Dinero negro, cheques y fichas de casino, las pruebas por las que procesaron a la cúpula del gremio de Luz y Fuerza

CÓRDOBA.- La justicia federal de Córdoba procesó por los delitos de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos a Gabriel Suárez, secretario general de la seccional cordobesa de Luz y Fuerza. En total los procesados suman 25, varios de ellos integrantes de la cúpula del sindicato. Suárez es un viejo aliado de Hugo Moyano.

La denuncia fue realizada en abril de 2019 por Mario Villar y Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y se originó en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). Plantea que desde 2010 hasta la actualidad hubo operaciones destinadas “a distraer fondos” del sindicato Luz y Fuerza local. Los procesamientos los ordenó el juez federal Ricardo Bustos Fierro.

El expediente llegó primero al fiscal Enrique Senestrari, quien tenía “un impedimento” porque su abogado personal, Claudio Orosz, era también el letrado de Luz y Fuerza Córdoba y además porque había realizado el acto de presentación de Justicia Legítima -agrupación que integra- en la sede de ese sindicato. El fiscal no aceptó el pedido de Bustos Fierro de apartamiento, y lo recusó alegando “temor de parcialidad”.

Senestrari terminó apartándose “voluntariamente” cuando Orosz y Martín Fresneda, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, se presentaron como abogados de los acusados.

En las 123 páginas de la resolución judicial se analizan los diferentes hechos planteados en la denuncia como la puesta en “circulación bienes de origen ilícito” (por ejemplo, a uno de los denunciados se le adjudica una compra millonaria de fichas en casinos) y el haber librado cheques contra las cuentas del sindicato que, a partir de sus endosos, terminaron en manos de personas “de confianza” de Luz y Fuerza, pero que tenían “inconsistencias con el fisco” o directamente no tenían actividad.

Fraude a jubilados

Un segmento clave de la resolución apunta a la asamblea del gremio que aprobó un cambio en el reglamento para la distribución entre jubilados y pensionados del remante del Fondo Compensador: “Se hizo de manera equivocada porque en ninguna organización sindical de Luz y Fuerza en la república se distribuye el remanente (…). Por lo que entiendo que después de años de haber distribuido el remante de manera discrecional y no como lo marcaba el anterior reglamento, se habría ocasionado un perjuicio patrimonial a terceros por parte de quienes tenían el poder y facultad de administración de dichos fondos”.

Bustos Fierro entiende que hubo un desvío “del remanente existente en el Fondo Compensador cuyo destino era completar el pago a jubilados y pensionados para que alcancen la diferencia entre el 82% y el 75% en cada uno de sus beneficios previsionales”. Interpreta que la propuesta de la defensa de “reparar el perjuicio ocasionado” es un “reconocimiento” del hecho.

A lo largo de la resolución se avanza en la descripción de que desde el gremio se contrataron servicios a cargo de conocidos o con relaciones con los dirigentes para usarlos para “desviar fondos”.

Suárez fue reelegido en diciembre de 2019 al frente del sindicato de Luz y Fuerza hasta 2023; se impuso en los comicios con 722 votos frente a las dos listas con las que compitió. Los procesados por la Justicia se dividen entre los miembros de la comisión directiva y quienes cobraban cheques como sistema de drenaje de fondos en los bancos Nación y Provincia.

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