Cronología de un programa gestado bajo extrema presión

WASHINGTON.- El 8 de mayo pasado, en medio de una corrida cambiaria que terminó con una devaluación del peso en torno al 20%, el presidente Mauricio Macri comunicó que le había encomendado al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, iniciar el diálogo con el FMI para obtener un préstamo. La intención oficial era que ese convenio llevara tranquilidad a los mercados con respecto a la capacidad de pago del país a sus acreedores. El acuerdo se concretó en menos de un mes. A continuación, la cronología de la negociación:

Cualquier acuerdo con el Fondo comienza con un primer contacto a través del cual el país expresa su voluntad de buscar asistencia financiera con el único prestamista de última instancia del planeta. En la mayoría de los casos, como fue el de la Argentina, el país llega luego de perder acceso a los mercados y de atravesar una crisis de balanza de pagos que le provocó una fuga de divisas.

Una vez hecho el pedido de asistencia, el Fondo convoca y reúne a su directorio ejecutivo, comandado ahora por Christine Lagarde, y compuesto por representantes de los países miembros, para elevar formalmente el pedido de asistencia al país. El directorio luego habilita el inicio de las negociaciones "técnicas" con el staff del organismo y comienza a perfilar el acuerdo de asistencia financiera.

Con el visto bueno del directorio, el equipo técnico de Dujovne y los técnicos del staff revisan los números de la economía, evalúan las raíces de la crisis, el contexto internacional, la necesidad de asistencia y comienzan a "colaborar" en el diseño del acuerdo, que quedó plasmado en dos documentos: la Carta de Intención, que incluye la famosa y tan denostada "condicionalidad" del organismo, y el Memorando de Política Económica y Financiera, el programa económico del gobierno.

Los préstamos del FMI siempre han estado acompañados de condiciones de políticas públicas. El motivo es sencillo: para prestar dinero, el Fondo exige que el país se comprometa a implementar medidas y cumplir metas que garanticen que el origen de la crisis de balanza de pagos sea corregido y el préstamo sea devuelto. Esas condiciones han cambiado, en gran medida para reducir el estigma que acompaña a los programas del Fondo. Antes, el FMI se enfocaba principalmente en políticas macroeconómicas, y un país debía pedir una "excepción" para recibir fondos del programa si había fallado en implementar una reforma estructural concreta para una fecha específica. Ese criterio no se aplica más.

El Fondo impulsa ahora el principio de "propiedad nacional": el país que solicita asistencia es "el principal responsable de la selección, el diseño y la implementación de sus políticas económicas y financieras", según el organismo. "La condicionalidad debe complementar, no sustituir, la propiedad nacional", apunta. Por lo tanto, hay menos condiciones, y están más enfocadas en las metas cuantitativas del programa, fijadas de antemano, o exante, en la jerga del organismo.

El 19 de mayo el FMI indicó que el programa económico que acompañará la línea de crédito stand-by que solicitó la Argentina estará "integralmente concebido" por el gobierno de Mauricio Macri, y respaldó la idea de contemplar entre los objetivos, además de un ajuste fiscal, la protección del crecimiento de la economía, el empleo y la población "más vulnerable". Para expertos, uno de los motivos es porque el Fondo no quiere quedar atado a una eventual crisis económica. Este objetivo quedó explícito en el acuerdo anunciado ayer.

El proceso de negociación con los técnicos del staff del Fondo terminó en la redacción de una Carta de Intención que la Argentina elevó al directorio ejecutivo, que contiene el programa que el Gobierno se compromete a implementar a cambio de la asistencia financiera del Fondo. Como bien lo describe su nombre, el documento es una "carta" dirigida a Lagarde, con la "intención" del país. La carta suele ir acompañada de un memorando con las políticas económicas que el país planea implementar, incluidas las reformas estructurales. Ese proceso ya terminó y el directorio decidió otorgar el crédito.

Una vez que el Gobierno elevó la Carta de Intención, el proceso técnico dio lugar a la política. El directorio del organismo evaluó la Carta de Intención y decidió extender el financiamiento a la Argentina. Cada país posee una determinada cantidad de votos según su cuota. Los países de mayor peso en el directorio son Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Rusia. La aprobación del préstamo dependió del respaldo conseguido por el gobierno de Mauricio Macri.

Por Rafael Mathus Ruiz

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