Detectan serias irregularidades y pedirán intervenir la obra social del Soeme

A la espera de la resolución de la Justicia sobre una posible extradición a la Argentina, el dirigente gremial Marcelo Balcedo sigue sumando problemas. Luego de una auditoría realizada por los interventores del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), se detectaron varias irregularidades y pedirán la intervención de la obra social del sindicato (OSTEP)

Según pudo averiguar LA NACION, se descubrieron severas inconsistencias entre el pago total liquidado en los recibos de haberes y el pago total depositado por Soeme en las cuentas sueldos.

El grueso de los trabajadores cobraban una parte en blanco y el resto del salario en negro, con la particularidad de que cobraban todo bancarizado, lo que hacía que el sindicato tuviera un potencial de juicios enorme. El sueldo con el cual estaban registrados promediaba los 8000 pesos y ni siquiera alcanzaba el salario vital y móvil, que es de $9500.

La intención de los interventores es poder regularizar la situación laboral de los trabajadores. Según informaron en el Soeme, ya se blanquearon 40 trabajadores y se van a regularizar 130 más en los próximos quince días.

Los afiliados al gremio pagaban una gran cantidad de dinero por mes y, además de no obtener grandes beneficios, lograban préstamos a tasas exorbitantes, de entidades que nada tenían que ver con el Soeme.

Se descubrió, además, que existían entidades financieras privadas que a través del sindicato prestaban dinero a los trabajadores y recaudaban las cuotas mediante un código de descuento directo en el recibo de sueldo a tasas del 78% más IVA, que por ser trabajadores no inscriptos en la cuarta categoría no podían recuperar el IVA que conlleva a una tasa real del casi 100%.

Estos créditos que habían sido cedidos sin los requisitos formales, como la aprobación de la asamblea, se efectuaban en una escribanía o sede bancaria. Balcedo cedía a una entidad un código de descuento y esta entregaba préstamos y obtenía el cobro de forma directa del salario de los trabajadores.

El Soeme estaba facultado para ofrecer préstamos y asistencia financiera a los empleados, pero no lo hacía y delegaba esta aptitud a otras mutuales o cooperativas privadas. En general, las mutuales tienen un fin social de brindar asistencia financiera a bajo costo pero los créditos económicos eran a una tasa muy perjudicial para su realidad económica. El beneficio de Soeme era casi nulo. No se llegaba a los 50.000 pesos entre todos los bancos.

Según averiguó LA NACION, se habría pedido la suspensión de "Soeme Préstamos" y la suspensión de los pagos a estas mutuales, que han intimado al sindicato para que libere los fondos involucrados bajo apercibimiento de embargo, para iniciar una investigación. Además, enviaron cartas documento a todas las entidades para revocar los códigos cedidos.

Otras irregularidades que fueron detectadas fueron los pagos sin facturar por más de 50 millones de pesos desde Soeme a Diario Hoy, que también pertenece a la familia Balcedo. Se veían beneficiados con el capital de los aportes de la cuota sindical pero no brindaban beneficios para los trabajadores.

A su vez, se encontraron el pago de alquileres donde Soeme pagaba a dueños de propiedades que no eran beneficio para el sindicato sino para particulares. También se sospecha que hubo administración fraudulenta en los campings que pertenecen a Soeme, en Punta Lara y Tortuguitas. Además de estar en un muy mal estado, la ganancia en la última temporada fue de tan solo 50 mil pesos entre los dos. El control sobre los que controlaban los predios era nulo y se sospecha que las ganancias debieron ser mucho mayores.

Según pudo saber LA NACION, este lunes a las 11 de la mañana estarían dadas las condiciones para que comience la intervención de la Obra Social para los Trabajadores de la Educación Privada (OSTEP), por conflicto de intereses respecto de las autoridades de la OSTEP, reclamos por defectuosa y/o inexistente prestación de servicios, reclamos por falta de pago a los efectores de salud y violación del derecho fundamental a la salud y a la vida por parte de la OSTEP. Se removería el actual congreso directivo y se nombrará un Director médico para llevar recomponer la obra social

El primer fundamento para la intervención judicial requerida surge por la cantidad de personas que ocupan cargos en la obra social y también lo hacían dentro del sindicato antes de ser intervenido. Nueve funcionarios que habían administrado de manera fraudulenta al SOEME, dirigen actualmente la obra social.

Los posibles interventores notaron que un enorme porcentaje de afiliados especialmente habitantes del conurbano bonaerense y de numerosas provincias del país como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, San Juan, entre otras, estaría sufriendo hoy la ausencia total de las prestaciones que les corresponden por su aporte.

Por Tomás Marcó del Pont

• El caso de Marcelo Balcedo

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