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Cruces por supuestos vuelos a Malvinas
Investigan si operan de manera ilegal
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LA NACIONGabriel Sued
Una versión periodística sobre supuestos vuelos ilegales a las islas Malvinas provocó en las últimas semanas inquietud de dos gobiernos de provincias patagónicas, la apertura de una investigación por parte del organismo nacional encargado de controlar la aviación civil y la presentación de un proyecto de resolución para que el Congreso interpele a la ministra de Defensa, Nilda Garré.
Las sospechas, que parten de versiones poco claras publicadas en portales periodísticos de la provincia de Tierra del Fuego -reflejadas luego en diarios de esa provincia y de Río Negro-, indican, sin precisar fechas, que un avión de matrícula extranjera había aterrizado, proveniente de Malvinas, en un aeropuerto privado situado en Puerto Lobo, una zona cercana a la localidad de Sierra Grande, en el sudeste de Río Negro. La pista, ubicada a un kilómetro de la costa y a dos horas de vuelo (1000 kilómetros) desde las Malvinas, funciona desde febrero de 2008 y pertenece a la firma Bahía Dorada SA, propiedad del empresario argentino Nicolás van Ditmar, presidente de Hidden Lake. El socio mayoritario de esta última firma, dueña de una estancia de 14.000 hectáreas aledaña al Lago Escondido, es el magnate inglés Charles "Joe" Lewis.
Desde su construcción, el aeropuerto Bahía Dorada generó el rechazo de legisladores provinciales de la Coalición Cívica (CC). Manifestaron su oposición a que se habilitara, en una zona de seguridad de frontera, una pista de un empresario inglés (le atribuyen la propiedad a Lewis), mientras que la ley de defensa nacional establece que es conveniente que esos bienes pertenezcan a argentinos nativos.
La polémica se agravó en las últimas semanas, a partir de la publicación de la versión sobre los supuestos vuelos ilegales.
Por pedido de Magdalena Odarda (CC) y de otros diputados provinciales, el 9 de marzo pasado, la Legislatura de Río Negro reclamó a Garré información detallada sobre el aeropuerto Bahía Dorada.
La ministra de Defensa respondió el 26 de abril. Dijo que el aeropuerto se había habilitado porque cumplía con la normativa vigente y que la empresa que había hecho el trámite era de Van Ditmar, un argentino nativo.
Por otra parte, Garré explicó que, desde julio de 2009, el control de la aviación civil ya no dependía de la Fuerza Aérea, sino de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), en la órbita del Ministerio de Planificación Federal. Y lo que parece ser el punto central de la polémica, admitió que la zona de Bahía Dorada no estaba radarizada.
"Esto quiere decir que es imposible controlar el tránsito aéreo, más allá de lo que informe la empresa", dijo a LA NACION la diputada provincial Odarda.
La Legislatura de Río Negro aprobó el jueves pasado un proyecto de comunicación para solicitar al gobierno nacional la radarización del aeropuerto de Bahía Dorada.
"El Ministerio de Defensa tiene que explicar por qué se habilita un aeropuerto en un campo de ingleses, con llegada a las Malvinas y sin que existan los controles tecnológicos necesarios para la defensa nacional", sostuvo Juan Carlos Morán, el diputado nacional de la CC que presentó el proyecto para interpelar a Garré.
Pocos radares
Los voceros de la ministra de Defensa reconocieron la carencia de radares en esa zona, pero destacaron los avances del plan de radarización nacional impulsado por la funcionaria, que ya logró la construcción de once radares por medio de la empresa estatal Invap.
En cuanto a los supuestos vuelos a las Malvinas, Odarda contó a LA NACION que la propia Fabiana Ríos, gobernadora de Tierra del Fuego, le había dicho que contaba con "información de inteligencia" que respaldaba las versiones periodísticas.
En el gobierno de Ríos lo niegan "rotundamente", pero aceptan que el tema les generó preocupación, dado que las islas están bajo jurisdicción provincial.
De hecho, el miércoles pasado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de la gobernación fueguina, Carolina Lavori, viajó a Buenos Aires para reunirse con autoridades del ANAC, que encabeza Rodolfo Gabrielli.
Ante la inquietud manifestada, que se expresó mediante un correo electrónico que envió la gobernadora de Tierra del Fuego, Gabrielli ordenó al jefe de la regional sur de la ANAC que enviara a funcionarios del aeropuerto más cercano a obtener el registro de vuelos de Bahía Dorada, según informaron a LA NACION voceros del organismo.
Allí figura un total de 16 vuelos, realizados entre febrero de 2008 y enero de 2010, con cuatro destinos: Bariloche, Puerto Madryn, Aeroparque y Sierra Grande.
"No hay ninguna base certera para afirmar que existieron vuelos a las Malvinas. Nos suena a algo más político que otra cosa. Pero vamos a seguir averiguando", dijeron los voceros de la ANAC.
Esa misma visión tienen los representantes de Van Ditmar, el empresario dueño de la firma Bahía Dorada, que negaron la existencia de los vuelos.
"Lo que nos llama la atención es que la empresa siempre está castigada por este sector político. Sufrimos un permanente acoso de parte de la diputada Odarda", dijo a LA NACION Nancy Alegre, vocera de Hidden Lake.
"Lamentamos que la Legislatura de Río Negro y la gobernadora Fabiana Ríos vulneren el juego de la democracia, dado que la aeropista fue habilitada y está permanentemente controlada por todos los organismos oficiales", agregó la vocera de la empresa.
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