Exchange Commission de Nueva York, porque no fue precedida de un diálogo con ellos. Declaraciones como esa son elaboradas con un criterio principal: ir preconstituyendo los argumentos que se esgrimirían en un tribunal, si se termina en un juicio. Así, el reproche de una falta de negociación prefigura una denuncia sobre negociación de mala fe. Un detalle: el acuerdo ecuatoriano incluye a Blackrock.

La recriminación por la mala fe está en el corazón del conflicto. Los que rechazaron la propuesta se quejan de que el Estado pretenda, una vez que se conozcan los niveles de aceptación del canje, manipular las mayorías a partir de las cuales queda bloqueado el camino a la Justicia. Entienden que esa manipulación –conocida como "redesignación" de los títulos– puede sentar un precedente muy negativo en futuras reestructuraciones a nivel global. Por supuesto, en el caso de aceptar la redesignación, aspiran a ser compensados con un mejor precio en los bonos que recibirían.

Guzmán es víctima de su extraño método de reestructuración. En vez de negociar y, alcanzado un acuerdo, presentar la oferta, presentó la oferta y se sentó a esperar el nivel de aceptación. Los rechazos hicieron que la que iba a ser su propuesta definitiva, la única sustentable, haya sido modificada ya tres veces. En el camino, se comprometió a mejorar el pago en 15.000 millones de dólares. No se sabe dónde se aprende esta estrategia: si en Rodhe Island o en Columbia.

A partir del revés de ayer es más indispensable que Guzmán alcance las mayorías necesarias prescindiendo de esos grandes fondos. Con un problema: si lo hace manipulando los conjuntos de bonos a partir de los cuales las calcula, enfrentará un juicio por mala fe. Las llamadas de Economía al estudio Cleary & Gottlieb, al que el kirchnerismo volvió a contratar, son cada día más frecuentes. Ese estudio es el que había convencido a Cristina Kirchner y Axel Kicillof de que la estrategia de endurecer la relación con los holdouts iba a tener un final feliz. Los mismos abogados aseguran a Guzmán que las "redesignaciones" no presentarán problemas judiciales.

Los fondos que recusaron la oferta cuentan con un antecedente que les aconseja endurecerse. En febrero, Kicillof coqueteó con el default, pero, a último momento, pagó. Hay una diferencia con la situación de Guzmán: la Nación ya está en default. Blackrock y los suyos esperan otra oferta. La quinta. El acuerdo es como el pico: nunca llega.

La cesación de pagos es una amenaza grave para la economía. Las empresas, que son indispensables para cualquier reactivación, carecerán de crédito. Muchas no podrán renegociar sus propios bonos. Algo parecido sucederá con las provincias que tomaron deuda en dólares. Y un inconveniente adicional, de primera magnitud: el Fondo Monetario Internacional tiene una restricción casi absoluta de realizar desembolsos en favor de países que no cumplieron con sus compromisos financieros. Cuando los bonistas insinúan mala fe, también están pensando en un argumento para el Fondo.

La relación con el Fondo es importante en el tratamiento de la deuda. Ese organismo dictaminó que la Argentina solo tendrá un horizonte fiscal sostenible si recorta los pagos a sus acreedores en, por lo menos, 50.000 millones de dólares. De la última oferta de Guzmán, la que ayer fue rechazada por los grandes fondos, se infiere que el recorte será de solo 45.000 millones de dólares.

Como queda claro, hay una conexión directa entre la negociación con los bonistas y la velocidad de la recuperación económica. Y esta recuperación es clave para las elecciones del año próximo. Blackrock y sus socios inciden, en alguna medida, en ese desenlace.

Es posible que Fernández apueste a que su relación con el FMI está, en alguna medida, a salvo de la peripecia con los acreedores privados. Él confía en la empatía de Kristalina Georgieva, inspirada, sobre todo, por Jorge Bergoglio. Sin embargo, hasta que el capitalismo sea reformado, las decisiones del FMI están muy condicionadas por las prioridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Tal vez Fernández menosprecie esta variable. La semana pasada explicó a Lula da Silva lo pernicioso que era ese país para América Latina. No habló de Donald Trump. Habló de Estados Unidos. Confesó que en el objetivo de modificar esa realidad cuenta con un solo aliado: Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México se entrevistó este miércoles con Trump. El resultado de esa reunión proporcionará un indicio sobre el grado de consistencia de la estrategia diplomática de Fernández. Se sabrá, en definitiva, si su proyecto de cambiar el mundo comienza a mostrar algún resultado. O si es solo la ensoñación de un adolescente tardío.