Desestiman una denuncia contra Kirchner

Ningún funcionario irá preso por el presunto uso de fondos públicos para la campaña electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires: el fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que en el caso no existe un delito penal y sostuvo que debe remitirse la denuncia a la justicia electoral.

El dictamen de Pollicita, designado a comienzos de este mes como titular de la fiscalía federal N° 11, fue enviado a la jueza de la causa, María Servini de Cubría, que también ocupa el juzgado electoral. En ese otro fuero, la magistrada instruye un sumario por los mismos hechos, como posible violación a la ley de los partidos políticos.

La causa se había iniciado por una denuncia del 8 de este mes, presentada por Silvia Collin y Daniel Brunet, candidatos a legisladores porteños de la UCR. Fue luego de que una nota de LA NACION revelara, entre otras cosas, que la primera dama, Cristina Kirchner, iba a los actos proselitistas en el conurbano bonaerense a bordo del helicóptero presidencial y que se valía del fotógrafo y del locutor presidenciales.

Collin y Brunet sostuvieron ante la Justicia: "Lo increíble de esto es que la senadora Kirchner utiliza el avión, el helicóptero y los bienes del Estado como primera dama, usándolos como si fueran bienes gananciales". Y agregaron: "Quienes utilizan fondos estatales con fines particulares generan un quebrantamiento del principio de igualdad y equidad de los partidos políticos, socavan las bases del pluralismo".

En su dictamen, Pollicita dijo que de la descripción de los hechos no surgía la posible comisión de un delito penal, según indicó a LA NACION un funcionario que interviene en el expediente.

"La situación de que el Presidente de la Nación y la primera dama utilicen la flota de aviones, los helicópteros, la infraestructura de la Casa Gobierno o los vehículos alquilados no resulta cuestionable, en primer lugar porque hacen a la seguridad del jefe de Estado y su familia", sostuvo Pollicita.

El fiscal descartó, además, la posible comisión del delito de peculado -esto es, una malversación de fondos públicos-, puesto que "no hay una apropiación personal de la cosa pública, sino, en todo caso, su uso".

De acuerdo con la denuncia de los legisladores radicales, en la causa radicada en la Justicia se debe investigar si al usar los bienes del Estado para actividades de campaña, la primera dama violó la ley de partidos políticos.

Además de esa causa, se instruye otra en Rosario por una denuncia previa que realizó el abogado rosarino Jorge García Cupé. La presentación judicial fue realizada en el juzgado federal N° 3 de Rosario, a cargo del juez Sutter Schneider.

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