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Diputados aprobó la adhesión al tratado internacional de patentes con una concesión a los laboratorios nacionales
Con este acuerdo, la Argentina se incorporaría al sistema global de registro; CILFA advierte que esto demorará la aparición de genéricos e incrementará los precios; será girado en revisión al Senado
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El Gobierno logró ratificar en Diputados la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) por amplia mayoría. Se trata de un acuerdo internacional que busca unificar y agilizar el proceso para proteger una invención en el exterior.
Obtuvo en general y particular 147 a favor, 93 en contra y ninguna abstención. El proyecto deberá volver en revisión al Senado para su ratificación final por una modificación introducida en Diputados.
A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja incorporó una reserva al capítulo II del PCT. Ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora al proyecto, advirtió que esos criterios podrían influir en las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país.
Los laboratorios nacionales temen que el PCT facilite la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores. Advierten que eso podría demorar la aparición de genéricos, reducir la competencia y, como consecuencia, encarecer los precios de los medicamentos.
La libertaria Juliana Santillán, que defendió el acuerdo como miembro informante del proyecto, sostuvo que el PCT “no concede patentes internacionales ni limita la soberanía de los Estados”, ya que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.
Desde la oposición, Santiago Cafiero (UP) adelantó el rechazo de su bloque y cuestionó la adhesión al PCT al sostener que es “una concesión dentro de un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina” que, según afirmó, perdió su reciprocidad. “Estamos dando concesiones y del otro lado no hay nada”, dijo.
Su compañero de bloque, Pablo Yedlin, advirtió sobre algo crucial: tras la eliminación de las reglas que limitaban los medicamentos que podían patentarse, la decisión quedará en manos de trabajadores del INPI que, según afirmó, cobran menos de $2 millones y deben resolver sobre patentes “multimillonarias”.
“Le estamos poniendo en responsabilidad de un funcionario público que cobra dos millones de pesos la decisión de patentar o no un medicamento de estos precios. Eso no va a funcionar”, sostuvo Yedlin.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió aprobar el PCT sin la reserva al capítulo II para evitar que vuelva al Senado. Atribuyó los 56 años de demora al lobby farmacéutico. Cuestionó al oficialismo: “El gobierno más desregulador del mundo se rinde a los pies de cierta cámara empresaria”. Y defendió el tratado: “No es ningún tipo de renuncia de soberanía”, sino una herramienta que ya buscan utilizar el Conicet, el INTA y las universidades públicas.
El tratado debía haber sido ratificado antes del 30 de abril, según los compromisos asumidos por Javier Milei al firmar en febrero el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con Donald Trump. Sin embargo, el Gobierno aguardó una garantía de la administración norteamericana sobre la reducción a 0% de 1675 posiciones arancelarias, cuya implementación había sido frenada por la Corte Suprema norteamericana. Ese compromiso fue formalizado en julio.
Qué implica el PCT
El tratado crea una “solicitud única” para iniciar trámites de patentamiento en los 158 países miembros. Implicará que inventores argentinos no deban gestionar presentaciones por separado en cada jurisdicción.
Además, amplía de 12 a 30 meses el período de prioridad para proteger invenciones.
El acuerdo permitiría iniciar el trámite directamente desde la Argentina, a través del INPI, sin necesidad de recurrir a oficinas extranjeras, como ocurre hoy. Según el oficialismo, eso reduciría significativamente los costos internacionales, que en algunos casos podrían bajar hasta un 90%.
El impacto se concentraría especialmente en dos sectores: la industria agropecuaria, por los desarrollos vinculados a semillas, y la farmacéutica, por la creación de nuevos medicamentos.
CILFA es uno de los principales focos de resistencia. Los laboratorios nacionales advierten sobre el fenómeno conocido como “evergreening”, mediante el cual las grandes compañías extienden monopolios sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores. Por ejemplo, que un jarabe se transforme en un inyectable. Según sostienen, una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar ese mecanismo, limitar la competencia de los genéricos y encarecer los precios en el mercado local.
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