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Juicio del caso Cuadernos: un exdirectivo de Techint admitió haberle pagado cerca de un millón de dólares a la mano derecha de De Vido
Héctor Zabaleta reconoció seis entregas de dinero a Roberto Baratta, acusado de ser uno de los recaudadores de coimas; estos pagos, no obstante, quedaron fuera de la investigación porque la Justicia entendió que obedecieron a motivos “humanitarios”
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LA NACIONFederico González del Solar
Héctor Zabaleta, exdirectivo de Techint, declaró este martes como testigo en el juicio oral del caso de los cuadernos de las coimas y admitió haber realizado seis pagos en pesos a Roberto Baratta que sumaron el equivalente a cerca de un millón de dólares.
Las visitas de Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido, a un edificio de Techint constan en los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno. Son seis visitas en las que quedaron registrados retiros de “paquetes” entre junio y diciembre de 2008.
“Sí, es cierto”, ratificó Zabaleta ante la consulta de la fiscal Fabiana León. “Eran de dinero”, precisó el testigo. “Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares”, sumó.
“A mí me instruyó entregar esos paquetes Luis Betnaza”, reafirmó, en alusión al también exdirectivo de la compañía. “Lo que me pedía Luis y estaba dentro de lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía”, agregó.
Las situaciones de Zabaleta y de Betnaza, también citado para hoy, son especiales. Por estos pagos a Baratta, ambos estuvieron procesados en la causa, pero su caso recibió un trato diferenciado en un expediente aparte, porque la Justicia entendió que los desembolsos se habían realizado por una situación de emergencia, en un contexto diferente al de los pagos por la obra pública.
Por eso en la empresa resaltan que no se trató de “coimas” sino de “pagos indebidos”.
Los desembolsos se produjeron en medio del conflicto que Techint atravesaba en Venezuela por la expropiación de Sidor, la siderúrgica que estaba bajo su control y que el gobierno de Hugo Chávez decidió expropiar en 2008. En medio de la negociación por la empresa, se había generado un clima de fuerte hostilidad hacia los trabajadores argentinos, cuyo regreso al país tras la expropiación no estaba garantizado.
Los pagos, según la Justicia argentina, se habrían producido en ese marco y con la intención de que el gobierno de Cristina Kirchner, de buenos y fuertes lazos con el de Chávez, intercediera en favor de Techint.
Con este fundamento, en 2020, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó los procesamientos de Betnaza y Zabaleta y, más tarde, el juez Julián Ercolini los sobreseyó, igual que al CEO de la empresa, Paolo Rocca.
Al inicio de la audiencia, el tribunal le advirtió a Zabaleta sobre su situación particular y el riesgo de autoincriminarse y le recordó que tenía derecho a guardar silencio. El testigo, sin embargo, respondió todas las preguntas de la fiscalía y de la defensa de Baratta.
Dio cuenta de la relación de confianza que mantenía con Paolo Rocca; contó que fue apoderado del empresario, que administró un campo suyo en Villegas y que estuvo al frente de distintas gestiones personales, entre ellas, la compra de un avión.
También relató los días en los que estuvo detenido y negó haberse puesto en contacto con integrantes de Techint durante ese período.
La denuncia de una defensora
El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le rechazó a la defensa del exfunionario Baratta el pedido para marcar una presunta “contradicción” entre la declaración que Zabaleta prestó como arrepentido en la causa -durante la instrucción- y la de hoy en el juicio oral.
“Estamos en un caso inédito del señor Zabaleta, inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero que esos mismos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito”, sostuvo la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
Al pedido de Baratta se plegaron ocho defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, y se abrió un ida y vuelta con la fiscal León.
Con cierta ironía, la fiscal del juicio señaló que al pretender marcar una diferencia entre una y otra declaración de Zabaleta, las defensas parecían validar las declaraciones de los arrepentidos, que ellas mismas habían cuestionado antes y durante el debate oral. “Hemos llegado a un punto de acuerdo en relación a los arrepentidos”, apuntó.
El contrapunto entre las partes escaló cuando la abogada Gómez Alcorta le pidió al tribunal que amoneste a la fiscal León por utilizar el término “carpetear”. “Que diga que esta defensa carpetea es grave y voy a pedir al señor presidente que la sancione, la amoneste de mínima”, solicitó.
El tribunal pasó a un cuarto intermedio para resolver la incidencia.
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