Declaran inconstitucional un decreto de Macri que creaba una reserva natural

EL CALAFATE.- La justicia federal declaró inconstitucional un decreto del poder ejecutivo nacional a través del cual se había creado una Reserva Natural Silvestre en el norte de Santa Cruz. En el fallo, la jueza Marta Yañez, consideró que la medida avanzaba sobre la autonomía provincial ya que el Poder Ejecutivo Nacional designó el área sin que haya mediado la cesión de la tierra de parte de la Legislatura provincial a la Nación.

La decisión de la jueza federal de Caleta Olivia desarma así la Reserva Natural Silvestre de 38.787 hectáreas creada durante el Gobierno de Mauricio Macri a partir de la donación de tierras de la Fundación Flora y Fauna Argentina y el fideicomiso Parque Patagonia a la Administración de Parques Nacionales para que allí se cree una reserva natural en la adyacencias del Parque Nacional Patagonia.

Las tierras en cuestión están conformadas por las estancias ganaderas Laurak Bat, La Tapera y El Sauce, la tres rodean al Parque Nacional Patagonia, creado en el 2015, en la zona de la Meseta del Lago Buenos Aires y fueron adquiridas por la Fundación Flora y Fauna con el fin de crear áreas protegidas.

En su fallo, la jueza Yañez afirma que la creación de la Reserva Natural Silvestre Patagonia por decreto implicó "una restricción considerable a la jurisdicción provincial sobre los territorios involucrados, sin haber existido una previa e insoslayable cesión por parte de la Legislatura provincial".

En tanto que argumentó que en la reforma de la constitución de 1994 quedó zanjada la controversia sobre la propiedad de los recursos a través del artículo 124 de la Constitución Nacional ha establecido el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, "siendo consecuencia del federalismo y del derecho de los estados provinciales a la intangibilidad de sus territorios y a su propia independencia económica".

"Concluyo que mediante el decreto 838/18 el estado nacional ha ejercido actos jurisdiccionales de forma indebida al haber omitido la previa e ineludible cesión por parte del Estado Provincial, el que detenta un verdadero interés legítimo para mantener su autonomía y poder de policía", afirmó Yañez, la jueza que tuvo a su cargo la investigación del hundimiento del submarino Ara San Juan. En el fallo, también calificó de loables a la intención de protección ambiental que tuvieron los donantes y los invitó a retomar el diálogo con las autoridades provinciales.

Para Sofía Heinonen directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Argentina (ex Fundación Flora y Fauna Argentina) retomar el diálogo con la provincia de Santa Cruz es algo muy posible y resaltó que mas allá del fallo que apelarán, la cuestión de fondo que los impulsa es la protección ambiental. "Queremos proteger al macá tobiano y ayudar a crear un área representativa de los ambientes de meseta y mejorar el diseño del Parque Nacional Patagonia, protegiendo la márgenes del la laguna El Sello, y uniendo las dos fracciones que eran del parque nacional", explicó la ambientalista.

Heinonen aclaró que no se trata de una disputa de jurisdicción, "lo que buscamos es la conservación a perpetuidad y generar una economía local a partir de un ecosistema completo, no estamos peleando si Santa Cruz o la Nación, sino en la medida que Santa Cruz no quiera tener áreas protegidas, no nos queda otra que buscar las herramientas de la Nación. No es una cuestión de jurisdicción sino saber de quien los va cuidar", afirmó Heinonen.

La directora ejecutiva de Rewilding remarcó su preocupación porque Santa Cruz no tiene un sistema de áreas protegidas, y también su preocupación por la ley que prohíbe las creación de nuevas áreas protegidas por un año y podría prorrogarse por un año más. Se trata de la ley 3.692 que declara la emergencia en materia de posesión de la tierra y prohíbe crear nuevas áreas naturales hasta tanto se disponga de un inventario que releve la totalidad de los establecimientos agropecuarios y no agropecuarios de Santa Cruz.

La tensión por las tierras

La ley creada el año pasado generó controversias y fuerte rechazo entre las organizaciones ambientalistas quienes piden que la misma sea derogada y dejó por escrito una fuerte tensión que durante años se vivió en Santa Cruz en torno a la ampliación de áreas naturales que se daba a partir de la compra de campos y la posterior donación de tierras para la creación o bien ampliación de áreas protegidas.

La Reserva Natural Silvestre Patagonia que quedó anulada por el fallo de la jueza Marta Yañez son parte de la polémica. Las 38.787 hectáreas en cuestión forman parte de las 500 mil hectáreas que en el 2017 la Legislatura provincial se negó a ceder al estado nacional para que se concrete la ampliación del Parque Nacional Patagonia.

Sin embargo, hace tres años, el proyecto se frustró en la Legislatura provincial, los diputados por unanimidad devolvieron el proyecto a las comisiones. Meses después, la Fundación Flora y Fauna, donó las tres estancias a la APN con el cargo que sea creada como Reserva Natural Silvestre. Si el fallo quedara firme en otra instancia judicial, podría retrotraerse la donación según confirmaron desde Rewilding.