Custodios, familiares y funcionarios: ocho años después, cuál es la situación judicial de los protagonistas del caso Nisman

A ocho años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la justicia federal no tiene certezas sobre quién podría haber sido el autor material del presunto homicidio, pero tanto el entorno del funcionario judicial que investigaba el caso AMIA como quienes son considerados responsables por su muerte están en la mira de los investigadores judiciales en más de un expediente.

El perito informático Diego Lagomarsino, que trabajó como asistente para Nisman, fue procesado como partícipe necesario del presunto homicidio por haberle proveído el arma por cuyo disparo murió el fiscal. Durante tres años usó una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos y en 2020 la Justicia revocó esa medida porque se extendió durante mucho tiempo (un punto por el cual había reclamado su defensa) y porque Lagomarsino tuvo buena conducta.

Los bienes de Lagomarsino de todas formas siguen embargados y él tiene restringida de salida del país. El técnico informático cuenta con una custodia que está en manos de efectivos de la Prefectura Naval. Primero su custodia estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional (GNA), pero una vez que la Justicia incorporó el peritaje elaborado por esa fuerza como prueba para determinar que a Nisman lo mataron, la seguridad de Lagomarsino pasó a manos de la Prefectura. Según supo LA NACION, como parte de su trabajo Lagomarsino tiene clientes privados y sigue haciendo pericias informáticas. Además trabaja en el ámbito de la seguridad e infraestructura.

Como parte de su estrategia de defensa, el técnico informático pidió en más de una oportunidad que declaren como testigos los peritos de GNA que concluyeron que la muerte de Nisman fue producto de un homicidio y que sus testimonios sean confrontados con los del Cuerpo Médico Forense y los de los técnicos de la Policía Federal. Consultado por este medio, Lagomarsino dijo que “la causa está en un callejón desde 2018″ y que aguarda la elevación a juicio oral y público del caso.

La fiscal Viviana Fein fue apartada de la causa que investigaba la muerte de Nisman un año después del hecho, cuando se determinó el traslado de la causa a Comodoro Py. Al año siguiente, en 2016, se jubiló. Fuentes del entorno de la exfiscal dijeron a este medio que ella está “muy tranquila” y que, alejada de toda actividad judicial, se ocupa de sus dos nietas. Señalan, también, que lo que ahora pasa en la causa por la muerte de Nisman “no son más que consecuencias de su investigación”, refiriéndose a lo que se ve con los entrecruzamientos de llamados que ella inició como parte de su trabajo al frente de la investigación.

Por otro lado, en la causa que está en manos del fiscal Eduardo Taiano, donde ella está imputada por las supuestas irregularidades durante los procedimientos en el departamento de Nisman, no se vieron avances. Y en la causa que investiga la muerte del fiscal tomó fuerza la versión de que exagentes de la AFI espiaron a Fein en los días posteriores al presunto homicidio para detectar si el exjefe operativo de la SIDE Antonio Stiuso ingresaba a la fiscalía. Ante la consulta de LA NACION, cerca de Fein optaron por no darle importancia a esa versión.

Los cuatro custodios que tenían a cargo la protección del fiscal, Rubén Benítez, Luis Miño, Armando Niz y Néstor Durán, eran suboficiales de la Policía Federal Argentina. Benítez, Miño y Niz fueron procesados en diciembre de 2017 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento de homicidio. Los tres fueron pasados a retiro en 2015.

Néstor Durán fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y es el único de ellos que no fue procesado por encubrimiento. Según supo LA NACION, está en disponibilidad desde 2017, cuando la Justicia dictó su procesamiento, y ya se inició el trámite de retiro obligatorio.

La madre de Nisman está imputada junto a su hija, Sandra, en la causa que investiga el patrimonio del fiscal fallecido y su entorno. La madre y la hermana del fiscal habían sido embargadas por decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pero luego la Cámara Federal revocó parcialmente esos embargos.

Nisman figuraba como apoderado de una cuenta en el banco estadounidense Merril Lynch que no había sido declarada y que contenía 600.690 dólares. Estaba a nombre de su madre, su hermana y de Lagomarsino. También es investigado en esa causa el empresario Claudio Picón, titular a través de una de sus empresas de una camioneta que manejaba el fiscal.

Sandra Arroyo Salgado, expareja de Nisman, sigue al frente de su cargo como jueza federal de los tribunales de San Isidro, donde es titular del juzgado N°2. En 2018, patrocinada por el abogado Manuel Romero Victorica, Arroyo Salgado renunció a la querella en la causa que investiga la muerte del fiscal, una decisión que llamó la atención de quienes intervenían en el expediente. Dijo que lo hacía para salvaguardar el núcleo familiar y que había recibido una serie de amenazas hacia ella y sus hijas. Dijo, también, que retiraba la acusación por “la tranquilidad” de que la investigación seguía en curso. A diferencia de la madre y la hermana de Nisman, que son investigadas por presunto lavado de dinero, Arroyo Salgado no está implicada en un expediente judicial.

Hace menos de dos años, la magistrada denunció nuevamente haber sufrido amenazas en el marco de una causa que ella llevaba adelante contra el narco Gustavo Sancho. También instruyó la causa en la que se investigaba una banda liderada por el luego suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan hasta que fue apartada hacia finales de 2021 por pedido de uno de los acusados.

Por Candela Ini

• La muerte de Alberto Nisman
• Viviana Fein
• Diego Lagomarsino

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