De qué se trata la ley de financiamiento universitario

Uno de los resultados de la sesión del jueves 12 en el Senado fue la aprobación de la ley de financiamiento universitario, una legislación que busca recomponer el presupuesto de las universidades nacionales.

Sin embargo, horas más tarde el presidente Javier Milei aseguró que la vetará en aras del “equilibrio fiscal”. De esta forma, correría el mismo destino que la nueva ley de movilidad jubilatoria, que había sido sancionada por ambas cámaras, pero se cayó luego de que el veto presidencial fuera ratificado en la Cámara de Diputados.

Aunque los defensores del proyecto argumentaron que el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI) —equivalente a $780.000 millones de pesos— el oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con “una causa noble” como la educación, a la vez que destacaron que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la erogación que implicará para el presupuesto nacional. Sin embargo, la ley sí prevé auditorías de los eventuales gastos, realizadas por la Auditoría General de la Nación.

Este debate se resolvió en lo parlamentario con la votación de 57 votos a favor del proyecto, 10 senadores en contra y una abstención. El débil rechazo a la iniciativa fue aportado por siete libertarios y tres senadores de Pro, bancada que votó dividida, ya que otros tres lo hicieron a favor y la pampeana Victoria Huala se abstuvo. Una vez sancionada la ley, habrá que esperar a ver si el Presidente elige vetar la legislación o promulgarla.

La ley que sancionó esta madrugada en la Cámara alta busca establecer criterios para el financiamiento de las universidades nacionales. Ya en su primer artículo, la legislación presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical planteó declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

Acto seguido, establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. La ley fija que “hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país”.

Según lo planteado en el proyecto que fue aprobado, la inyección de fondos se deberá distribuir en función del número de estudiantes que ingresan, los alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.

Además, la ley de financiamiento universitario prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN). Esta cláusula fue introducida en la Cámara de Diputados por impulso de la UCR en respuesta a la denuncia del Gobierno, repetida por el oficialismo en el Senado, acerca de una supuesta opacidad en el manejo de los fondos por parte de las universidades.

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