Lavado: devuelven el control de los hoteles y otras 30 propiedades a Cristina Kirchner y a sus hijos
Lo decidieron los jueces Obligado y Grünberg, que dispusieron veedores de la AFIP y la inhibición general de los bienes; la jueza Palliotti falló por mantener la intervención para preservar el patrimonio
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LA NACION
El Tribunal Oral Federal N° 5 devolvió el control de sus hoteles y propiedades a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se los investiga por supuesto lavado de dinero.
La decisión de levantar la intervención judicial y devolver a los Kirchner la administración de sus empresas fue tomada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que decidieron poner veedores judiciales. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia.
Además, se dispuso la inhibición general de bienes de las firmas Hotesur SA, Los Sauces SA y el Condominio de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Obligado, el mismo juez que le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou y luego lo revocó sin que se ejecutara esa decisión, y Grünberg, perteneciente a Justicia Legítima, entendieron que con el mantenimiento de la intervención judicial se estaría avanzando sobre la presunción de inocencia de los Kirchner.
Grünberg y Obligado escribieron que “las encartadas y el encartado [Máximo, Florencia y Cristina Kirchner] se encuentran también amparados/as por el reconocido principio constitucional de inocencia, es dable advertir que la gravosa medida cautelar aquí en estudio debido a su prolongada extensión temporal, entra plenamente en colisión con el goce del derecho de propiedad”.
Enumeraron que se vulneraría el principio de defensa en juicio, del debido proceso y que implicaría adelantar la ejecución de una pena, y consideraron que “en el presente caso aquellas características de excepcionalidad y provisionalidad se encuentran, a esta altura, más que resquebrajadas, lo que permite considerar seriamente empañado el derecho de propiedad de los/las aquí procesados/das”.
Indicaron que el fiscal Diego Velazco había consentido levantar la intervención judicial sobre Los Sauces y el condominio y había dictaminado que debía mantenerse en el caso de Hotesur, porque restaba realizar un peritaje contable. Pero los jueces dijeron que esa no era una razón de peso. “No se advierte el perjuicio que importaría para la consecución del peritaje antes referido acceder a lo peticionado por la defensa”, dijeron.
Ahora se debe integrar el directorio de las empresas con la designación de autoridades, pero se les prohibió repartir dividendos que generen las sociedades. Y designaron dos veedores de la AFIP por un año, para “vigilar la conservación del patrimonio, resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro, comprobar entradas y gastos de dinero, informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de la caja chica”, e informar sobre toda irregularidad que adviertan en la administración.
En disidencia, la jueza Palliotti dijo que se deben mantener las empresas intervenidas judicialmente hasta el juicio oral y público. Pues la idea es “conservar y preservar el cuantioso patrimonio cuyo origen” es investigado, afirmó, para señalar que el juicio oral es “el único escenario para establecer con certeza las consiguientes responsabilidades penales de los imputados y de esa manera definir el destino final del patrimonio”.
Palliotti recordó las obligaciones internacionales que asumió el Estado argentino con relación a los casos de corrupción, que deben guiar los casos judiciales y que fueron establecidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La intervención, dijo la jueza, es la medida mas idónea para asegurar los bienes que podrían haberse utilizado para la comisión de los delitos o ser producto de ellos, al menos hasta que se haga el juicio oral. Recordó que la Argentina y otros Estados, a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fueron instados a adecuar su legislaciones para castigar el lavado de dinero y que se estableció un catálogo de medidas para preservar los activos, “que representaron un verdadero cambio de paradigma”.
Recordó la vigencia del decomiso, aun desde el inicio de la investigación, sin necesidad de una sentencia, o las medidas cautelares para hacer cesar un delito o sus efectos”. Dijo que estas son nuevas herramientas para la inmovilización de activos de los implicados, por lo que las intervenciones son “adecuadas, proporcionadas y razonables”
“No puedo soslayar que se trata de causas de una complejidad excepcional por el entramado societario presuntamente pergeñado, exfuncionarios públicos implicados, cantidades de inmuebles comprometidos, etc., que requieren, necesariamente, de medidas de preservación de los activos de la misma naturaleza”, dijo la jueza.
