De acusada se convirtió en fiscal

En favor de la absolución de Elisa Carrió pesaron muchos factores: sus razones jurídicas, que las tiene y son muchas; su formidable alegato final, y el temor de confirmar ante la vista de todo un país que la Justicia, que no descubre muchos hechos que quedan impunes, se prestaba a convertir a la dirigente en una perseguida política.

Nadie podía imaginar un escenario peor que la condena de Carrió: en momentos en que una mujer, Cristina Kirchner, se presenta como candidata a presidente, una condena hubiera llevado a Carrió, la opositora más vehemente del Gobierno -aunque sea porque es la única que siempre se animó a levantar la voz-, hasta las puertas mismas de la cárcel.

Hace años, el presidente Néstor Kirchner le pidió a Julio De Vido que levantara un pedido de prisión presentado contra Carrió. Ayer, un empresario, Héctor Antonio, intentaba llegar más lejos que el mismo Kirchner. Una situación que Carrió hubiera sabido explotar políticamente.

La fundadora de ARI supo leer ese cuadro, se guardó para sí el momento de los alegatos finales y le sacó el jugo: de repente, esa mujer que parecía preocupada por su destino se convirtió en acusadora de la impunidad.

Verdades asumidas

Nada de lo que dijo Carrió fue mentira, sino que fueron verdades asumidas por la sociedad.

Nadie duda de que en la Argentina, por el motivo que sea, los crímenes, especialmente si son apañados por el poder, quedan impunes. ¿Hay condenas por el caso IBM, las armas a Croacia, por las coimas del Senado, por Skanska? No. Y la lista es infinita.

Es muy probable que Héctor Antonio sea inocente de los crímenes que ella pide que se investiguen, pero lo que es cierto es que todo ciudadano, sea líder político o no, tiene derecho a exigir el fin de una era de impunidad que agravia a la Argentina.

El alegato de Carrió, sazonado por una gran habilidad oratoria, hizo hincapié en esa experiencia innegable:

• Dijo que ella se había limitado a denunciar un crimen. "¿Acaso había que callarse?", preguntó. Además, cuando formuló su denuncia no lo hizo como diputada, al amparo de fueros parlamentarios, sino que lo hizo como "ciudadana". Darle la razón a Antonio, en su lógica, era darle la razón al poder, a la impunidad.

• Se definió como una perseguida. En realidad, para el hombre común, es difícil entender que se acuse a quien denuncia un homicidio mientras nadie averigua quién es el homicida.

El abogado de Antonio, Jorge Sandro, un excelente profesional, señaló que ella, para ser absuelta, debería haberse preocupado por probar que lo que dijo contra Antonio era verdad. Carrió dio vuelta el argumento: ¿cómo probar si algo es verdad o mentira si nadie investiga ese delito?

• Afirmó que no viajó a Chubut, el lugar del crimen, porque temía por su vida. Con ello, sugirió que en la Argentina hay zonas liberadas donde no hay límites para los poderosos.

• Carrió también dijo que los asuntos que denunció son de interés público: recordó que un hombre fue asesinado cuando estaba a punto de entregarle pruebas sobre un hecho de corrupción; redobló la acusación e involucró a la empresa Estrella de Mar con el narcotráfico y con la operación Langostino -que está en la memoria colectiva como algo turbio- y se remitió en los informes del Congreso. ¿Puede haber algo de mayor interés público que averiguar si un delito roza el poder político?

• Y, para rematar, también criticó la complicidad de parte de la sociedad: señaló que había hecho su denuncia en 2004, cuando la mayor parte de la sociedad prefería elogiar al gobierno de Néstor Kirchner. Hay que recordar que muchos periodistas que hoy critican a la Casa Rosada en esos años también callaban.

De un lado pesaban las razones particulares de un hombre, Antonio, para sentirse agraviado. Del otro, un cuadro que mezcla impunidades, persecuciones políticas, corrupción, liderazgo político y libertad de expresión. El juez no dudó.