Diputados: avanza un proyecto que exime de Ganancias a los médicos que realizan guardias

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado una iniciativa que propone eximir del pago del impuesto a las ganancias al personal de salud en las remuneraciones que perciben en concepto de guardias obligatorias.

El proyecto, promovido por el exministro de Salud bonaerense y actual diputado oficialista Daniel Gollán, establece que los trabajadores de la salud queden eximidos del pago del tributo por los ingresos que excedan las cuatro guardias mensuales.

El autor de la iniciativa advirtió sobre la situación crítica que atraviesan los distintos centros de internación, tanto públicos como privados, por las guardias que no se logran cubrir. “Los trabajadores no quieren hacer reemplazos de guardia y es lógico que así sea porque hacerlas a veces les representa trabajar y que ese excedente se lo lleve el impuesto a las ganancias”, explicó.

El interbloque de Juntos por el Cambio acompañó el proyecto, aunque marcaron algunos reparos. Por caso, que el Congreso se limite a otorgar beneficios tributarios de carácter sectorial en lugar de avanzar en una reforma tributaria integral. “La economía argentina es una superposición enorme de beneficios sectoriales, exenciones impositivas, regímenes promocionales, regímenes jubilatorios especiales, blanqueos y moratorias que se anulan unos a otros y al final perdemos todos”, enfatizó Silvia Lospennato (Pro).

En similar sentido, el radical Víctor Hugo Romero remarcó la necesidad de avanzar en una reforma integral del impuesto a las ganancias. “En los últimos cinco años la ganancia no imponible se actualizó en 386% y la inflación fue 852%”, explicó e indicó que, con la creación de regímenes especiales “no atacamos el problema que es actualizar correctamente los mínimos no imponibles y las escalas”.

En tanto, el diputado Rubén Manzi, de la Coalición Cívica, admitió que esta iniciativa es “un parche en el sistema tributario y en el sistema de salud”. “Esto de fondo no soluciona nada. Pero es un pequeño alivio para los médicos que tienen que completar sus ingresos haciendo guardias. Y es un gran alivio para las instituciones que no consiguen médicos que hagan guardias porque nadie quiere hacer la famosa quinta guardia”, sostuvo.

El libertario José Luis Espert coincidió que esta iniciativa no soluciona el problema tributario de fondo. “Se trata de un nuevo parche a un impuesto a las Ganancias que ya viene muy emparchado por años, por no decir décadas. Es un alivio pequeñísimo para nuestros médicos que realizan guardias. Algún día en esta cámara se debería dar una profunda discusión sobre el impuesto a las Ganancias en Argentina”, sostuvo.

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto por la cual se crea un plan federal de capacitación en derechos de los niños, niñas y adolescentes que será obligatorio y estará destinado a las personas que se desempeñan en todos los poderes del Estado. La iniciativa apunta a la prevención temprana de la violencia que padece esta franja de la población.

La iniciativa se presentó tras el asesinato en La Pampa de Lucio Dupuy, de 5 años, quien sufrió múltiples politraumatismos, hemorragia interna y signos de abuso sexual. Por el crimen fueron detenidas su madre y la novia de ella. “Esto lo hacemos no solo en memoria de Lucio, sino por todos los chicos que hoy sufren y necesitan de esta ley -enfatizó el diputado Martín Maquieyra (Pro), autor del proyecto-. Ellos son nuestra prioridad y es nuestro deber hacer este proyecto para erradicar todos los casos de violencia hacia los niños en nuestro país”.

Por su parte, la radical Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer y Juventudes de la Cámara baja, enfatizó que la ley es necesaria para contar con agentes públicos especializados que puedan detectar señales tempranas de violencia contra los niños y adolescentes.

“Necesitamos docentes que puedan detectar un alerta, una mirada, un golpe, una señal, un dibujo. Necesitamos que estén capacitados todos los que trabajan con el sistema de niñez. Necesitamos una Policía, un sistema de seguridad con perspectiva de niñez, que no se deje llevar porque le digan que fue un accidente, un golpe, que se tropezó o se golpeó jugando. Todas cuestiones que un niño no se atreve a denunciar”, sostuvo.

Y agregó que “desde los organismos que se ocupan de la niñez deben trabajar en que haya presupuesto para esto. Tiene que haber un presupuesto asignado a una capacitación obligatoria, no podemos tener un niño, niña o adolescente que no esté debidamente abordado en todas las problemáticas que lo atraviesan”.

“Los jueces también deben tener esa mirada transversal de niñez: rapidez, celeridad, vocación, trabajo, conciencia, capacitación de que los más vulnerables no pueden ir a ejercer sus derechos por sí solos, necesitan que nosotros seamos su voz”, dijo Reyes.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

Durante la sesión, la diputada Marcela Coli, recordó que “estos proyectos nacieron desde el dolor, desde la pérdida, como fueron los casos de Lucio y de Abigali, bajo un contexto de violencia muy importante”.

“Es fundamental velar, cuidar, cuando ocurren estos contextos de violencia, al que puede llegar a denunciar, al que se anima a denunciar, para llegar a tiempo en aquellos casos donde la violencia avanza”, agregó Coli.

Luego, Gabriela Lena dijo que “las diferentes formas de violencia contra niños y niñas representan un problema grave, frecuente y multidimensional. Y el sistema actual es errático y descoordinado, y no garantiza el pleno de derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia”.

“Sabemos que solo con un cambio de ley no vamos a erradicar la violencia o el abuso de niños y niñas – continuó Lena-, pero debemos empezar a capacitar a todos los actores involucrados en su defensa, otorgarles un marco legal, proteger la identidad del denunciante y garantizar que sus derechos se cumplan, algo en lo que el Estado no puede seguir mirando para el costado cuando hay cualquier tipo de violencia”

Por Laura Serra

• Cámara de Diputados

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