Diputados: el Gobierno defendió la ampliación de la Inocencia Fiscal y la oposición denunció que beneficia a evasores

El Gobierno defendió este miércoles en Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas económicas que el oficialismo busca aprobar el próximo 19 de agosto en el recinto. La propuesta busca ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir a esta herramienta que permite formalizar dinero que esté fuera del sistema.

En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, funcionarios del Ministerio de Economía explicaron los cambios propuestos y rechazaron que la iniciativa implique un nuevo blanqueo o una flexibilización del régimen penal tributario. La oposición, en cambio, denunció que favorecerá a evasores y funcionarios públicos.

La defensa estuvo a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central, Martín Vauthier, quienes buscaron desmontar las principales críticas opositoras. El plenario fue encabezado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), y la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA).

Al abrir el debate, Rodríguez Machado sostuvo que el objetivo es que el Estado concentre sus recursos en “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”. También rechazó que el proyecto implique impunidad: “No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”.

La reforma quedó envuelta en polémica después de que, en plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Manuel Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo José Luis Espert, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.

La primera exposición técnica estuvo a cargo de Balestrini, quien insistió en que el proyecto no amplía los beneficios ya incorporados por la ley de Inocencia Fiscal.

Según explicó, el proyecto apunta exclusivamente a ampliar el acceso al régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las Ganancias. “La principal modificación es ampliar el universo de personas humanas que pueden realizar la adhesión”, dijo.

También rechazó que existan beneficios impositivos adicionales. “No hay ninguna exención adicional, no hay ningún tratamiento distintivo”, afirmó, y aclaró que quienes adhieran “van a liquidar su impuesto a las ganancias como lo liquida aquel que está en el régimen general”.

Luego, Imirizaldu explicó los cambios técnicos del proyecto. Señaló que el régimen seguirá alcanzando únicamente a personas humanas y sucesiones indivisas, pero eliminará las actuales restricciones de ingresos, patrimonio y condición frente a ARCA para acceder al régimen simplificado. También aclaró que los grandes contribuyentes podrán presentar la declaración bajo el formato simplificado, aunque “no van a gozar de ningún beneficio que tenga la norma”.

La defensa política estuvo a cargo de Vauthier, quien vinculó la iniciativa con la estrategia oficial para impulsar la inversión. Sostuvo que la Argentina creció apenas 1,9% anual en promedio durante los últimos cuarenta años porque invirtió menos que otros países y afirmó que “para que la inversión se pueda financiar hace falta ahorro”. En ese contexto, defendió la ampliación del régimen al señalar que “el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”. Según dijo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de US$179.000 millones en billetes, un monto equivalente a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en dólares.

Las críticas llegaron desde distintos bloques opositores. El diputado Agustín Rossi (UP) sostuvo que el proyecto beneficia a “los estudios contables más grandes de la Argentina” y cuestionó que funcionarios públicos puedan acogerse al régimen. “No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, afirmó, al tiempo que calificó la iniciativa como “un escándalo”.

Desde el Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola bautizó la iniciativa como la “ley Adorni-Espert” y sostuvo que constituye “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”. “En este país todos los gobiernos han premiado a los evasores”, afirmó.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón advirtió que este tipo de mecanismos son observados especialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que “una persona políticamente expuesta que adhiera a un régimen de este tipo es de alto riesgo para operaciones de lavado de dinero del narco, de la trata, del delito complejo transnacional, de la corrupción o de activos que circulen en criptomonedas”.

“Había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”, afirmó Victoria Tolosa Paz (UP). La diputada vinculó esa decisión con el caso Adorni y cuestionó la eficacia de los organismos de control. “Si ARCA cruza permanentemente la información patrimonial, ¿por qué no detectó ese caso?”, preguntó.

Ante las críticas de la oposición por la posibilidad de que funcionarios públicos adhieran al régimen, Balestrini negó que el proyecto constituya un nuevo blanqueo. “Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, afirmó. Destacó que los funcionarios que opten por ese mecanismo seguirán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y sostuvo que “no se altera en absoluto” ese deber. También aseguró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y que “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.

Por Delfina Celichini

• Cámara de Diputados

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