Polémica por la decisión de una funcionaria kirchnerista de suspender el acceso a la información pública

La prórroga por 20 días hábiles de los plazos administrativos para que la Agencia de Acceso a la Información Pública cumpla con los pedidos a ese organismo, decidida por la flamante directora Beatriz de Anchorena, provocó fuertes cuestionamientos de la oposición, que intimó a la funcionaria a dar marcha atrás, mientras que desde esa oficina justificaron la medida en los resultados de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que detectó irregularidades en el funcionamiento de esa dependencia.

“La medida de Anchorena implica la violación de un derecho humano fundamental que está consagrado en nuestra Constitución y por tratados internacionales. El acceso a la información es un componente clave para la libertad de pensamiento y expresión, fundamental para acceder a otros derechos sociales, económicos y culturales”, advirtió la diputada radical Karina Banfi, autora de un pedido de informes al respecto. La acompañó medio centenar de diputados de Juntos por el Cambio.

Por su parte, fuentes de la Agencia de Acceso a la Información Pública afirmaron que la AGN “publicó un informe el mismo día que se realizó la audiencia pública para la designación al cargo de directora de la Agencia de Beatriz de Anchorena, el 25/02/2022″. En la misma línea, indicaron que la auditoría reveló que el organismo “no desarrolló ni implementó herramientas que tiendan a garantizar de forma efectiva el acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales previstos en las Leyes 25.326, 26.951 y 27.275″.

Por eso, afirmaron las fuentes oficiales consultadas por LA NACION, Anchorena solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) la realización de “una auditoría de corte al 10 de marzo del año 2022″, con el “objetivo de realizar una evaluación de la situación del organismo e implementar medidas que garanticen su correcto funcionamiento”.

Críticas de la oposición

La diputada radical Banfi, que en su momento impugnó la designación de Anchorena, sostuvo: “Además de presentar el proyecto intimé mediante carta documento a Anchorena para que disuelva el acto administrativo. Esta medida evidencia la falta de idoneidad de la nueva titular”.

En paralelo, la Fundación Apolo denunció penalmente a la funcionaria por la medida. “Que haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa, constituye un verdadero disparate”, indicó en un comunicado.

“El artículo 1° de la ley 27.275 (de acceso a la información pública) establece para la materia que nos ocupa, entre otros, el principio de máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor –señalaron los denunciantes-. ¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos? ¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”.

Aunque desde la Agencia buscaron aclarar que “no se definió una suspensión sino una prórroga excepcional que responde a pautas razonables de tiempo y que no resultarían perjudicados derechos de terceros”. En la misma línea, las fuentes justificaron: “Se tuvo en cuenta que la Agencia permaneció acéfala durante 14 meses y el área jurídica no encontró objeciones que oponer al progreso de la medida”.

Anchorena pertenece al Instituto Patria, organismo que conduce la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hasta su asunción al frente de la Agencia de Acceso a la Información Pública, se desempeñaba al frente de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

De Anchorena es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por Georgetown University y la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) y doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA. Desde la Jefatura de Gabinete, impulsó la creación de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia. Además, integró la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, conformada por diferentes áreas del Gobierno para la coordinación de políticas de integridad.

Sin embargo, más allá de su recorrido académico y de su experiencia en la función pública, organizaciones no gubernamentales y referentes opositores llamaron la atención sobre su pertenencia partidaria durante la audiencia pública que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) observó su afiliación a ese espacio durante el tratamiento de su candidatura en la audiencia pública. “Si bien se reconoce su recorrido profesional en el sector público, su falta de experiencia en datos personales y su pertenencia al Instituto Patria plantean interrogantes con respecto a su idoneidad y autonomía”, alertó la entidad.

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