Palliotti dijo que nada tan novedoso ha ocurrido en el caso que justifique le devuelvan la administración de los bienes a los acusados y destacó el silencio de la Unidad de Información Financiera, que consintió el levantamiento de la intervención al no pronunciarse en el caso. Máxime cuando su función es “velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción”. Destacó la necesidad la jueza de prestar atención con la misma energía a recupero de activos como a la investigación de los hechos y la atribución de responsabilidades.
El patrimonio de Hotesur es el Hotel Alto Calafate, que se encuentra alquilado a Idea SA. La empresa tiene los impuestos al día y funciona el hotel, aunque hay dificultades para la administración porque no se constituyó un directorio. Esto llevó a la no presentación de balances por falta de libros contables anteriores a su gestión y falta de escrituras del inmueble de la sociedad. Cuenta con fondos por 10 millones de pesos.
En la causa resta terminar un peritaje contable, por lo que el fiscal recomendó mantener la intervención y los embargos sobre la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner en el Banco de Galicia que contenía US$4.664.000, los US$1.032.144,91 de una caja de ahorros en dólares y los $53.280,24 de una caja de ahorro en pesos.
En el caso de Los Sauces y el condominio a cargo de Máxmo y Florencia Kirchner consta de:
- Un dúplex y cinco cocheras en Puerto Madero, que acumula deudas de expensas por mas 5,5 millones de pesos y de impuestos por mas de 750.000 pesos;
- Otro departamento dos cocheras y una baulera en Puerto Madero donde al ex esposa de Fabián de Sousa no paga el alquiler desde 2017 y sea acumularon 380.000 dólares de deuda. Hay una deuda de impuestos de mas de un millón de pesos. Hay demandas de desalojo;
- Un departamento en Constitución donde vive Florencia Kirchner, sin abonar alquiler;
- Un edificio con cuatro departamentos en Río Gallegos, donde se están cobrando los alquileres aunque falta refacción y pintura de uno de los departamentos,
- Otros cuatro departamentos en otro edificio de Río Gallegos, que están usurpados, con instrucciones de iniciar una demanda por desalojo, demorada por la pandemia.
- Un baldío en Río gallegos con deudas de servicios;
- La casa de Cristina Kirchner en la calle Mascarello 441, El Calafate. Le pidieron que pague alquiler, pues no hay registrada reserva de usufructo;
- El hotel Los Sauces, Casa Patagónica, de El Calafate, cerrado desde 2016 intervenido desde 2020. Adeuda servicios y gas por mas de un millón de pesos e impuestos por mas de 2 millones de pesos. Se retomaron las conversaciones con un grupo chileno interesado en su explotación;
- La Hostería la Aldea, en El Chaltén, en reconstrucción pero con la obra paralizada y deudas.
Además, Los Sauces tiene fondos depositados en cuentas bancarias, percibe alquileres y no tiene deudas con AFIP, aunque la falta de balances impidió presentar las declaraciones juradas de ganancias de 2016 y siguientes.
De acuerdo al informe judicial, Máximo Kirchner puso de su bolsillo el dinero para pagar al personal doméstico que trabaja en el complejo Los Sauces, como así también servicios, nafta, limpieza, jardinería u otros gastos de mantenimiento del hotel. Lleva gastado más de 2.700.000 pesos que se le deben devolver, señala el administrador. El hotel está mantenido y calefaccionado, pero apenas llegue el invierno será necesario cambiar termotanques y bombas. El hotel no tiene ingresos y Los Sauces no tiene fondos para enfrentar esos gastos.
Esta empresa está en crisis, cercana al colapso y solo se mantiene dejando de pagar las deudas viejas y utilizando los fondos de certificados de plazo fijo, explicó el administrador, que dijo que Los Sauces está a merced de cualquier demanda judicial por ejecución de expensas o impuestos.
El “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner” cuenta entre sus propiedades:
- 10 departamentos en Río Gallegos, alquilados y con las cuentas al día;
- Otro departamento desocupado en Río Gallegos, pues se detectó una pérdida de gas;
- El hotel Las Dunas, explotado por Hotelera Patagonia SAS, que debía pagar 9000 dólares al mes de alquiler, pero por la pandemia y el cierre dispuesto en los hoteles provinciales se renegoció esa suma.
El Condominio tiene fondos por mas de 15 millones de pesos depositados en bancos y mas de 150.000 dólares.
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