Diputados derogó la obediencia debida

La Cámara de Diputados derogó anoche las leyes de obediencia debida y de punto final, que ahora deberá discutir el Senado.

El debate transcurrió en un clima relativamente calmo, pues el peronismo desistió de su intención de dar a conocer listas con 5000 nombres de dirigentes opositores que estuvieron vinculados con el último gobierno militar.

El bloque oficialista adoptó esa actitud tras haber recibido instrucciones del jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, quien le advirtió que un debate de esas características generaría un pésimo clima político, máxime teniendo en cuenta que para la misma hora de la sesión se realizaban marchas en rechazo del último golpe de Estado en todo el país.

Con la negativa de Alvaro Alsogaray (Ucedé-Capital) y con la única abstención del diputado bordonista Juan Carlos Olima (Capital), la Cámara baja sancionó anoche la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final, dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

El proyecto debe ser debatido ahora por el Senado, donde no hay tanto apuro por llevarlo al recinto. De todos modos, de lograrse esta sanción, el presidente Menem ya anunció que vetará la ley derogatoria.

Más allá de ello, el proyecto aprobado anoche en la Cámara baja no tiene -como no lo tiene ninguna ley derogatoria- efectos retroactivos, por lo que nada podrá hacerse respecto del reclamo de los organismos de derechos humanos para que se vuelva a juzgar a los militares que resultaron beneficiados por la aplicación de las leyes que ahora pretenden derogarse.

Sólo se opuso Alvaro Alsogaray y se abstuvo Juan Carlos Olima; hubo acusaciones cruzadas; el proyecto pasó al Senado.

(DyN).- En medio de una maratón de acusaciones mutuas y de competencia en el recuento de muertos y desaparecidos de uno y de otro signo político, la Cámara de Diputados aprobó anoche por aplastante mayoría (y giró al Senado) la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final, dictadas durante el último gobierno radical.

Votó en contra de la derogación el diputado liberal Alvaro Alsogaray y solicitó permiso para su abstención el legislador "bordonista" Juan Carlos Olima, en tanto que un grupo liderado por los aliancistas Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero abogó no sólo por la derogación de ambas leyes, sino también por su anulación.

Con la presencia de representantes de las Madres y de las Abuelas de la Plaza de Mayo en los palcos, la sesión comenzó alrededor de las 17, tras una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en la que se consensuó discutir solamente la derogación de las dos normas.

Así, pasaron a comisión otras iniciativas, entre las que se encuentra la presentación ante las comisiones de la Cámara y ante la Justicia por parte del PJ de una lista de ex colaboradores de las dictaduras, conformada por políticos, empresarios y jueces, y otra integrada por torturadores.

Los oradores del PJ, en su casi totalidad, reivindicaron para su partido "la mayoría de los asesinados y desaparecidos durante la última dictadura" y, en forma coincidente, Mario Cafiero y Carlos Soria afirmaron que "la razón del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue una cuestión de peronismo y antiperonismo".

Soria fue más allá, asegurando que "tengo la lista de los nombres de quienes colaboraron con la dictadura, y se los digo a los diputados de la bancada de enfrente (los radicales), pero no voy a darlos porque considero que su divulgación no favorece la pacificación que quiere el pueblo argentino". Entre los "pocos que resistieron" a la Junta Militar de 1976, Soria nombró al periodista Rodolfo Walsh y, entre los políticos, a Deolindo Bittel. Y entre los componentes de las Fuerzas Armadas, "a un puñado de oficiales peronistas que terminaron por irse de la institución".

Entre los diputados opositores, el radical Juan Manuel Casella fue el más aplaudido al adelantar la decisión de su bancada de derogar las dos leyes y asegurar que "los que sufrieron todo el dolor tenían también el derecho de reclamar el castigo total para los culpables".

"Hoy, los radicales estamos aquí para derogar lo que sirvió en su momento para sostener la democracia, pero es necesario recalcar que los jueces que pusieron en marcha aquellas dos leyes le dieron legitimidad a la democracia a partir de 1983. Pero también hoy todos tenemos listas porque tenemos memoria", señaló Casella en respuesta a la bancada del oficialismo que resignó la presentación de esa documentación sólo a los estrados judiciales y a la Comisión de la Verdad, por crearse por un proyecto del justicialismo.

Carlos "Chacho" Alvarez dijo, a su vez, que "el peronismo tiene razón al hablar de sus proscripciones porque en ellas comenzó la violación de la democracia en la Argentina" y fustigó a las administraciones norteamericanas "por avalar a las dictaduras sangrientas en América latina".

"También hubo entre los políticos argentinos quienes pensaban en un general salvador que reemplazara a Juan Perón -dijo Alvarez-, pero ya no estamos frente a ese peligro sino a la exclusión de miles de compatriotas que no pueden ser articulados en el mercado de trabajo".

El presidente de la bancada radical, Federico Storani, reivindicó la figura del dirigente de la UCR Ricardo Balbín inmediatamente antes del golpe del 24 de marzo de 1976 cuando dijo "hay que llegar a las elecciones aunque sea con muletas".

"En el golpe de 76 ninguna fuerza política acompañó a los militares -añadió Storani-, pero en todas hubo expresiones individuales que los acompañaron, incluso entre el peronismo que días antes estaba en el poder y, si insulté a Saúl Ubaldini por los 14 paros que nos hizo a los radicales, también estuvimos juntos para acorralar con movilizaciones a los militares de la dictadura".

Finalmente, el titular del bloque oficialista, Humberto Roggero, dijo: "Vengo con dudas al debate porque los peronistas venimos de un movimiento nacional, continuidad histórica del que lideró Hipólito Yrigoyen y porque los peronistas sabemos de las prohibiciones". Roggero dijo que "sin especulaciones partidarias, queremos compartir lo que nos queda por hacer en la Argentina sumando a los excluidos por la globalización", pero aclaró que "este camino no pasa por la política del prontuario y de la denuncia".

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