Denuncian corrupción en una operación de la ciudad

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La Justicia tiene bajo estudio una denuncia penal que afirma que existieron prácticas corruptas y manejos ineficaces en la emisión de los bonos de deuda Tango S8, por US$ 475 millones, la operación más importante del gobierno de Mauricio Macri en el mercado de crédito internacional.

Esos títulos se emitieron entre marzo y abril con el objetivo central de financiar obras para extender las líneas de subterráneo A, B y H. Pero como cuando terminó la operación, la mitad de las obras no habían sido licitadas, el gobierno de Macri usó la plata para otra cosa, sin la inmediata autorización de la Legislatura.

La denuncia judicial fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG dirigida por el constitucionalista Ezequiel Nino. La acusación de ACIJ apunta contra el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y contra el director de Crédito Público porteño, Abel Fernández Semhan, máximos responsables de la operación.

ACIJ enumeró otras presuntas irregularidades de la operación: se acordó una comisión mayor a la que en la misma época pagaron tres gobiernos provinciales; se contrató en forma directa a un consorcio del que forma parte un empresario que años antes había sido jefe de campaña de Pro, y se colocó parte del dinero obtenido a una tasa menor a la de los bonos Tango, lo que produjo una pérdida de al menos $ 30 millones.

Para los servicios de colocación y de organización se contrató, de manera directa y sin proceso de licitación, al Credit Suisse-KBR, a cambio de una comisión del 2% de la operación, equivalente a US$ 9.500.000. La tasa obtenida para los bonos, que vencen en cinco años, fue de 12,5%.

"La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente", dijo a La Nacion el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. "Hay una irregularidad estratégica, que es salir al mercado a primerear con tasas absolutamente fuera de lugar y pagando una comisión absolutamente desproporcionada", coincidió el legislador porteño Martín Hourest (Igualdad Social), que asesoró a ACIJ en la elaboración de la denuncia.

En la presentación de la ONG también se cuestiona la intervención en la operación de Edgardo Srodek, uno de los directores socios de KBR, jefe de campaña de la alianza Pro-Recrear en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones de 2005, y hermano del diputado provincial Jorge Srodek (Unión Pro). "Cabe preguntarse por qué se contrató a una consultora de segunda o tercera línea, sobre la cual no hay datos concretos acerca de su trayectoria", dice la denuncia.

Consultados por La Nacion, voceros de Grindetti afirmaron que las operaciones de crédito público están exentas de los requisitos de licitación de la ley de compras de la ciudad y sostuvieron que se decidió contratar al consorcio Credit Suisse-KBR porque era el que había acercado la mejor oferta. Argumentaron que ese grupo había hecho un compromiso en firme de aportar US$ 130 millones, dato que inclinó la balanza.

La última presunta irregularidad señalada en la denuncia se produjo una vez que se obtuvieron los fondos. La ley que autorizó la emisión de los títulos determinó que US$ 300 millones debían ser aplicados de manera exclusiva a las obras en los subtes. Pero, al finalizar la operación, los trabajos para la línea H no habían sido licitados, por lo quedaron US$ 150 millones sin destino claro.

En primer lugar, los fondos se pesificaron. Del total de $ 1843 millones, se usaron $ 600 millones para comprar letras del Tesoro Nacional y los restantes $ 1243 millones se depositaron en un plazo fijo del Banco Ciudad, a una tasa del 6,5% anual, casi la mitad del interés que debía pagarse por los bonos Tango.

Después de cuatro meses, en agosto la Legislatura aprobó un proyecto de ley de Macri para destinar US$ 150 millones a la empresa AUSA, para la realización de pasos bajo nivel en los ferrocarriles Mitre, San Martín y Urquiza, y otros US$ 36 millones para obras en educación.

En Hacienda explicaron que los fondos fueron depositados en el Ciudad porque es el agente financiero del distrito y que todo el dinero pedido para subtes se aplicará al fin estipulado. "Se decidió prestarle US$ 150 millones a AUSA, con una tasa igual que la que paga el bono Tango, pero está establecido que esa empresa vaya devolviendo el dinero a medida que se necesiten los fondos para las obras del subte", agregaron.

EL CUESTIONADO PLAN DE DEUDA

US$ 475

Millones

• Fue el total de la emisión correspondiente a los bonos de deuda Tango S8, la operación más importante del gobierno de Macri.
• La acusación. Se contrató sin licitación un consorcio para la colocación de la deuda, con una comisión más alta que la acordada por otros distritos. En la operación intervino un empresario que había sido jefe de la campaña de Pro. Una parte del dinero debía ser destinado a obras del subte, pero se usó para otra cosa.
• El descargo. La ley no requiere que en las operaciones de crédito se abran procesos de licitación. La oferta del consorcio Credit Suisse-KBR era la más conveniente. El dinero que no pudo aplicarse a obras en los subtes se prestó a una buena tasa y será utilizado en los próximos años.
• Los denunciantes. La denuncia fue radicada por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el juzgado de instrucción N° 9, a cargo de Eliseo Otero.

Por abriel Sued<br/>LA NACION

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